Las pruebas de que los hospitales de Madrid no aceptaron a personas enfermas que vivían en residencias durante el momento crítico de la pandemia son ya abrumadoras. Un acta de la Policía Municipal de Madrid a la que ha tenido acceso infoLibre desvela ahora un nuevo ángulo de esta tragedia. Una residencia de DomusVi, el principal grupo en España con 138 centros, informó a familiares de residentes de la imposibilidad de realizar traslados al hospital y les solicitó una autorización escrita aceptando que muriesen en la residencia. Así lo hizo constar la directora en el acta de inspección levantada por los agentes de la Policía Municipal de Madrid.
infoLibre se puso en contacto con DomusVi para saber si, más allá de buscar protección ante posibles demandas judiciales futuras, tenía algún objeto esa solicitud de autorización escrita a los familiares. Una portavoz del grupo se negó a responder a esa y a otras preguntas que le planteó este periódico.
La inspección de la Policía Municipal se realizó el 23 de abril. En ese momento habían fallecido en DomusVi Mirasierra 69 personas, 60 de ellas en la residencia. En el acta policial, en el capítulo de “Observaciones”, se indica lo siguiente: “De los 69 fallecidos, 9 fallecieron en el hospital, y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (Hospital de La Paz)”.
Los agentes policiales añaden a continuación que María, la directora del geriátrico, “manifiesta que los familiares de 6 residentes, previa comunicación de su gravísimo estado de salud, comunican la no derivación hospitalaria y que su familiar fallezca en residencia (autorizándolo por escrito a la dirección del centro)”.
infoLibre preguntó qué había pasado con los familiares de los otros 54 fallecidos en las instalaciones de DomusVi Mirasierra, de los que no consta que concedieran esa autorización por escrito. La portavoz de la multinacional se negó a responder. [Una vez publicada esta información, dicha portavoz aseguró que habían intentado "reiteradamente" trasladarlos al hospital pero que no se lo permitieron, tal y como consta en la actualización de la noticia añadida al final de este texto]
Cuando se trata de enfermos que están al final de su vida, también en épocas normales y no sólo de pandemia, ciertas residencias preguntan a los familiares si quieren que fallezcan en el centro o si prefieren que los trasladen al hospital. Son “criterios de humanización”, que buscan dejar a la familia esa última decisión. Eso pudo ocurrir también en algún caso puntual en DomusVi Mirasierra, pero las cifras hablan de una situación general muy diferente: cuando empezó la pandemia el centro tenía 200 residentes y en poco más de un mes fallecieron 69, es decir, el 34,5%. La inmensa mayoría de esas 69 personas no eran, lógicamente, enfermos terminales a principios de marzo.
“Periodo máximo de cadáver en centro 72 horas”
En el acta de la Policía Municipal hay otro dato estremecedor. “Nos comunica la directora que tuvo acumulación de fallecidos en el centro (periodo máximo de cadáver en centro 72 horas)”, escriben los agentes en el acta.
En marzo se generó una polémica pública cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) habían encontrado cadáveres en las residencias. La realidad es que en el peor momento de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril, los servicios funerarios en la Comunidad de Madrid también quedaron desbordados. Y fueron incapaces de recoger todos los fallecidos que se acumulaban en las residencias.
El pasado viernes, la Cadena Ser informó de que en el geriátrico madrileño Santa Teresa y San José el cadáver de un residente había permanecido 36 horas sin ser retirado por la funeraria. La declaración de la directora de DomusVi Mirasierra, tal y como se recoge en el acta de la Policía Municipal que hoy desvela infoLibre, habla de una situación aún más dramática: “acumulación de fallecidos”, que en algún caso permaneció “72 horas en el centro”.
Los agentes policiales especifican que la UME fue al centro “a desinfectar el día 22 de marzo y a marcar pautas de sectorización el 30 de marzo”. Esta última fecha también llama la atención. La orden del Gobierno central de clasificar las residencias en cuatro grupos –residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con casos posibles de covid-19, residentes sin síntomas en aislamiento preventivo por contacto con caso posible de coronavirus, residentes con síntomas compatibles con el covid-19 y casos confirmados– se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 21 de marzo. En dicha orden se indicaba que “esta clasificación debe realizarse en cada centro con carácter urgente, y a más tardar en el plazo de un día desde que se publique esta orden”. Por tanto, cuando la UME va a “marcar pautas de sectorización”, se supone que la residencia ya debería llevar más de una semana dividida en sectores.
Un día antes de la inspección, el 22 de abril, el Hospital de La Paz comunicó que se realizarían pruebas PCR a todos los residentes, aunque los agentes policiales indican en el acta que la fecha está “por determinar”. Recordemos que, para entonces, había fallecido uno de cada tres residentes.
Durante la inspección de las instalaciones de DomusVi Mirasierra, los agentes detectaron otro incumplimiento de las medidas de seguridad. Lo relatan así: “Las actuantes observan cómo en 3ª planta se cumple el protocolo de aislamiento (zona verde, de tránsito y roja) si bien aprecian algún trabajador, el cual accede a dicha planta sin el equipo necesario e interactuando con el resto de plantas con el consiguiente riesgo de contagio. Se recomienda al trabajador las medidas a adoptar, así como a la directora del centro la incidencia observada, comprometiéndose la misma a incidir en la adopción de medidas de seguridad en dicha planta”.
Por último, la Policía Municipal refleja en el acta que la directora “se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico”. Y que “manifiesta el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas”.
Actas y protocolos
infoLibre desveló el miércoles 10 de junio las dos primeras actas de la Policía Municipal, realizadas tras inspeccionar los geriátricos de Amavir en el barrio de Usera y de Geriasa en la calle Doctor Esquerdo de la capital, en las que sus responsables denuncian que no han podido trasladar a pacientes enfermos a los hospitales. “Preguntada al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital”, explicó a los policías la directora de Geriasa.
Tres días después, este periódico publicó una tercera acta policial sobre lo ocurrido en una pequeña residencia de Madrid, llamada Virgen de la Paloma. “Los [agentes] actuantes observan cómo la directora necesita apoyo psicológico por esta situación creada por el covid-19 (se derrumba al narrar el fallecimiento de uno de sus residentes por infarto de miocardio certificado)”. Sagrario, la directora del geriátrico, relató a infoLibre por qué se había derrumbado al no poder salvar la vida de Toribio, uno de los “abuelos” de la residencia. [Puedes leer aquí el testimonio de Sagrario]
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo en el que se establecían una serie de criterios para decidir cuándo una persona enferma de una residencia podía ser trasladada a un hospital para recibir asistencia y cuándo quedaba condenado a permanecer en el geriátrico. Entre esos criterios figuraban algunos que impedían derivar al residente si tenía un determinado nivel de dependencia o una demencia senil avanzada, circunstancias que nada tienen que ver con las expectativas de vida de una persona. Dos días después, se aprobó una segunda versión del Protocolo donde se fijaban con total crudeza los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. Una última versión, del 25 de marzo, suavizaba algunos criterios pero mantenía en la práctica la exclusión de los pacientes con mayor nivel de dependencia (“fragilidad igual o mayor de 7” en una escala del 1 al 9) o con el grado máximo de demencia senil (GDS 7).
Este lunes, Más Madrid anunció que preguntará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de la capital –el próximo 25 de junio– si el gobierno de José Luis Martínez-Almeida actuó en las residencias tras tener constancia de su situación crítica por las actas de la Policía Municipal. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, exigió a Almeida que "deje de encubrir a Ayuso" en el escándalo de las residencias y que se comporte como "el alcalde de todos los madrileños".
DomusVi, el grupo al que pertenece el geriátrico de Mirasierra, es el líder del sector en España al gestionar 138 centros. Hace más de dos meses, cuando infoLibre inició la investigación sobre el sector de las residencias, dedicó su primer reportaje a dicho grupo: El 'mapa de la muerte' de la multinacional DomusVi: más de 150 mayores fallecidos en ocho de sus residencias. En aquel momento, 8 de abril, existía una enorme opacidad sobre las cifras de fallecimientos y este periódico sólo pudo confirmar las muertes en esos ocho centros de DomusVi. Esas cifras se multiplicaron durante las siguientes semanas.
DomusVi, como la mayoría de las grandes empresas del sector, se nutre en buena parte de fondos públicos. En otra información de este periódico, se explicó que recibe dinero de 82 Administraciones públicas, entre gobiernos autonómicos, diputaciones forales y ayuntamientos.
El accionista principal de DomusVi es un fondo de inversión británico, denominado Intermediate Capital Group (ICG). Dicho fondo adquirió en 2017 la mayoría del capital de la sociedad francesa DomusVi SAS, que a su vez es dueña de las filiales que operan en España.
Actualización: DomusVi da su versión tras publicarse la noticia
Ocho horas después de publicarse esta información en infoLibre, y de que se hicieran eco de la misma en diversas televisiones y radios, la portavoz de DomusVi se puso en contacto con este periódico para ofrecer su versión sobre lo ocurrido en el centro de Mirasierra. Algo que se había negado a hacer antes de la publicación de la noticia.
"Cuando la salud de un anciano en una residencia se deteriora de tal manera que su final es irreversible, la dirección del centro siempre ha comunicado a las familias la situación y ha pedido su autorización para que el anciano fallezca en las mejores condiciones posibles en la residencia. De manera que sea la familia quien tenga la última palabra. Es un procedimiento habitual y anterior a la aparición del coronavirus y la crisis sanitaria. Nada tiene que ver con ella. Éste fue el caso de los seis residentes, gravemente enfermos, a los que se pidió autorización familiar ante la eminencia de su fallecimiento", indicó la empresa.
Una residencia comunicó que las "autoridades sanitarias" prohibían el traslado a hospitales ya antes del Protocolo del Gobierno Ayuso
Ver más
En el caso de los otros 54 fallecidos, "se llamó reiteradamente a los servicios sanitarios para atenderles hospitalariamente y ante la situación de emergencia sanitaria que vivía la Comunidad de Madrid y la saturación de las UCIs hospitalarias no fue posible el traslado". Esta declaración por parte de DomusVi es una evidencia más de lo que el Gobierno de Madrid lleva semanas negando: que se impidió el traslado de residentes enfermos a los hospitales.
"DomusVi lamenta profundamente el fallecimiento de estos residentes y quiere señalar que en muchos momentos de la crisis sintió impotencia ante las dificultades para trasladar a sus mayores a los hospitales correspondientes", concluye la versión de la empresa.
La multinacional sigue sin responder a todas las demás cuestiones planteadas por infoLibre sobre lo ocurrido en otros geriátricos y en otras comunidades autónomas.