“Es una pregunta que me hago cada día”. Esta confesión sale de una persona del círculo del presidente del Gobierno. Y que comparten muchos cargos dentro del Ejecutivo y del PSOE cuando se les pregunta cómo debe actuar el Ejecutivo ante las palabras y provocaciones de Vox. Pero todos tienen clara una cosa: lo que ha pasado en Castilla y León no es un mero chascarrillo, sino un hecho muy grave que hay que frenar con todo el peso del Estado.
El protocolo lanzado por Vox en Castilla y León para recortar el derecho al aborto mediante ecografías 4D y el latido fetal ha supuesto una línea roja para el Gobierno de coalición. No es un tuit agresivo o una declaración para desestabilizar el Gobierno, es ya un hecho desde una institución que va contra la ley. Por eso, desde el primer momento en La Moncloa se decidió que debía reaccionar y frenar en los tribunales esas intenciones.
Ahora el PP se desmarca y desautoriza al vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, pero hubo silencio durante días. Además de que se comunicó a la prensa y se emitió una nota. Esto ratifica a los miembros del Gobierno central que ese protocolo se hubiera aplicado desde el pasado lunes si no hubieran reaccionado el Ejecutivo y colectivos sociales y médicos, además de saltar el asunto a las portadas nacionales y los programas de televisión de máxima audiencia.
Hasta ahora Vox no tenía poder, por lo que su acción se trataba principalmente de declaraciones y de incendiar el clima social. Pero ya están en las instituciones desde la coalición de gobierno con el PP en Castilla y León. Y eso plantea tener que enfrentarse a la ultraderecha de otra manera. En lo que coinciden fuentes del Gobierno y del PSOE es en que no existe una fórmula mágica, como también se ve en los otros países en los que este fenómeno coge cada vez más fuerza.
Cada paso depende de “cada momento”, reconoce otra fuente del Gobierno. Es decir, que hay que ver cada hecho, ser firmes ante cualquier intento de regresión y no caer en todas las provocaciones verbales. Pero lo que no se puede, comentan también dirigentes del PSOE, es ignorar que es el tercer partido, que ya está tocando poder y que el PP lo está normalizando para poder pactar a gran escala después del 28-M y en las generales.
Por eso, indican fuentes del Gobierno, hay que poner en estos momentos mucho el foco precisamente en el Partido Popular, que es el que ha introducido a la ultraderecha en el Gobierno de Castilla y León. “Ellos los han metido en las instituciones”, señalan en La Moncloa, que defiende a capa y espada, frente a las críticas de sobreactuación, que es “muy grave” lo que está pasando y que, por eso, se ha iniciado el camino con ese requerimiento que puede acabar en el Tribunal Constitucional.
En el Gobierno entienden que hay que centrarse mucho en el Partido Popular y “retar” a Alfonso Fernández Mañueco y Alberto Núñez Feijóo que no pacten con la ultraderecha, algo que choca con la mayoría de países europeos. Esta queja la llevó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de Davos, donde alertó de esos acuerdos de partidos conservadores tradicionales con los ultra. Y, de hecho, de cara a las próximas elecciones generales ese será el principal eje para los socialistas: los ciudadanos tienen que elegir entre PP-Vox o un espacio de progreso.
En Andalucía esa estrategia del miedo a Vox no funcionó y supuso un efecto contrario: muchos votantes se fueron a Juanma Moreno (PP) para evitar que triunfara Macarena Olona con un voto útil. No obstante, cargos socialistas señalan que no se puede extrapolar esta elección autonómica al resto de España, pues hay factores muy distintos como la propia figura moderada del presidente regional o la mala salud de un PSOE-A en decadencia.
Pero ese miedo ya no es tanto miedo como en 2019, cuando sí funcionó mucho esa presión durante las primeras elecciones que ganó Pedro Sánchez tras la moción de censura. Miembros del Gobierno llevan tiempo defendiendo que para evitar que crezca la ultraderecha hay que hacer políticas muy ligadas a la calle, a los trabajadores, medidas útiles que se noten en el día a día. Esta es una de las tesis que con más ahínco defiende en conversaciones con sus compañeros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Y no creen en el Gobierno que sea bueno ignorar a Vox y lo que supone. Hay que hablar de lo que representan y lo que hacen ya, además de esos posibles gobiernos con el Partido Popular. Como dice una ministra: “Vox no puede ser el elefante del que nadie quiere hablar. El PP repite lo de la lista más votada, pero tiene el elefante. Si quiere gobernar, sí o sí, tiene que llevarlo agarrado del brazo, no vale ponerle ahora una sábana encima. Los necesitan porque no tienen habilidades para llegar a acuerdos con otros partidos”.
Fuentes de Ferraz hacen esta reflexión ante la pregunta de cómo puede el Gobierno gestionar lo que está pasando con la ultraderecha: “El mantra de que el miedo a Vox no funciona es algo que está ya en el imaginario, y no se corresponde con la realidad. Aquí estamos hablando de hechos. De un ataque a los derechos de la mitad de la población. No cabe la estrategia ni la táctica política”.
Por lo que proclaman desde la dirección del partido: “Nos tendrán enfrente. El PSOE y el Gobierno no hacen cálculos electorales con los derechos de las mujeres. Los defendemos. Nos meteremos una y otra vez cuando se produzcan estas acciones, que solo acaban de empezar a no ser que el PP decida no meter en las instituciones a la ultraderecha. Nadie agitaba el miedo a Vox. Era real. Lo estamos viendo. Avisar del peligro que supone la ultraderecha en los gobiernos no es una frase hecha: son hechos”.
Para sostener a continuación: “Están atacando, hoy en Castilla y León, los derechos de la mitad de la población. Así que ningún cálculo ni tibieza en la defensa de derechos. En la defensa de lo que tanto trabajo costó lograr. El PP no tiene problema con eso. No luchó por ninguno de los derechos que hoy peligran por su coalición con VOX”. Y su análisis incluye: “En Andalucía el miedo a Vox no benefició al PP. Si algo hizo, fue concentrar el voto en el partido que ya gobernaba. ¿La mejor garantía de que Vox no esté en un gobierno? Votar al PSOE. Ahí sí que no habrá ninguna oportunidad para la ultraderecha”.
Sobre la estrategia del miedo a Vox, otra fuente del Gobierno da esta opinión: “Depende de cada momento y de cada elección”. Y reflexiona que a lo mejor la estrategia que siguió Juan Espadas no fue la correcta y que en futuras contiendas habría que ir más por la vía de que el PSOE defenderá cualquier opción para evitar que entre Vox, lo que se conoce como el cordón sanitario. Entonces, desgrana, los ciudadanos votarán a los socialista sabiendo que impedirán a la ultraderecha y no se tendrán que ir al PP para evitar a la ultraderecha dándoles la absoluta.
Por el momento, Vox sólo pisa moqueta en Castilla y León. Pero podría entrar en más instituciones a partir del 28-M con pactos con el PP. Pero, ¿dónde están más fuertes y débiles de cara a ese proceso electoral? Según la macroencuesta del CIS del pasado mes de diciembre, sus mayores porcentajes de voto estarían en Castilla-La Mancha (9,1%), Cantabria (7,3%) y Murcia (7,1%). En cambio, cosechan la peor intención de voto en Navarra (2%), Baleares (2,8%) y Canarias (2,9%).
Detrás de esos porcentajes, hay votos y personas. A través del último barómetro del CIS se puede hacer un retrato del apoyo potencial a la ultraderecha. Principalmente son hombres (la intención de voto es el doble que entre las mujeres). Tiene principal tirón entre los menores de 24 años, mientras que es casi residual entre los mayores de 75 años (sólo un 1,9% de esta franja metería la papeleta de Santiago Abascal). Además la ultraderecha tiene principal asiento en las ciudades medias (aquellas con entre 50.000 y 100.000 habitantes).
En el ‘ala morada’ del Gobierno, sostienen que “los discursos y amenazas de la ultraderecha se combaten ampliando derechos y reduciendo desigualdades, avanzando hacia una sociedad más justa. La ultraderecha aprovecha las desigualdades como caldo de cultivo para su odio, y lo que hay que hacer frente a ellos es ser ambiciosos en los avances”.
Y ponen como ejemplo la futura ley del aborto, cuya aprobación final está prevista en el Senado para este mes de febrero: “No solo porque impide que la amenaza de Vox se cumpla, sino porque la nueva norma acaba con los obstáculos para acceder al derecho al aborto y supone un gran avance en términos de salud sexual, salud menstrual, salud reproductiva”.
“Sus discursos profundizan el cuestionamiento, culpabilización y estigma hacia las mujeres que deciden libremente sobre sus vidas y sus cuerpos. Lo mismo ocurre con otras leyes impulsadas por Podemos como la Ley de Familias, que reconoce los distintos tipos de familias existentes en nuestro país, o la ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que amplía el plazo de la prescripción de los abusos a partir de que la víctima cumpla 35 años y no 18 o que elimina el falso síndrome de alienación parental. Ante sus amenazas, impulsamos más derechos para todos y todas”, indican en la parte morada de la coalición.
Los riesgos de alentar el miedo a Vox
La politóloga Cristina Monge encara así el tema sobre cómo debe gestionar la situación el Ejecutivo progresista: “Hay cosas que no se deben dejar pasar, como esto del aborto. ¿Hasta dónde? ¿Qué temas? Eso lo tiene que decidir el Ejecutivo. Pero efectivamente hacen bien en no dejar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo”. Insiste en que, desde el punto de vista social, la ultraderecha en las instituciones cuestiona consensos básicos en los que se basa la convivencia. Por ejemplo, el aborto es un tema transversal en España, comenta. El Gobierno de coalición, añade, tiene que salir a defender todo lo que sean cuestionamientos de derechos.
“Otra cosa es sobreactuar demasiado. Se te puede volver en contra. Como pasó en Andalucía: si Vox es semejante desastre, pues voto al PP porque es útil”, explica, para poner el foco punto seguido: “Si Vox hace lo que hace es porque está en las instituciones y eso es porque gobierna con el Partido Popular”.
“Quien calla, otorga. Es decir, los responsables de que estén en las instituciones no son los ciudadanos que no los han votado de manera mayoritaria, sino quienes se apoyan en ellos para tener mayoría para gobernar. Una buena estrategia del Gobierno no es solo subrayar lo que tiene Vox de antidemocrático, que hay que hacerlo, y no hacer de ese el primer elemento de confrontación, sino pedirle cuentas al PP. Sabemos lo que son y lo que quieren, pero ustedes que son un partido de orden, ¿están dispuestos a dar entrada a estos planteamientos?”.
Monge apostilla que, estando ya en un ciclo electoral, el PP está intentando buscar votos en el centro y esto es algo “radicalmente incompatible con reírle las gracias a Vox”. También precisa que el tema del aborto ha saltado, pero hay otros que no son tan llamativos que están pasando desapercibidos como la disminución o desaparición de las partidas de cooperación al desarrollo en ayuntamientos gobernados por el PP y Vox.
Sobre la estrategia de ignorar a Vox, la politóloga dice que eso se podría plantear hace cinco años “cuando eran poquita cosa, pero ahora estamos hablando de la tercera fuerza política del país”. “¿Cómo no vas a hacerles caso?”, lanza, para reiterar: “Ahora no puedes obviarlos, es imposible”. Y reconoce que “no hay fórmula mágica” sobre cómo frenarlos: “Las políticas de cordón sanitario generalmente no funcionan, aunque hay algunos casos. Y las políticas que dicen que gobiernen y luego perderán fuerza, funcionan en algunos sitios y en otros no. Depende mucho del contexto, de cómo actúen el resto de actores, de la situación económica. Hay que ir valorando las fórmulas una por una”.
Todo depende de cada momento y lugar. Monge manifiesta que la ultraderecha no ha penetrado en el mismo electorado en cada país: “En Francia, mucho en entornos de rentas menores. Y en España todavía no. Tampoco entre las mujeres, cosa que sí pasa en Francia e Italia. Hay que ir viendo en cada caso y reaccionando”. “Aquí lo que tiene que hacer el Gobierno es definir el mínimo por el cual no está dispuesto a pasar. Y pedir responsabilidades a los que les meten en las instituciones: el PP. De eso haría el primer elemento. Confronta con Feijóo y no con Abascal”, concluye.
Igea: "La Junta de Castilla y León se ha convertido en un circo"
Félix Arrieta, politólogo y profesor de la Universidad de Deusto, también se sumerge en esta cuestión a raíz del “esperpéntico” caso de Castilla y León. ¿Cómo debe gestionar el Gobierno lo que hace Vox? Responde: “Distinguiría dos cosas: el plano institucional y el de partido. En el primero, una vez que un Gobierno toma una resolución que atenta contra los derechos fundamentales, el Ejecutivo central no puede no intervenir, no puede mirar hacia otro lado”.
Agrega el profesor: “Otra cosa son las repercusiones que hay a nivel de partido. Con Vox y con la ultraderecha, se está jugando mucho a darles voz porque interesa políticamente. Las últimas campañas de la izquierda se han basado en el miedo a Vox. Y eso alimenta a Vox, es peligroso porque puede engordar el fenómeno. No sé hasta qué punto le interesa al sistema democrático esa estrategia. La izquierda haría mejor en intentar llegar a acuerdos con el PP para aislar a Vox y al revés. Eso lo vimos en Alemania desde el inicio. Hay demasiado miedo escénico en todos los partidos para hacerlo. Entre unos y otros siguen alimentando el bicho”.
Sobre el caso de Andalucía que llevó al PP, frente al miedo a Vox, a lograr la mayoría absoluta, Arrieta indica que se trata de “un caso muy específico” con unas “características propias”, con el PP en ascenso, el PSOE con problemas estructurales y una izquierda muy fragmentada. “Sería un análisis muy simple decir que eso pasó porque se le dio mucha importancia a Vox”, remacha.
“Es una pregunta que me hago cada día”. Esta confesión sale de una persona del círculo del presidente del Gobierno. Y que comparten muchos cargos dentro del Ejecutivo y del PSOE cuando se les pregunta cómo debe actuar el Ejecutivo ante las palabras y provocaciones de Vox. Pero todos tienen clara una cosa: lo que ha pasado en Castilla y León no es un mero chascarrillo, sino un hecho muy grave que hay que frenar con todo el peso del Estado.