“Este Gobierno tiene un proyecto muy claro de país y la derecha no podrá evitar que lo llevemos a cabo”, advirtió este martes la portavoz del Ejecutivo, la ministra María Jesús Montero, al término del primero Consejo de Ministros celebrados después de que el líder del PP, Pablo Casado, dejase claro que su partido bloqueará la renovación de órganos del Estado para los que su concurso es imprescindible a menos que Pedro Sánchez renuncie a su política económica y al diálogo para resolver el conflicto en Cataluña.
El “veto” del PP a la renovación de estos órganos —el Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo y del Consejo de Administración de RTVE— supone “deteriorar” su funcionamiento. “El PP es un partido serio y se espera de él que no utilice como rehenes a las instituciones del Estado”, lamentó. “Estoy convencida”, añadió la ministra, que muchos “militantes y dirigentes” de la formación conservadora, entre los que citó expresamente a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y candidato en las elecciones del 5 de abril, entienden que se deben renovar estos órganos. “Se entiende mal que no cumplan la ley y la Constitución”, remarcó. Como también que acusen de politización al CGPJ para justificarse. “Son razones inaceptables” para “seguir ejerciendo el bloqueo”.
El Consejo recuperó los dos nuevos impuestos que ya había impulsado en 2018 pero que no llegaron a tramitarse por la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones. El digital y el que gravará las transacciones financieras , con los que espera recaudar de 1.818 millones de euros, algo menos de los 2.050 millones previstos el año pasado como consecuencia de la ralentización económica.
Con estas medidas, explicó la ministra de Hacienda, “España moderniza su sistema fiscal haciéndolo más justo, más progresivo y redistributivo” y adaptándolo “a las nuevas realidades” y los nuevos negocios derivados del mundo digital.
Montero ha detallado que la recaudación prevista para el impuesto sobre las transacciones financieras se mantiene en 850 millones de euros, si bien los ingresos que se calculan con el nuevo tributo digital se han reducido a 968 millones, unos 232 millones de euros menos.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas que creen valor con los usuarios de publicidad online, intermediación en línea o con la venta de datos y consigan ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. “En ningún caso" habrá discriminación en función de nacionalidad o del tipo de empresa, garantiza que las pymes no paguen el impuesto y protege al sector de las startups. El gravamen será del 3% y el Gobierno confía en recaudar anualmente unos 968 millones de euros, si bien de manera excepcional en 2020 no se liquidarán los pagos hasta fin de año para dar margen para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.
El impuesto que aprobará el Gobierno, ha recordado Montero, es muy similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penalizaba principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook.
Junto con este impuesto, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley que crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Empresas cotizadas
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito del nuevo impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura.
Tal y como estaba previsto, el Consejo aprobó también un Real Decreto-ley de derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas.
Este artículo, que forma parte de la reforma laboral de 2012, establece que un contrato de trabajo puede extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.
La supresión del 52.d se produce después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia conocida a finales de octubre, avalara la extinción del contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas aunque intermitentes.
A partir de la publicación del Real Decreto, lo que ocurrirá previsiblemente este miércoles, el despido por acumulación de bajas médicas justificadas dejará de ser una causa objetiva para el despido de un trabajador.
Sánchez advierte a Casado de que “se le van a hacer muy largos cuatro años entre la bronca y el bloqueo”
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez escuchan a Felipe de Borbón durante el Consejo de Ministros deliberativo celebrado en la Zsrzuela.
Previamente el Consejo de Ministros se reunió bajo la presidencia de Felipe de Borbón, con carácter deliberativo, en el palacio de la Zarzuela. En esa cita el jefe del Estado tuvo ocasión de dirigirse a los miembros del Gobierno, así como de ser informado de sus principales líneas de actuación.
Es la primera ocasión en que el Rey preside el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y la segunda desde su proclamación como jefe del Estado en 2014. La anterior fue apenas un mes después de la proclamación, concretamente el 18 de julio de 2014, con Mariano Rajoy como presidente.
“Este Gobierno tiene un proyecto muy claro de país y la derecha no podrá evitar que lo llevemos a cabo”, advirtió este martes la portavoz del Ejecutivo, la ministra María Jesús Montero, al término del primero Consejo de Ministros celebrados después de que el líder del PP, Pablo Casado, dejase claro que su partido bloqueará la renovación de órganos del Estado para los que su concurso es imprescindible a menos que Pedro Sánchez renuncie a su política económica y al diálogo para resolver el conflicto en Cataluña.