Médicos, enfermeros, sindicatos y expertos del sector llevan desde el lunes, cuando se conoció que el primer contagio de ébola fuera de África se había producido en España, preguntándose qué pudo fallar en el proceso para que esta auxiliar de enfermería que trató a los dos sacerdotes infectados que viajaron a España contrajese el virus. Mientras transcurre la investigación oficial del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los sectores citados ponen el foco en un conjunto de factores que, a su juicio, hay que tener en cuenta para analizar esta crisis en el contexto adecuado y depurar responsabilidades.
Uno de los episodios que más mencionan las fuentes consultadas y que, según sostienen, sería clave para la gestión de una situación tan delicada como la actual data del año 2008. En abril, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobaba una serie de decretos (22/2008, 23/2008, 24/2008) mediante los que se cambiaba el organigrama de este departamento y acababa con la Dirección General de Salud Pública y con el Instituto de Salud Pública. Por estas fechas, la presidencia de la Comunidad de Madrid era Esperanza Aguirre, hoy líder del PP de Madrid. El consejero del ramo era Juan José Güemes, hoy fuera de la política. Entre otros asuntos, estos departamentos tenían bajo su competencia actividades de vigilancia epidemiológica. "Aspectos todos ellos fundamentales para garantizar una protección integral al estado de salud de la población", recogía por entonces la página web del Gobierno regional en el apartado dedicado a "salud pública".
La medida, justificada en base a razones organizativas desde la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, fue recibida con malestar y preocupación en el seno de los trabajadores de la salud. Estos días vuelven a insistir en el error que supusieron estas supresiones. Los argumentos de hace seis años siguen valiendo para hoy según las fuentes consultadas. "Consideramos estos decretos un grave error por las negativas consecuencias que tendrán para la salud de la población de la Comunidad", denunciaron los trabajadores de salud pública de la Comunidad de Madrid en un comunicado. Al mismo tiempo, alertaban de que suponía "un paso atrás en la importante experiencia organizativa y profesional acumulada en las últimas tres décadas". Y mantenían que "el objetivo fundamental de la salud pública es el de proteger la salud de la población en su conjunto, anticipándose a la aparición de la enfermedad".
"Amenazas tan graves para la salud de la población madrileña como la crisis de las vacas locas, las dioxinas de la carne de los pollos belgas, la legionella o la epidemia de la meningitis, se resolvieron eficazmente gracias a una intervención coordinada y eficaz de la Dirección General de Salud Pública, organismo que tenía todas las competencias de salud pública integradas y centralizadas. Estos problemas de salud seguirían siendo una amenaza y crearían alarma social de no haberse resuelto en su momento de forma oportuna", alertaban los trabajadores sanitarios en el citado comunicado, fechado el 10 de abril de 2008.
La consejería: "No afecta"
Fuentes de la Consejería de Sanidad, ahora en manos de Javier Fernández, insisten en que se trató de una mera reestructuración organizativa y que esto no significa que la Comunidad haya dejado desatendida este área desde 2008. En este sentido precisan que es la Dirección General de Atención Primaria la que asumió principalmente las competencias de la dirección general suprimida en abril de 2008. Una parte menor depende de Ordenación e Inspección.
Efectivamente, así figura en el decreto 28/2008 en el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud en el que se enumeran las funciones en materia de salud pública que corresponden a Atención Primaria. Esto viene reforzado por el hecho de que fuese Antonio Alemany, director de Atención Primaria madrileño, la persona que compareció el lunes en la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Sanidad para informar del contagio de la auxiliar de enfermería española.
Respecto al Instituto de Salud Pública, mantienen que, tan y como figura en el decreto 22/2008, se extinguió. Y que sus funciones pasaron a integrarse en la Consejería de Sanidad. "La Consejería de Sanidad, sus organismos, entidades o entes dependientes, se subrogarán en los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales del personal del Instituto de Salud Pública en las condiciones que este ostente a la entrada en vigor del presente decreto", figura en la disposición adicional tercera.
No obstante, fuentes sanitarias sostienen que la supresión de esta dirección general y del citado instituto impiden que haya un perfil "de peso" al frente de salud pública, lo que lastra la toma de decisiones. "Ante asuntos de tal envergadura como epidemias es clave la existencia de un organismo público que unifique y asuma las competencias en salud pública", añaden.
Argumentos similares emplea Marciano Sánchez Bayle, secretario de organización de la junta directiva de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En declaraciones a infoLibre, sostiene que esta decisión de Aguirre fue "un error". "Se hizo para ahorrar y dejó a la población de la Comunidad de Madrid desprotegida ante una situación de este tipo", subraya respecto a la supresión de ambos organismos.
¿Van a faltar recursos?
Los partidos políticos de la oposición en la Comunidad de Madrid fueron muy críticos con la iniciativa. Y por entonces, al igual que los trabajadores del sector, hicieron hincapié en que la región caminaba en sentido opuesto al resto de comunidades que sí disponían de esta dirección general y que, en el caso de haberla suprimido, la habían recuperado. "Si cada vez faltan más recursos y profesionales en atención primaria, que es el área del que va a depender promoción y prevención de la salud ¿van a faltar también recursos y profesionales para prevención y promoción de la salud?", se preguntaban PSOE e IU en una moción conjunta presentada en el Ayuntamiento de Madrid en el pleno del 13 de mayo de 2008.
En los últimos años, los partidos y asociaciones profesionales y de defensa de la sanidad pública han seguido reclamando que se recupere la estructura original de la consejería con la Dirección General de Salud Pública. "Se trata de un recurso absolutamente necesario para mantener la salud y para homogeneizar todas las acciones del Sistema Regional de Salud", insistía Caridad García(Izquierda Unida) en mayo de 2010. Esta dirigente política criticaba que desde el Gobierno de Aguirre se hubiese apuntado también a criterios económicos para la supresión de este organismo cuando se mantenían otros menos relevantes.
Reparto de responsabilidades
Según las fuentes consultadas no sólo la Comunidad de Madrid tiene que rendir cuentas sobre cuáles han sido sus actuaciones en este episodio y cómo ha coordinado el trabajo con los diferentes actores implicados. Sánchez Bayle apunta al Gobierno de Mariano Rajoy como vértice de esta pirámide de responsabilidades en cadena.
En este sentido, mantiene que, a tenor de cómo se han desencadenado los hechos fue "un error" el traslado de los sacerdotes españoles al Hospital Carlos III de Madrid. "Los dos murieron. No se consiguió salvar ninguna de las dos vidas. ¿Era el Gobierno –el proceso fue liderado por el Ministerio de Exteriores en colaboración con el de Sanidad– consciente de que no había ninguna posibilidad de curación?", se pregunta este médico que destaca que este proceso derivó en el traslado del virus a España, un país en el que no había un solo caso.
Ligado a esto, subraya que el tratamiento que se les iba a proporcionar no tenía garantías de eficacia y que debería haberse estudiado con más detenimiento el procedimiento de seguridad para evitar el contagio. Y se pregunta si los fondos invertidos para los traslados no hubiesen encontrado mejor destino en los focos de la enfermedad, "para mejorar la atención sanitaria". "Es en el foco donde hay que actuar", asegura.
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Fuentes médicas achacan al departamento de Ana Mato la "descoordinación y la sensación de caos" que se vivió en las horas posteriores al anuncio del primer contagio de ébola fuera de África. Y apuntan a una batalla entre Sanidad y la Comunidad de Madrid a la hora de "asumir responsabilidades".
También ponen en el punto de mira la actuación de los gerentes de los hospitales, tanto del Carlos III, como del de Alcorcón. Sobre el primero, se preguntan por qué no se fue más escrupuloso a la hora de observar los protocolos de seguridad laboral a fin de evitar los contagios. Y recuerdan, llegados a este punto, que en este episodio habría sido necesaria la actuación de la dirección general suprimida pata hacer un "seguimiento" de todo el proceso. Desde la llegada de los sacerdotes hasta el control de los trabajadores que estuvieron en contacto con ellos.
Respecto al hospital de Alcorcón, las fuentes médicas consultadas se extrañan de que no se activara ningún protocolo especial cuando llegó una paciente con síntomas de ébola y que, además, había estado en contacto con enfermos de este virus. Lo mismo mantienen del traslado en ambulancia. "¿Por qué se trasladó como un enfermo convencional?"
Médicos, enfermeros, sindicatos y expertos del sector llevan desde el lunes, cuando se conoció que el primer contagio de ébola fuera de África se había producido en España, preguntándose qué pudo fallar en el proceso para que esta auxiliar de enfermería que trató a los dos sacerdotes infectados que viajaron a España contrajese el virus. Mientras transcurre la investigación oficial del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los sectores citados ponen el foco en un conjunto de factores que, a su juicio, hay que tener en cuenta para analizar esta crisis en el contexto adecuado y depurar responsabilidades.