El Consejo de Ministros ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la conocida como ley de concordia aprobada por el gobierno autonómico de Aragón de PP y Vox, según ha indicado el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, que también ha asegurado que más adelante recurrirán las normas de Comunidad Valenciana y Castilla y León si no se aplican cambios, según informa Europa Press.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo celebrado esta misma mañana en La Moncloa y ha explicado que toman esta decisión cuando se cumplen tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, periodo establecido para llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Central que finalmente no se ha producido.
Torres ha señalado que intentaron abrir un dialogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo pero la administración regional rechazó sentarse a la mesa a negociar "algo inusual", según ha remarcado.
Señala además que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y dice que el informe de este órgano concluye que se incumple el deber de colaboración con el Estado. Reprocha que esta norma retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
Torres también recrimina al gobierno aragonés que con su negativa a negociar rechace el informe de los relatores de Naciones Unidas "el derecho internacional y la preservación de los derechos humanos", sostiene.
Además considera que estas normas que PP y Vox llaman "de concordia" que también se están desarrollando en otras comunidades gobernadas por estos partidos como Comunitat Valenciana y Castilla y León, "invisibilizan" a las víctimas del bando republicano, dificultan el trabajo de las organizaciones memorialistas que a su juicio trabajan por la verdad, para que nadie reescriba la historia blanqueado el franquismo.
Dice que por tanto, recurren a la Constitución -"la misma que algunos dicen defender, pero olvidan aplicar", ha lanzado- y acudirán "donde sea preciso" para defender los derechos humanos y el derecho internacional.
Además, el ministro ha asegurado que presentarán sendos recursos ante el TC sobre las leyes de este tipo en Castilla y León y Comunitat Valenciana "en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en leyes", dado que ahora están paralizados los trámites parlamentarios, según ha indicado.
Señala que estas leyes no están avanzando porque nos encontramos en periodo electoral hasta las europeas del 9 de junio, pero insiste en que si finalmente estas normas ven la luz tal y como están redactadas hasta el momento, las recurrirán al TC igual que hacen ahora.
El Gobierno de Aragón dice que Sánchez está "instalado en la confrontación"
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dicho que la postura del Ejecutivo PP-Vox "es la misma que hemos mantenido desde el principio, no hemos cambiado de opinión, somos bastante coherentes", al tiempo que ha apuntado que el Gobierno de Sánchez "está instalado en una política de confrontación". La aprobación de la interposición de este recurso que "va en contra del respeto a la autonomía y a las Cortes", ha añadido.
Para Vaquero, "el Gobierno de España está instalado en una política de confrontación. Esto responde a un momento de conveniencia electoral para Sánchez y es obvio que este recurso va en contra de la autonomía y del respeto a las Cortes de Aragón, la representación política de todos los aragoneses y donde se acordó derogar una ley". La derogación de la ley fue aprobada por el Ejecutivo autonómico PP-Vox el pasado 29 de febrero.
También ha señalado que "el Gobierno de España debería de saber que no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memorialista. Hay una política memorialista, que es la que está desarrollando en estos momentos el Gobierno de Aragón, con ese plan de concordia que esperamos pronto dar a conocer, pero nada obliga a que exista una ley memorialista de carácter autonómico". Ha agregado que "de hecho, hay comunidades autónomas, como es Galicia, lo hemos dicho, como es Madrid, como es Castilla-La Mancha, que no tienen una ley de memoria democrática".
La vicepresidenta segunda del Gobierno aragonés ha aseverado que "podríamos decir que el Estado ha estado incumpliendo o ha tenido una situación de inconstitucionalidad antes de 2022, que modificó esta ley, o antes de 2007". Por lo tanto, "esta intención de presentar este recurso de inconstitucionalidad responde a una política de confrontación con las comunidades autónomas que no aplaudimos las políticas de Sánchez y, lógicamente, el Gobierno de Aragón seguirá defendiendo los intereses de todos los aragoneses, su autonomía y, lógicamente, el papel que tienen las Cortes para regir los derechos y las libertades".
Vaquero ha considerado que "cuando se trata de utilizar los derechos, las libertades, en este caso de los aragoneses; las amenazas del Gobierno de España para hacer una batalla de confrontación, eso es no respetar a unos ciudadanos, que en este caso son los aragoneses, desde el Gobierno de Aragón, sustentado por dos partidos políticos PP y Vox es decir, avisando ya de que nuestra intención era derogar esta ley porque no representaba nuestra política de convivencia, de rescatar el espíritu de la transición".
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Además, la derogación de la ley contó con el respaldo de un informe del Consejo Consultivo de Aragón. Ha argumentado que "los aragoneses nos dieron esa mayoría para poder llevar a cabo el proyecto al que nos habíamos comprometido, por lo tanto, tampoco este gobierno tiene en estos momentos ningún tipo de duda de lo que está haciendo es cumplir con aquello que se comprometió las elecciones, ejercer también la potestad que tiene en materia legislativa y, luego, lógicamente han sido las Cortes, donde está la representación política de todos los aragoneses, los que han decidido que esta ley se derogara".
Asimismo, la vicepresidenta ha destacado "la posibilidad de que todas las fuerzas políticas se puedan sumar a ese plan de concordia, que lo que quiere es recoger el espíritu de la Transición de todas las víctimas de la violencia ideológica de una etapa que todos queremos superar, puedan tener reconocida su dignidad, su memoria y que sea además sin ningún tipo de fractura sino en ánimo de convivencia".
Este plan de concordia se va a presentar antes del verano. "Estamos tratando de recoger también el máximo consenso y se presentará públicamente como debe ser y como es nuestro compromiso", ha finalizado Vaquero. La vicepresidenta segunda ha hecho estas declaraciones en Huesca, donde ha acudido a la celebración del XX aniversario de la Fundación Hidrógeno.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la conocida como ley de concordia aprobada por el gobierno autonómico de Aragón de PP y Vox, según ha indicado el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, que también ha asegurado que más adelante recurrirán las normas de Comunidad Valenciana y Castilla y León si no se aplican cambios, según informa Europa Press.