El Gobierno se pone manos a la obra para abordar los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia. Dos días después de que estallase el enésimo escándalo de estas características, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le informe de todas las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. En un contexto de silencio absoluto por parte de la Iglesia española, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere conocer pormenorizadamente el número de investigaciones que el Ministerio Público ha puesto en marcha por hechos de estas características y el estado en el que se encuentran esas pesquisas. Sin embargo, Justicia no aclara, a preguntas de infoLibre, qué tiene previsto hacer con toda esa información que le remita la Fiscalía. Y la Conferencia Episcopal Española rechaza valorar el movimiento del Gobierno.
La petición de la ministra Delgado se enmarca dentro de la prerrogativa que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal concede en su artículo 9.2 al Ejecutivo para solicitar a la fiscal general del Estado, María José Segarra, datos “respecto a cualquiera de los asuntos” en los que intervenga el Ministerio Público, siempre y cuando “no exista obstáculo legal”. Sin embargo, el goteo constante de supuestas agresiones y abusos sexuales cometidos en unas congregaciones e instituciones religiosas que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y a la “protección de los victimarios”, parece haber sido el detonante del paso dado este martes. Así, en el escrito remitido a la fiscal general del Estado, Delgado hace alusión a la “importante alarma social” que ha despertado el estallido de escándalos de estas características en España y a la “fuerte demanda” para que el Gobierno socialista “aborde este fenómeno”.
Los datos que el Ministerio Público haga llegar a Justicia no permitirán trazar un dibujo real sobre la pederastia dentro de la Iglesia española. El Ejecutivo sólo podrá ser informado de todos aquellos casos que se estén resolviendo dentro de la justicia civil. Sin embargo, buena parte de las denuncias por abusos y agresiones sexuales a menores en congregaciones e instituciones religiosas se instruyen por la vía eclesiástica, con sus tribunales especiales. En este sentido, hay que destacar que si bien el Código Penal castiga comportamientos de este tipo con varios años de prisión, las penas en el Código Canónico van desde la retirada del oficio de párroco durante un tiempo establecido hasta la expulsión del estado clerical en los hechos más graves. La cúpula eclesial española se ha mostrado en todo momento reacia a desvelar el número de denuncias de abusos o agresiones sexuales que han conocido o tramitado y juzgado durante las últimas décadas.
Los diferentes Ejecutivos, por su parte, tampoco se han atrevido a llevar a cabo una investigación independiente para destapar todos los casos que hayan sido silenciados. Algo que sí se hizo, por ejemplo, en países como Irlanda, Australia o EEUU. En el primer Estado, el conocido como Informe Ryan destapó, tras nueve largos años de investigación, que los abusos sexuales y los maltratos físicos y psicológicos a niños llegaron a ser “endémicos” en centros católicos irlandeses desde 1930, unos hechos que fueron tapados gracias a la connivencia de la Iglesia con las autoridades del país. En Australia, por su parte, la Comisión Real en Respuestas Institucionales al Abuso Infantil recibió más de cuatro millares de denuncias por supuestos abusos a menores cometidos por 1.880 miembros de la institución religiosa australiana entre 1980 y 2015. Y en EEUU, el Informe Pensilvania documentó más de 1.000 abusos en seis de las ocho diócesis del Estado, lo que ha llevado al Departamento de Justicia a iniciar una gran investigación federal.
Protección a la infancia
El paso dado por la cartera que dirige Dolores Delgado se produce después de conocerse nuevos escándalos de pederastia que salpican a la Iglesia española. Según reveló El Periódico el pasado domingo, el que fuera mosén de Constantí (Tarragona) de 1972 a 1999, Pere Llagostera, abusó de niños durante décadas. La noticia se ha conocido días después de que el mismo diario revelase que el Monasterio de Montserrat tapó durante años los abusos cometidos presuntamente por el monje Andreu Soler a finales de la década de 1970, unos hechos que han obligado al padre abad a pedir “humildemente perdón” y a prometer la apertura de una suerte de comisión de la verdad para estudiar lo sucedido. También la orden de Los Hermanos Salesianos de España ha anunciado una investigación interna por los supuestos casos de pederastia en su colegio de Deusto (Bilbao). Ya son 11 exalumnos los que han denunciado ante la Ertzaintza el maltrato físico y los abusos sufridos por parte del exreligioso José Miguel San Martín.
En su escrito remitido a la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia recuerda que el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una norma “cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”. El texto introduce, entre otras cosas, importantes avances en relación con los abusos y las agresiones sexuales cometidos a menores. En concreto, incluye un cambio legal para ampliar el plazo de prescripción de este tipo de delitos de forma que empiece a contar a partir de que la víctima cumpla los 30 años –actualmente está en 18 años–. Esto evitaría casos como el de la escuela Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona, en el que la justicia archivó la práctica totalidad de las denuncias interpuestas porque los delitos habían prescrito. Sólo uno de los docentes, autor confeso, acabará en el banquillo de los acusados.
La ministra justifica los cambios que introduce el anteproyecto, que todavía tiene que superar la tramitación parlamentaria, por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren”, efectos que “perduran durante gran parte de su vida adulta”. Además, asevera que su objetivo es “garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez” como para “vencer la vergüenza y el miedo” que generan estas “execrables agresiones” y pueda afrontar “la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”. Los colectivos de protección a la infancia han exigido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que tramiten la norma, en la que también se incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos en Internet –incitación al suicidio o a la promoción de trastornos alimenticios–, “con urgencia” y anteponiendo el bienestar de los niños y las niñas a las “diferencias políticas o intereses partidistas”.
La Iglesia entona el 'mea culpa': "Hemos protegido a los culpables y hemos silenciado a las víctimas"
Comisión 'antipederastia'
La semana pasada, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, criticó que se haya puesto el “foco” de la lacra de los abusos y agresiones sexuales a menores en la Iglesia y no en otros ámbitos. Así, el cardenal aseveró, antes de que dieran comienzo las XVII Jornadas Diocesanas de Zamora, que este tipo de casos relacionados con los sacerdotes “ocupan solo un 3% de la estadística”. “Si vemos las cifras, un 80% de estos casos tienen lugar en las familias, un 17% en el ámbito escolar y deportivo y solo un 3% en la Iglesia”, afirmó Blázquez, que afeó que los medios de comunicación no se centren en las situaciones que comprenden el 97% restante. “La situación de abusos de orden sexual existe, igual que existen abusos en el orden económico, como es la corrupción, o en el orden autoritario”, remató. A preguntas de infoLibre, la Conferencia Episcopal rechaza valorar la petición que ha hecho la ministra de Justicia al Ministerio Público.
Acosada por los constantes estallidos de casos de pederastia, la Iglesia española se ha visto obligada en los últimos meses a dar algunos pasos para lavar su imagen. El pasado octubre, con la vista puesta en la cumbre eclesiástica convocada por el papa Francisco para abordar esta plaga, la Conferencia Episcopal anunció la puesta en marcha de una “comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores” con el objetivo de actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales. A la cabeza de este grupo ha colocado al obispo de Astorga (León), Juan Antonio Menéndez, muy cuestionado por su actuación en los escándalos de abusos de La Bañeza (León) y Puebla de Sanabria (Zamora).
El Gobierno se pone manos a la obra para abordar los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia. Dos días después de que estallase el enésimo escándalo de estas características, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le informe de todas las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. En un contexto de silencio absoluto por parte de la Iglesia española, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere conocer pormenorizadamente el número de investigaciones que el Ministerio Público ha puesto en marcha por hechos de estas características y el estado en el que se encuentran esas pesquisas. Sin embargo, Justicia no aclara, a preguntas de infoLibre, qué tiene previsto hacer con toda esa información que le remita la Fiscalía. Y la Conferencia Episcopal Española rechaza valorar el movimiento del Gobierno.