La crisis que viene será prolongada. La esperanza de los primeros días, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, construían sus previsiones pensando en una salida rápida de la crisis, en forma de V, una vez superada la pandemia, se desvanecen. La pesadilla de un escenario en U, o incluso en L, toma más cuerpo cada día que pasa.
Esta falta de horizonte es lo que está abriendo paso a nuevas medidas sociales que este martes volverán a ser el centro de atención del Consejo de Ministros. La estrategia del confinamiento ya no da más de sí —no se pueden parar los sectores esenciales— y sólo falta esperar a que se confirmen las primeras señales de que está dando frutos y en los próximos días cambia de tendencia la curva de contagios y permite a España superar el pico de la pandemia al que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refiere a diario con el primero obstáculo a batir.
El debate dentro del Gobierno sobre cómo afrontar el problema de los alquileres de las familias más vulnerables —el miércoles es 1 de abril y en poco días toca pagar a quienes son inquilinos— se ha saldado con un empate técnico. Con el paso de los días, y a medida que se ha ido haciendo evidente que la crisis que viene será larga y pronunciada, la tesis de la ministra de economía, Nadia Calviño, de no tomar ninguna medida, ha ido pediendo peso. La discusión pasó a ser entre quienes reclamaban una moratoria, semejante a la de las hipotecas, y quienes, como los ministros de Unidas Podemos, proponían una exención del pago mientras dure el estado de alarma.
El acuerdo ha llegado en tierra de nadie. Lo que este martes aprobará el Consejo de Ministros, si no hay cambios de última hora, distingue expresamente, como propuso la formación morada, entre pequeños propietarios —que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas— y fondos de inversión y grandes tenedores —que se verán obligados a asumir parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos—.
Ni moratoria ni exención
No habrá ni moratoria ni exención, sino microcréditos públicos a través del ICO a interés cero y facilidades para su devolución —los plazos pueden alcanzar de seis a diez años—, con el fin de que todas las personas en situación de vulnerabilidad, cuya definición se llevará a cabo con cierto detalle, puedan acogerse a ellos. Y podrán solicitarlos también las empresas y los autónomos que cumplan ciertas condiciones, una decisión con la que el Gobierno espera aliviar, siquiera parcialmente, la grave situación del pequeño comercio.
El Estado será quien, en última instancia, se haga cargo de los impagos, pero se asegura no tener que hacerlo ahora, cuando más recursos necesita para afrontar la crisis, sino dentro de varios años, cuando venzan los microcréditos. Los hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda. Su cuantía podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
Podrán acogerse a esta medida los parados, los trabajadores sometidos a una regulación temporal de empleo, los que tengan reducciones de jornada y los autónomos que no lleguen al límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado en 537,84 euros para 2020, una cuantía que se en incrementará en función de los hijos y los dependientes a cargo.
En el caso de grandes tenedores y fondos de inversión los inquilinos se beneficiarán o bien de una quita de la deuda del 50%, o bien de una reestructuración de dicha deuda en dos o tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.
Fuentes de Unidas Podemos celebraban este lunes haber conseguido que el decreto incluya además la prohibición, hasta que se cumplan seis meses desde el fin del estado de alarma, de todos los desahucios por impago del alquiler a inquilinos vulnerables, así como una prórroga automática por otros seis meses de todos los contratos de alquiler, lo que de hecho supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler hasta octubre.
La renta mínima tendrá que esperar
Lo que no irá este martes al Consejo de Ministros es la renta mínima en la que trabaja el Ministerio e Inclusión y Seguridad Social. La puesta en marcha de esta medida deriva del acuerdo de Gobierno suscrito por PSOE y Unidas Podemos e finales de diciembre y aunque en los últimos días se han sucedido las negociaciones para adelantar su puesta en marcha entre el ministro José Luis Escrivá y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, todavía no hay un acuerdo cerrado.
La renta mínima fue concebida en el acuerdo de Gobierno de coalición como una medida estructural, pero la emergencia sanitaria ha hecho de ella una solución paliativa que algunos miembros del Gobierno consideran urgente y prácticamente la única manera de llegar, en el corto plazo, a un sector social tan vulnerable como los trabajadores de la economía informal, que no pueden ser protegidos del despido ni acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo.
Sin embargo, y a diferencia de muchas de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno, supone una inyección directa de dinero. Y todas las decisiones de esta naturaleza son supervisadas con lupa por Economía y Hacienda, a sabiendas de que cuantas más se adoptan menor será el margen de maniobra para impulsar después de la economía cuando pase la pandemia.
Lo que sí tenía el lunes todos los avales para ser aprobado este martes es un decreto de ayudas dirigido a las trabajadoras domésticas —son en práctica totalidad mujeres— que por culpa de las medidas de confinamiento han perdido su medio de vida y otro decreto dirigido a la protección de os consumidores.
Del “pulso” de los primeros días, entre ministros con visiones muy distintas acerca de cómo afrontar la situación económica, se ha pasado a entender que “es la realidad la que decide”. “Unos ministros más convencidos y otros arrastrando los pies”, pero todos asumen ya que habrá que tomar medidas más ambiciosas, reconocen fuentes consultadas por infoLibre.
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Los créditos y los avales de los primeros días ya no son la única solución encima de la mesa. Y hay voces que sostienen que en algún miento habrá que empezar a pensar en inyectar rentas. “Por eso las medidas se debaten tanto y van siendo graduales. Aquel debate acerca de un tipo u otro de medidas se va diluyendo porque no va a quedar más remedio que aplicarlas todas”. De ahí que Sánchez anunciase al comienzo de la crisis su voluntad de tomar “todas la medidas que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta”. Una idea ne la que insistieron este lunes los ministros de Sanidad y transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, en respuesta a las críticas que el Gobierno ha recudió de la patronal, de algunos presidentes autonómicos y del PP por haber decidido detener la actividad económica no esencial durante ocho días laborables —en la práctica hasta después de Semana Santa—. No se trata de elegir entre salud y economía, repitieron casi al unísono: “Sin salud no puede haber economía”.
En Wuhan (China) planean poner fin al confinamiento después de 80 días. Aquí no se sabe si serán 60 o 90, pero “cuesta pensar que van ser menos de dos meses”. Sin contar con que nadie sabe a ciencia cierta cómo llevar a cabo el levantamiento de las medidas —si se hace demasiado deprisa se corre el riesgo de tener un rebrote a los quince días— y que el ciclo no está siendo uniforme por países: puede ser el caso de que España esté saliendo de la crisis sanitaria pero la economía global siga parada porque el pico ha llegado a otros países clave.
Todo eso, recuerdan las mismas fuentes, “condiciona la actividad económica” y ensombrece el horizonte de salida. Y esa es la razón por la que el debate se enconando tanto en Bruselas. “Si fuera cuestión de dos semanas o un mes sería otra cosa. Pero si vas a un escenario de recesión prolongada, harán falta más recursos”.
La crisis que viene será prolongada. La esperanza de los primeros días, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, construían sus previsiones pensando en una salida rápida de la crisis, en forma de V, una vez superada la pandemia, se desvanecen. La pesadilla de un escenario en U, o incluso en L, toma más cuerpo cada día que pasa.