Mariano Rajoy tiene dos principales dolores de cabeza para esta segunda mitad de legislatura. El primero, la economía. Conseguir que los españoles lleguen a percibir en sus bolsillos los síntomas de recuperación de los que su equipo viene hablando en los últimos meses. Esto, según sostienen en su entorno, será clave a la hora de renovar una segunda etapa en La Moncloa. Creen que los ciudadanos olvidarán los duros recortes a los que han sido sometidos si mejora el empleo y empieza a fluir el crédito. El segundo de los problemas, ahora muy enquistado, es la relación con Cataluña después de que su presidente, Artur Mas, pusiese fecha a una consulta soberanista: 9 de noviembre.
Como primera respuesta a ese desafío, el Congreso de los Diputados tomará este martes en consideración la Proposición de Ley con la que el Parlamento de Cataluña reclama la delegación en la Generalitat "de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña". Esta proposición salió adelante con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y tres diputados del PSC. En total, 87 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.
Será el primer portazo de la Cámara Baja –votarán en contra PP, PSOE y UPyD, el 85% de los diputados– al plan soberanista del president. Pero el Ejecutivo, más allá de la foto, del simbolismo que implica que la práctica totalidad del Parlamento diga no a la petición que le llega desde la cámara autonómica catalana, aguarda la cita como un mero trámite del que, salvo sorpresas, no esperan un cambio de actitud por parte de Artur Mas. Los contactos mantenidos al más alto nivel entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el PP catalán con representantes del Govern apuntan a que lo que ocurrirá el martes será un paso más hacia el "choque de trenes" que persigue CiU y cuyo desenlace se prevé para otoño.
Desde el partido del Gobierno harán una llamada al diálogo dentro de los límites de la Constitución. "Nuestra democracia no es una democracia limitante. Alberga la posibilidad de que cualquiera pueda defender sus ideas siempre y cuando el método para conseguirlo sea democrático", señala un miembro del Ejecutivo. Pero, salvo cambio de planes, "no será el día de las ofertas y los anuncios". "Acudimos para escuchar sus argumentos y para recordar los nuestros que, por cierto, están muy claros desde el inicio de este proceso: Constitución, ley y diálogo. No hay más", señalan desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular.
A la percepción generalizada de que el debate parlamentario servirá de muy poco para ablandar las posiciones de Mas ha contribuido el propio president y los mensajes lanzados desde CiU en las últimas semanas. Sus planes, según informó infoLibre, son los de aguantar el pulso soberanista hasta que se pongan "en riesgo" las instituciones catalanas. Esto implica mantener viva la consulta del 9 de noviembre. La hoja de ruta es la siguiente: cerrada la posibilidad de que el Congreso dé luz verde a la Proposición de Ley que reclama la delegación de competencia para convocar una consulta, CiU prevé que el Parlament publique la Ley de Consultas tras el verano, a primeros de septiembre. Acto seguido, Mas firmaría la convocatoria de referéndum para el 9 de noviembre.
Diálogo, pero sin amenaza independentista
En este proceso, el Gobierno intensificará en los próximos meses sus ofertas de diálogo dentro del marco de la Constitución y la ley. "No puede haber un referéndum para la independencia y con nosotros no lo va a haber", subrayan desde el Ejecutivo. Dentro de estas ofertas, la de sentarse a hablar de financiación será clave. Es el área propicia para frenar las tensiones y la coyuntura se presta a ello porque tras las elecciones europeas del 25 de mayo, el Ejecutivo trasladará al Congreso una propuesta de reforma fiscal que llevará aparejada un reforma en el sistema de financiación autonómica.
¿Serviría a Mas un concierto económico para frenar sus planes? A tenor de sus declaraciones parece decidido a llegar hasta el final del proceso, pero en el equipo de Rajoy prefieren pensar en el "día a día, sin adelantar acontecimientos". Las comunidades autónomas, en gran parte en manos de barones conservadores, están en pie de guerra a cuenta de la financiación autonómica y el presidente del Gobierno no quiere bajo ningún concepto que cale el mensaje de que la única vía que maneja para frenar a más es la económica. "Se puede hablar de financiación, por supuesto, pero sin perder de vista que el sistema que se busca va a ser más justo para todos, no a medida de unos pocos", subrayan desde Hacienda.
"No vale, y bajo ningún concepto podemos permitírnoslo, trasladar la idea de que el Gobierno acude en auxilio de un señor cabreado que pide que se le quite el cabreo, que monta el pollo y se le premia. Porque no es así. Porque mañana podría venir el País Vasco o cualquier otra comunidad. La amenaza y el chantaje tampoco encajan en la Constitución. Saben perfectamente cuáles son los límites. De lo que podemos hablar y de lo que no. Lo saben. Y también saben que son ellos los que se han metido en el lío", subrayan fuentes del PP.
La oferta de una reforma del Senado es una herramienta más de las que puede tirar el Ejecutivo. Pero, a día de hoy, tampoco parece que pueda servir de vía de descompresión para deshacer el nudo. Fuentes conocedoras de las conversaciones que han tenido lugar entre miembros del Gobierno y representantes de CiU en los últimos meses señalan que esta opción no les sirve.
Actuación del Tribunal Constitucional
Si Mas cumple con sus planes de dar luz verde a una Ley de Consultas, y acto seguido convocar el referéndum, el Ejecutivo de Rajoy recurrirá ambos pasos ante el Tribunal Constitucional y éste, a su vez, los anulará. Hay precedentes. En septiembre de 2008 ya anuló una consulta similar ideada por el lehendakari Juan José Ibarretxe. El principal argumento al que recurrió el Alto Tribunal es el de que una comunidad autónoma, en este caso el País Vasco, no es "titular de un poder soberano".
De producirse este escenario –Ley de Consultas y convocatoria de referéndum–, será la segunda vez que el Constitucional se pronuncia sobre la consulta catalana. El pasado 25 de marzo, el Pleno del Alto Tribunal ya falló que Cataluña no puede convocar unilateralmente un referéndum para decidir sobre su continuidad en España. Aunque el fallo [consúltalo aquí] avala su derecho a decidir como aspiración política, advierte que éste requeriría una reforma de la Constitución para ser efectiva. La resolución, que fue unánime, supuso la estimación parcial de la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña en enero de 2013.
CiU pretende apurar al máximo los plazos para dificultar la capacidad de reacción del Gobierno. Pero la reacción del Ejecutivo será inmediata. Siempre que se siga este guión, el recurso a la Ley de Consultas se puede interponer inmediatamente después de su aprobación. "El recurso suspende automáticamente la entrada en vigor de la ley", subrayan desde el Gobierno.
El hipotético decreto de convocatoria puede ser igualmente recurrido ante el TC nada más recibir luz verde. Pero en este caso, es el Constitucional quien decide sobre la suspensión. No es automática.
Ni en el Gobierno ni en las formaciones que promueven el referéndum creen que la situación derivará en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", reza el artículo. Entre las medidas está la de la suspensión de autonomía.
Pese a no ser el escenario más probable, fuentes conservadoras consultadas por infoLibre cuentan con que, si el proceso se enquista, un sector del partido y de su electorado haga bandera de la suspensión de autonomía.
Los planes del Govern, una vez abortada la consulta, son los de convocar elecciones plebiscitarias para finales de 2014 o principios de 2015. Una cita a la que pretende ir de la mano de ERC. Estos planes, no obstante, no son compartidos al 100% por las formaciones que integran el frente proconsulta. A ello se agarra el PP de Cataluña cuando se les pregunta si están preparados para un escenario electoral inmediato: "No trabajamos sobre hipótesis, pero, desde luego, el principal problema no lo tenemos nosotros, sino CiU", señala un dirigente muy próximo a Alicia Sánchez Camacho, líder de los conservadores regionales.
"Está en un ccallejón sin salida"
La misma fuente insiste en que tras tensar tanto la cuerda, Mas va a verse obligado a convocar elecciones. "Está en un callejón sin salida. No puede dar marcha atrás porque ha despertado unas expectativas en un sector de la población. Pero no va a poder llegar más allá del 9 de noviembre", subrayan.
El PP de Cataluña considera que CiU no va a tener nada fácil ir de la mano de Esquerra porque, a su juicio, "a ERC lo que precisamente le interesa es que Mas se siga quemando". Lo definen de una forma muy gráfica: "Cada día que pasa, las expectativas electorales de ERC, crecen. Por eso, la estrategia del presidente de ERC es la de la contención en sus declaraciones. Parecer razonable y tranquilo".
Pese a los cálculos de Mas de que tras las elecciones se conformaría un Parlament favorable a la secesión, él no tiene la última palabra. "¿Y si no logra que ERC acuda a las urnas de su mano? Está claro: obtendría el peor resultado de su historia. Para esto le habría servido a Mas esta aventura", señala un destado dirigente conservador.
La apertura de un proceso electoral obligaría al partido de Mariano Rajoy a abrir el debate sobre el liderazgo del PP catalán, en manos ahora de Alicia Sánchez-Camacho. Pese a haber cosechado el mejor resultado de su historia electoral en las elecciones al Parlamento catalán de 2012 (19 escaños), pasó a ser la cuarta formación del Parlament –venía de ser la tercera–. Mucho se ha especulado en las últimas semanas con la posibilidad de que la dirigente conservadora fuese a integrar la candidatura europea, una forma de ir preparando una renovación en la cúpula del partido para esta nueva etapa.
De momento, todo apunta a que no habrá movimientos inmediatos. Pero las fuentes consultadas apuntan a que es una tarea pendiente. El caso de Método 3 y el debate soberanista, sostienen las fuentes consultadas, han dejado tocada a la presidenta y quizá ha llegado el momento de buscar nuevas caras. Ciutadans llega pisando con fuerza y las encuestas ubican a la formación de Albert Rivera con posibilidades de ubicarse como tercera fuerza en la cámara regional.Dinámica del debate
La propuesta de delegar las competencias será defendida por la delegación enviada por el Parlament, compuesta por Jordi Turull, portavoz de CiU en la cámara autonómica; Marta Rovira, secretaria general de Esquerra (ERC), y Joan Herrera, líder de Iniciativa per Catalunya (ICV). La cita es este martes a las 16.00 horas en el Congreso. Fuentes parlamentarias calculan que en cinco horas, sobre las 21.00, podría darse por cerrada la sesión.
El Gobierno, conforme a las costumbres parlamentarias, podrá intervenir en el momento en el que considere oportuno. Y el reglamento del Congreso de los Diputados contempla que, antes de comenzar el debate, deberá leerse a la Cámara el escrito que registró hace unas semanas el Ejecutivo en el que fija su criterio contrario a la propuesta del Parlament. Después, comparecerán los enviados por el Parlament. Cada uno de ellos dispondrá de diez minutos para defender la propuesta.
Acto seguido, intervendrán los grupos parlamentarios de la oposición del Congreso, de mayor a menor, con 20 minutos cada uno. El primero en subir a la tribuna será el PSOE. Lo hará su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder de los socialistas rechazará la propuesta unilateral de cesión de competencias pero "defenderá la necesidad de abrir un dialogo para afrontar una reforma de la Constitución en dirección federal que pueda dar encaje a las aspiraciones de los catalanes", según fuentes del partido. En lo esencial del debate soberanista, PP y PSOE siempre han estado de acuerdo. Es, de hecho, un tema sobre el que Rajoy y Rubalcaba hablan con frecuencia.
Seguirán a Rubalcaba, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto. Cerrará el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso.
Terminado este bloque inicia, la delegación catalana tendrá quince minutos para responder –cinco minutos por cada diputado– y los grupos del Congreso tendrán diez cada uno.
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La intervención de algún miembro del Gobierno se daba, al cierre de esta edición, casi por segura en el Partido Popular. El hecho de que el presidente del Gobierno y la vicepresidenta hayan anunciado que no asistirán esa misma tarde a la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Senado lleva a pensar que alguno de los dos subirá a la tribuna para afianzar su posición. Una postura fijada, con fecha del 7 de marzo, en un escrito remitido a la Cámara por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. En el documento se recalca que "los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Es decir, sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas".
Ayllón concluye su escrito señalando que "si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación".
Mas vio reflejada en este escrito la "posición de dureza, basada en el 'ordeno y mando" del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dijo que se trataba de una respuesta "muy hard" y la contrapuso a los valores catalanes "soft", basados "en el trato y el pacto". Precisamente, desde el Gobierno esperan que los emisarios de Mas lleguen al Congreso con una puesta en escena "presuntamente dialogante" pero sin atisbos de estar dispuestos a dar marcha atrás.
Mariano Rajoy tiene dos principales dolores de cabeza para esta segunda mitad de legislatura. El primero, la economía. Conseguir que los españoles lleguen a percibir en sus bolsillos los síntomas de recuperación de los que su equipo viene hablando en los últimos meses. Esto, según sostienen en su entorno, será clave a la hora de renovar una segunda etapa en La Moncloa. Creen que los ciudadanos olvidarán los duros recortes a los que han sido sometidos si mejora el empleo y empieza a fluir el crédito. El segundo de los problemas, ahora muy enquistado, es la relación con Cataluña después de que su presidente, Artur Mas, pusiese fecha a una consulta soberanista: 9 de noviembre.