Qué fue del "mayor 'acelerador' empresarial de España" al que Ayuso dio dos millones a dedo

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alegó “razones excepcionales” para asignar a dedo una ayuda de dos millones de euros en abril de 2023 a la asociación Patio Campus. El proyecto, un campus y coworking tecnológico-empresarial liderado por siete multinacionales, está presidido por el hermano del director general de Economía de la Comunidad, Juan Manuel López Zafra. La subvención, que se aprobó en Consejo de Gobierno solo un mes después de la constitución de la asociación y a toda prisa "por la incipiente inestabilidad económica" vino acompañada de un convenio por el que la Comunidad de Madrid se convertía en “socio patrocinador” de la iniciativa.

Sin embargo, la actividad del consorcio empresarial ha sido muy limitada desde entonces y con presencia escasa en medios y redes. Año y medio después de recibir el dinero, Patio Campus asegura que se acaba de instalar en su sede, una de las señas de identidad del proyecto. El edificio, de 1.800 metros cuadrados, sigue en obras, sin acceso propio ni imagen corporativa que indique que allí se encuentra "el mayor campus empresarial de España", como lo califica la Comunidad.

“En Madrid no queremos ciudadanos ni empresas ni proyectos maniatados a la Administración ni que sean rehenes de burocracia interminable ni que seamos los políticos quienes decidimos por dónde ha de caminar la empresa ni invitar con el dinero del contribuyente a pagar nuestros anuncios”, afirmó Ayuso durante el acto en el que Patio Campus fue presentado, el 30 de marzo de 2023. Ese discurso marcadamente neoliberal lo pronunció ante los representantes de los socios principales del consorcio empresarial encabezado por la multinacional cosmética L'Oreal, y del que también forman parte BMW, Inditex, Pascual, Iberia, Mahou San Miguel y el gigante inmobiliario Merlin Properties. A ellos se han unido en los últimos meses la petrolera Cepsa y la gestora de fondos Kfund.

Una rápida concesión a dedo

La ley madrileña de subvenciones establece como criterio general que la concesión de estas debe regirse por los principios de transparencia, objetividad, concurrencia (es decir, con el concurso de los candidatos que opten a la ayuda), igualdad y no discriminación. La norma solo permite la concesión directa -es decir, a dedo- “con carácter excepcional” cuando se acrediten “razones de interés público, social, económico o humanitario, y otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”. Esta excepcionalidad fue la alegada por el Gobierno de Ayuso para conceder la subvención al consorcio el 5 abril de 2023, apenas un mes después de su constitución (el 24 de febrero de ese año).

Las razones expuestas en el expediente administrativo fueron, en primer lugar, de interés público y económico. “Su objetivo es consolidar a nuestra comunidad como un foco de emprendimiento e innovación sostenible, fomentando el desarrollo autónomo, la atracción de stratups y scaleups de alto potencial, situándola como una región de oportunidades empresariales y desarrollo de proyectos sostenibles, aprovechando las sinergias existentes entre ambas instituciones”, reflejaba la memoria justificativa que acompañó la ayuda. Ese documento apuntaba también que la decisión de no abrir una convocatoria al uso para que otras entidades optaran a los fondos, se debió a que “no existe en nuestra región ni en España, ningún otro campus en emprendimiento empresarial e innovación que tenga dichas características”.

La necesidad y la premura de la subvención nominativa de dos millones también se justificaba por “la actual situación económica provocada por la subida del coste de las materias primas, de la energía, del IPC subyacente y del tipo de interés del Banco Central Europeo” y “la quiebra de bancos en distintos países que puede originar una crisis financiera”. “Esta incipiente inestabilidad económica unida a que, si se realizase una convocatoria pública, la entidad firmante [es decir, Patio Campus] sería la única participante, hacen necesario abordar este proyecto a la mayor brevedad posible, con el objeto de afianzar la recuperación iniciada tras la pandemia de covid-19 y a su vez permitir el impulso del emprendimiento y el desarrollo empresarial”, concluía el documento que justificó el gasto de dinero público. La adjudicación de la ayuda se tramitó a toda prisa, con la legislatura cumplida y la Asamblea de Madrid ya disuelta a escasas semanas de las elecciones autonómicas del 23 de mayo de 2023.

Una actividad muy escasa

La urgencia en otorgar la subvención no se ha traducido en la puesta en marcha del proyecto. Después de año y medio sin sede, el pasado miércoles Patio Campus accedió por fin a ella, según publicó en su perfil de Instagram. Se trata de un edificio situado en el número 11 de la plaza Pablo Ruiz Picasso de Madrid, en pleno distrito financiero de Azca, propiedad de uno de sus socios promotores, Merlin Properties, de 1.800 metros cuadrados. Pero el edificio en el que debe desarrollar su actividad se encuentra todavía en obras, vallado, sin acceso propio y sin su logotipo corporativo, según ha podido comprobar infoLibre. Las estancias y espacios que se pueden contemplar desde el exterior permanecen vacías y todavía en construcción. Un portavoz de la Consejería de Economía confirma que Patio Campus ya trabaja allí tras haberlo hecho hasta ahora en una sede provisional.

Ese lugar, que la asociación ha denominado "Madrid Innocity", será, según Patio Campus "un lugar único en el que el ecosistema emprendedor dispondrá de todos los servicios necesarios para desarrollarse. ¿Y cuáles son esos servicios? "Charlas inspiradoras, mentorías personalizadas y redes de contacto estratégicas". Todo ello, según la página web del consorcio de multinacionales, lo convertirá en "un espacio propicio para el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos que integren la sostenibilidad como principio fundamental", lo que se conseguirá a través de "una programación diversa que incluye talleres, conferencias y eventos de networking".

Sin embargo, hasta ahora, la actividad de Patio Campus, tan importante que justificó la ayuda a dedo de la Comunidad de dos millones, ha sido muy escasa. El hub empresarial enfocado a la tecnología y la innovación apenas está presente en redes sociales 18 meses después de su constitución. Su prefil de X, el antiguo Twitter, cuenta con 21 posts desde la creación de la asociación, el 23 de febrero de 2023, apenas más de uno por mes. Lo mismo que Instagram, donde solo se cuentan 31 publicaciones.

Tres convocatorias para pymes

En su página web aparecen dos programas en marcha: Madrid Abierto y Economía Circular. Se trata de dos convocatorias abiertas para que las empresas (135 en la primera de ellas, según la Comunidad) presenten sus ideas sobre desarrollo de pymes y oportunidades de negocio ligadas con la protección del medio ambiente. Un panel de expertos de la asociación se encarga de seleccionar a los ganadores para darles formación e impulsar sus proyectos. Fuentes de la Consejería de Economía aseguran que también ha puesto en marcha un programa de aceleración propio para startups que, sin embargo, no aparece en la web de Patio Campus. Ninguna de las tres convocatorias ha merecido gran atención de los medios generalistas o económicos, que apenas se han referido a ellas.

Desde la Consejería de Economía aseguran que la Comunidad de Madrid está haciendo seguimiento de los fondos públicos que desembolsó para la asociación a través de la comisión que se creó al efecto y, semanalmente, por parte de la propia consejería. Un portavoz de ese organismo asegura que Patio Campus ha justificado el dinero ya invertido que ha ido a parar, "entre otras acciones", a los tres programas puestos en marcha hasta el momento. Hasta ahora, el Gobierno madrileño ha desembolsado 1.850.000 euros a los que se sumarán 150.000 más el año que viene. El convenio firmado por la Comunidad con el consorcio prevé que esta pueda reclamar la devolución del dinero total o parcialmente en caso de que Patio Campus no cumpla con los fines para los que fue concedida.

Patio Campus está dirigida por Javier López Zafra, hermano del director general de la consejería de Economía (la que concedió la ayuda), Juan Manuel López Zafra. El presidente de la asociación empresarial es, además, secretario general de L’Oreal España, una de las multinacionales que la conforman. Al contestar una pregunta parlamentaria al respecto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, la directora general de Autónomos y Emprendimiento, Irene Correas, negó que el parentesco hubiera sido un factor en la concesión directa y aseguró que el director general no había participado en la tramitación de la ayuda. “Por supuesto que no ha habido tráfico de influencias”, dijo Correas. “Lopez Zafra tiene ese hermano como tendrá otros, como los tendrá usted y como los tendré yo”, respondió al diputado Eduardo Gutiérrez.