El sábado pasado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, parecía abierto a que se ampliase el toque de queda como empezó pidiendo Castilla y Léon, que ha fijado el inicio de esta herramienta de restricción del movimiento a las 20.00 horas. Este miércoles, cuatro días después, el Gobierno sigue sin verlo del todo claro. Illa presidió en Sevilla la reunión telemática del Consejo Interterritorial de Salud, órgano en que están representadas todas las comunidades autónomas. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, el ministro escuchó cómo ocho autonomías le demandaban mover las horquillas horarias del toque de queda vigente. Y su respuesta fue que seguirá en actitud "de escucha", pero que el marco legal vigente, el del estado de alarma que se extiende hasta el 9 de mayo, ya ha servido "para doblegar una curva" y que todavía hay margen para reducir la movilidad. Si no hay cambios de agenda, no habrá nueva reunión del Consejo Interterritorial hasta el próximo miércoles.
La legislación en vigor establece que durante el periodo comprendido entre las 23.00 y las 6.00 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización por causa justificada. Y que "la autoridad competente delegada correspondiente –en este caso, las comunidades autónomas– podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22.00 y las 00.00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5.00 y las 7.00 horas".
Para modificar esto, el Gobierno tendría que hacer una nueva redacción del texto, aprobarlo en un Consejo de Ministros y lograr después su convalidación en el Congreso de los Diputados. De ahí que el Gobierno anunciase el pasado domingo que había solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el acuerdo de la Junta de Castilla y León de mover la franja horaria del estado de alarma.
Un nuevo debate parlamentario de este tipo pillaría al Gobierno en plena campaña de las elecciones catalanas, si se celebran finalmente el 14 de febrero, y en un contexto en el que el ministro de Sanidad en el cargo durante esta tercera ola es el candidato del Partido Socialista de Catalunya (PSC) a la Generalitat.
Revisión del estado de alarma
En todo caso, Illa intentó desvincular su posición del hecho de que el Gobierno quiera evitar someterse a desgaste en la Cámara Baja y recordó que este previsto que hacia el 9 de marzo se revisen las medidas del decreto en vigor.
La demanda al Gobierno central de flexibilizar el toque de queda no tiene color político. Empezó la batalla Castilla y Léon, una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, pero en los últimos días se han ido sumando autonomías de diferente signo político. Las fuentes conocedoras del contenido de la reunión consultadas por este periódico señalan que, además de Castilla y Léon, hicieron esta petición Comunitat Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias –ha pedido que el toque de queda se lleve a las 18.00 horas–, Galicia y País Vasco. El listado ascendería a nueve regiones si se contabilizase a Murcia, que días atrás había exhibido su voluntad de trasladar esta petición en la Interterritorial. El problema es que su consejero, Manuel Villegas, estaba prácticamente dimitiendo mientras se celebraba este encuentro. Lo hacía después de conocerse que había sido vacunado contra el covid-19 sin corresponderle, saltándose los protocolos sanitarios.
Las mismas fuentes aseguran que en la reunión no hubo ninguna comunidad que se opusiese de forma frontal a la petición del resto. Cantabria, por ejemplo, no lo defendió pero dejó claro que no tendría impedimento a la hora de implementar la medida. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya dejó claro hace un par de días que respaldaba la petición de su compañero Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) aunque su idea era no aplicarlo en la región que gobierna.
La dirección nacional del Partido Popular no ha aclarado hasta la fecha cuál sería su posición en una eventual votación de un nuevo decreto de estado de alarma. El papel de Pablo Casado también es endiablado. Se abstuvo en el del estado de alarma vigente y ahora algunos de sus barones piden medidas más estrictas.
Las respuestas del ministro
Durante su comparecencia posterior ante la prensa, Illa y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, insistieron en que los gobiernos autonómicos tienen aún capacidad de aplicar más medidas que estén amparadas por el actual estado de alarma. El ministro llegó a señalar en la reunión había habido consejeros que advirtieron de que adelantando el toque de queda se podría provocar un efecto contrario al pretendido por los defensores de la medida porque podría provocarse una concentración de actividades en un corto espacio de tiempo.
Illa recordó que las medidas que están bajo el paraguas de este estado de alarma ya consiguieron doblegar una curva. Citó las limitaciones nocturnas, el "cierre de ciertos sectores económicos" y las limitaciones del número de personas en las reuniones.
"De todas formas vamos a seguir trabajando, pero constatamos que con el arsenal de medidas que tenemos se ha conseguido ya derrotar una ola", destacó.
Pese al malestar con Sanidad en algunas comunidades autónomas, el ministro defendió que la "cogobernanza" está funcionando. Y que se "derrotó" la primera ola, la segunda y se va a "derrotar" la tercera ola.
Mientras los datos de evolución del covid-19 siguen disparados. El Ministerio de Sanidad notificó este miércoles, con números procedentes de las comunidades autónomas, 41.576 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un nuevo récord de contagios desde el comienzo de la pandemia. De todos ellos, 18.500 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 15.578 registrados el martes. Respecto a los fallecidos, este miércoles se notificaron 464 más.
Las quejas de las comunidades autónomas
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Al término de la reunión, algunas comunidades autónomas lamentaron que esta culminara sin nuevas medidas. El lehendakari Iñigo Urkullu consideró que se está "perdiendo una oportunidad" para profundizar en el consenso sobre medidas a adoptar para frenar la pandemia.
Por su parte, la consejera de Sanidad de Castilla y Léon (gobernada en coalición por PP y Cs), Verónica Casado, lamentó que se siga sin tomar medidas, "sin ser drástico", porque cada día que se pierde pasan "muchas cosas" en el Sistema de Salud. "Se ha cerrado la reunión con el compromiso por parte del ministro de analizar las propuestas que se le han planteado, pero queremos rapidez en la respuesta porque cada día que perdemos pasan muchas cosas en nuestro Sistema Sanitario", señaló, según informa Europa Press.
Mientras, el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), sostuvo que si en este momento se pudiera adelantar el toque de queda , su comunidad no lo haría porque entienden "que con las medidas" adoptadas van a poder "reconducir la pandemia", una tesis similar a la posición del Ministerio de Sanidad.