El Consejo de Ministros da luz verde a la modificación legal que endosará a partir de ahora a los bancos, y no a los clientes, el pago del impuesto hipotecario. En su reunión de este jueves, que se ha adelantado un día debido a la festividad del viernes en Madrid, el Gobierno ha aprobado el real decreto ley que modifica el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “precisar con toda claridad” que a partir de su entrada en vigor serán las entidades financieras las que tengan que afrontar el tributo en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria que conceden. Además, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los bancos no podrán deducirse el gasto para el abono del gravamen en el impuesto de sociedades y el Ejecutivo “velará” para que “no se produzca un traslado de costes” hacia el cliente tras la decisión adoptada.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto Montero como la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, comenzaron su intervención mostrando todo el respeto a la autoridad judicial” que emitió el "controvertido veredicto", pero lamentaron el "cambio de criterio" del Supremo. "El Pleno decidió rectificar el criterio, generando así una gran alarma social e inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado hipotecario", aseveró la titular de Hacienda, que añadió que con "todo respeto a la separación de poderes" este jueves "le ha tocado hablar" al Ejecutivo. Ambas se pronunciaron en línea con las declaraciones realizadas este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "El tribunal tiene que reflexionar sobre estos dos semanas que han tenido en vilo a la banca y a los ciudadanos".
En concreto, según explicó la ministra Montero, se incluirá en el artículo 29 de la ley el siguiente párrafo: "Cuando se trate de escrituras de préstamos hipotecarios se considerara sujeto pasivo al prestamista". Además, añadió, se modificará el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades para que el gasto por el pago de este gravamen sea considerado como "no deducible por parte del prestamista". El real decreto ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes. "Por las declaraciones de la mayoría, entendemos que no habrá dificultades para convalidarlo. Si los grupos siguen manteniendo esa coherencia, contará con un gran apoyo parlamentario", aseveró la titular de Hacienda.
La modificación normativa que endosará el pago del tributo a partir de ahora a los bancos se produce en plena crispación dentro de la judicatura por los múltiples bandazos que en solo dos semanas ha dado el Tribunal Supremo en relación con el impuesto hipotecario y que ha sumido a la institución en una crisis de confianza inédita. En las últimas horas, las cuatro principales asociaciones judiciales –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia– han criticado con dureza la "lamentable gestión" que se ha hecho del caso y que ha permitido que se arrojen "dudas razonables" sobre la independencia del Alto Tribunal. Incluso se ha llegado a exigir la "dimisión inmediata" del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y del jefe de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo.
Tras la decisión del dividido Pleno de enmendar el cambio de criterio marcado en la sentencia del pasado 16 de octubre sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, y a pesar del anuncio del Gobierno de modificar la ley para que el gravamen lo abonen a partir de ahora las entidades financieras, los mercados cerraron este miércoles en positivo. El Ibex 35 amplió sus ganancias un 1,99% en la sesión, hasta situarse en los 9.167,9 puntos. Entre las principales subidas, las de los seis bancos que cotizan en el selectivo. Caixabank subió un 4,37%, seguido del Sabadell (+2,5%), Bankinter (+2,42%), Santander (+2,41%), Bankia (+1,78%) y BBVA (+1,72%).
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Segunda fase de la exhumación de Franco
Además, la portavoz del Ejecutivo ha anunciado el comienzo de la segunda –y última– fase del procedimiento de salida de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una vez cerrado el plazo de alegaciones, el Consejo de Ministros ha acordado que el Ministerio de Justicia remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el proyecto de exhumación, cuya redacción ha sido encargada a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional, y solicite a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un "informe no vinculante" sobre la exhumación. "Esta fase tiene que estar completada en el plazo de un mes", señaló Celaá. Tras esto, completó, se concederán otros diez días a las partes interesadas para sus alegaciones.
En total, serán necesarios cuarenta días para que se complete el procedimiento administrativo. Luego, vendrá la exhumación. Celaá no ofreció ninguna fecha concreta, aunque aseveró que "el año 2019 arrancará sin que un dictador pueda ser enaltecido en ningún lugar público en España".
El Consejo de Ministros da luz verde a la modificación legal que endosará a partir de ahora a los bancos, y no a los clientes, el pago del impuesto hipotecario. En su reunión de este jueves, que se ha adelantado un día debido a la festividad del viernes en Madrid, el Gobierno ha aprobado el real decreto ley que modifica el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “precisar con toda claridad” que a partir de su entrada en vigor serán las entidades financieras las que tengan que afrontar el tributo en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria que conceden. Además, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los bancos no podrán deducirse el gasto para el abono del gravamen en el impuesto de sociedades y el Ejecutivo “velará” para que “no se produzca un traslado de costes” hacia el cliente tras la decisión adoptada.