El Gobierno da por armada la ley de amnistía: solo debatirá alguna enmienda técnica y rechaza las de terrorismo

El Congreso pisa el acelerador con la proposición de ley de amnistía. La Cámara Baja se prepara para dar su visto bueno final en apenas dos semanas. El Ejecutivo entiende que ya está afinada tras superar la Ponencia, la primera gran votación de las enmiendas al texto. En los planes del Gobierno sólo figura ya considerar modificaciones meramente técnicas del resto de grupos en lo que queda de trámite y no tiene intención de incorporar las propuestas de ERC y de Junts para incluir los delitos de terrorismo.

Así lo señalan fuentes del Ejecutivo a infoLibre después de que este martes la Ponencia del Congreso diera su visto bueno al informe de la ley. En este trámite salieron adelante las enmiendas “técnicas” pactadas por el PSOE, ERC, Sumar, EH Bildu y el BNG, que contaron finalmente con el respaldo de Junts a pesar de que había rechazado registrarlas conjuntamente con el resto de partidos.

Lo que no incorporó la Ponencia a su informe fueron los cambios presentados en solitario por ERC y Junts, que tenían como objetivo blindar la ley de amnistía incluyendo los delitos de terrorismo dentro de los casos a amnistiar. Los dos partidos independentistas buscan de esta manera asegurar que se puedan acoger con todas las garantías a la norma Carles Puigdemont y Marta Rovira, que están en el punto de mira ahora mismo en la Audiencia Nacional por parte del juez Manuel García-Castellón por el caso de Tsunami Democràtic. En el texto de proposición de ley se dejan fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo cuando haya recaído sentencia firme.

Junts y ERC quieren seguir negociando con el PSOE

Los grupos de Junts y de ERC, a pesar de no haberlo conseguido en la reunión de la Ponencia, mantienen vivas sus enmiendas individuales para el siguiente paso, que será el debate del informe en la Comisión de Justicia, que será convocada previsiblemente para el martes que viene. Fuentes de los dos partidos independentistas subrayan que van a seguir insistiendo y negociando con el PSOE y ven margen para llegar a algún tipo de acuerdo.

Desde el Gobierno, según la fuentes consultadas, se indica que están abiertos a escuchar alguna mejora técnica para incorporar a la ley durante el siguiente paso, pero siguen poniendo la línea roja en la pretensión de ERC y de Junts de eliminar la referencia el terrorismo. Las fuentes consultadas subrayan que la proposición ya está muy afinada, algo que han hecho saber a los soberanistas. En el Gobierno han analizado hasta la última coma pensando principalmente en que esa norma pase el filtro del Tribunal Constitucional, conscientes de que será recurrida por el PP. Además, en el Ejecutivo ponen en valor que al final los de Carles Puigdemont han apoyado las enmiendas de ponencia pactadas por los otros grupos previamente.

Las nueve enmiendas técnicas incorporadas este jueves buscan delimitar con claridad que todos los actos amnistiados son hechos producidos durante el proceso independentista y reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la norma. Se incluye también una modificación en el artículo 11 sobre el procedimiento en el ámbito penal para especificar que las partes y el Ministerio fiscal podrán interesar su aplicación en cualquier momento del juicio oral o al formular sus conclusiones definitivas.

También se incluye una enmienda de clarificación competencial para la aplicación de la amnistía que fija que "el alzamiento de cualesquiera medidas cautelares, incluidas las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes de detención, corresponde al órgano judicial que, en cada momento, venga conociendo de la causa". En este punto, ERC y EH Bildu se abstuvieron, aunque firmaban la enmienda, al entender que se debe negociar algún retoque técnico ante las posibles interpretaciones posteriores de jueces.

Junts ve "voluntad" de negociar en el PSOE y no ve peligrar la ley

Fuentes de Junts subrayan que van a seguir negociando con el PSOE y ven “voluntad” en los socialistas para aceptar todavía algunos cambios. Los de Carles Puigdemont quieren tocar el texto por la parte de terrorismo y su definición. No obstante, desde el espacio posconvergente no ven que se pueda poner en peligro la aprobación de esta ley durante estos pasos en el Congreso y remarcan que, pese a los titulares o la imagen de tensión, “no hay mal rollo” con Ferraz. De hecho, la votación de la Ponencia ha servido para mostrar otra vez el voto en bloque de todas las fuerzas en las enmiendas pactadas a pesar de que no las firmaran todos. 

En el grupo parlamentario socialista señalan que están abiertos a dialogar, pero que cualquier cambio técnico debería producirse en el margen del debate en la Comisión de Justicia, ya que es más difícil hacer una transaccional en el Pleno porque el reglamento del Congreso en su artículo 118 sólo las permite mientras no se oponga ningún grupo parlamentario a su admisión.

La idea que manejan en el PSOE es terminar la tramitación durante este mes de enero. La Comisión de Justicia será la semana que viene, en tanto que se fija la posibilidad de que su paso por el Pleno sea el 30 de enero, aunque fuentes parlamentarias no descartan que pueda ir una semana más tarde. La Presidencia de la Cámara Baja todavía no ha tomado la decisión.

Los letrados desmienten al PP su acusación de "ocultar" el informe

Junts apoya las enmiendas pactadas por el PSOE y ERC a la ley de amnistía

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Por lo tanto, la previsión es que a principios de febrero el texto ya esté en el Senado. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, tiene la idea, en cambio, de alargar el debate allí el máximo tiempo posible: dos meses. La amnistía se ha convertido en su principal arma contra el Gobierno de coalición y ahora el PP trata de enredar con el informe de los letrados del Congreso que siembra dudas sobre la constitucionalidad de la ley. El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, exigió este jueves que se “paralice” la tramitación tras el “demoledor” documento.

El PP también está tratando de acusar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de haber retenido la emisión de dicho informe y ha avanzado que estudia acciones contra ella por tratar de “ocultar” el documento. "Es evidente que la señora Armengol no es el árbitro imparcial del Congreso de los Diputados, es la ministra 23 al servicio de Sánchez y, desde luego, ha abandonado desde el minuto uno cualquier rasgo de institucionalidad que se le obliga a quien preside el Congreso", criticó el portavoz de los populares, Miguel Tellado.

Pero han sido los propios letrados de la Comisión de Justicia (Piedad García Escudero, Isabel Revuelta de Rojas y Fernando Castillo López) los que han desmentido al PP dentro de la reunión de la Ponencia, donde han señalado ante los diputados a puerta cerrada que se envió a todos los ponentes al mismo tiempo, aunque tuviera fecha del 10 de enero, y han negado que hubiera algún tipo de ocultación u orden por parte de la presidenta del Congreso. Es habitual, además, que el informe se envíe un día antes de la ponencia aunque esté hecho con anterioridad.