El Ministerio de Justicia, tal y como había adelantado días anteriores, ha ejecutado esta semana el desalojo de este centro social de referencia en la capital madrileña y de todos los espacios autogestionados del territorio español. Desde La Ingobernable desconocen qué día exactamente se hizo efectivo, ya que por el estado de alarma el inmueble se encontraba vacío.
No es el primer revés que sufre este colectivo. Cuando aún se encontraba emplazado en la calle del Gobernador de Madrid, inmueble de titularidad municipal, sufrió el desalojo por parte del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, cuya campaña electoral se centró en parte en acabar con este caballo de Troya de los movimientos sociales. Ese edificio posteriormente fue cedido a la Fundación Hispanojudía cuyo vicepresidente es el exministro del Partido Popular Alberto Ruiz-Gallardón.
El siguiente edificio que tomaron, el que ha sido ahora desalojado, emplazado en la calle Alberto Bosch, es de titularidad estatal y llevaba vacío y sin uso más de 5 años. Dados los colores que forman el gobierno de coalición en la Moncloa, desde Unidas Podemos se manifestaron en más de una ocasión a favor de los espacios autogestionados, por lo que parecía lógico que La Ingobernable tendría menos problemas e incluso se podría establecer un diálogo con la Administración.
El lunes 23 de marzo, ya en pleno estado de alarma, el BOE recogía la reanudación del proceso administrativo para desalojar el centro social, a pesar de que el 14 de marzo con el Real Decreto del covid-19 todos los procedimientos administrativos quedaban paralizados. Por su parte, el Ministerio de Justicia alegaba motivos de "salud pública" y de "interés general" para proceder a activar el desalojo.
El 27 de marzo un vecino asiduo al centro social presentaba alegaciones contra este proceso administrativo y días más tarde, el 16 de abril, el BOE volvía a traer una sorpresa para los ingobernables. El Ministerio de Justicia iba a proceder al desalojo del espacio en 48 horas y señalaba que no había constancia de que se hubieran presentado alegaciones durante el procedimiento abierto.
infoLibre tuvo acceso al recurso de reposición, con fecha de 15 de abril, en la que se señala que la resolución de desalojo "es nula de pleno derecho puesto que no ha tenido en cuenta las alegaciones efectuadas por este ciudadano" y pide la revocación y anulación de la resolución, así como que se "retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que se presentaron las alegaciones".
A pesar de todo ello, el desalojo se ha hecho efectivo esta semana. "El Ministerio de Justica ha ignorado las alegaciones presentadas vulnerando así el derecho fundamental a la legítima defensa en el procedimiento administrativo –denuncian desde La Ingobernable–, se reiteró que sí había alegaciones a través de un recurso emitido al ministerio el pasado viernes 17 de abril, pero continuaron ignorándolas. El resultado, tan surrealista como habitual: un Gobierno que se escuda en el legalismo saltándose a la torera su propia legalidad".
Además, denuncian "la instrumentalización del estado de alarma y un uso político de la justicia al justificar el desalojo durante la crisis por motivos de 'interés general' o 'problemas de salud pública' cuando la actividad del espacio estaba completamente detenida desde el principio del estado de alarma". Y se preguntan, "¿cómo puede este Gobierno plantear como una prioridad el desalojo de la Ingobernable, destinando recursos públicos para ello, en medio de esta crisis?".
"Silencio cómplice" de Unidas Podemos
"Es tan decepcionante como vergonzoso que, tras el anuncio de la amenaza de desalojo la semana pasada, aquellos políticos 'del cambio' que habían manifestado su apoyo a los centros sociales y al proyecto de la Ingobernable en particular, hayan mantenido un silencio cómplice e insensible a una infraestructura básica para nuestras redes comunitarias", señalan.
"El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la línea judicial/punitiva de la derecha en vez de ponerse del lado de los movimientos sociales", denuncian vía comunicado.
La Ingobernable y la crisis sanitaria
El TSJ de Madrid sentencia que el desalojo de La Ingobernable por parte de Almeida fue ilegal
Durante estos días, los miembros de La Ingobernable colaboraron activamente en la emergencia sanitaria. "Estamos fabricando mascarillas, tenemos una impresora 3D para hacer las piezas que se necesitan para habilitar las máscaras de snorkel como respiradores y también mascaras protectoras. También hemos estado en cooperación con Médicos Sin Fronteras (MSF) para dejarles materiales que teníamos en el centro para el montaje de hospitales de campaña", contaba a infoLibre una de las portavoces tras la primera notificación de la reanudación del proceso de desalojo.
Estos espacios sociales cumplen una función ciudadana como sedes para movimientos sociales de calado internacional, además de ofrecer charlas, actividades y talleres totalmente alejados del ocio mercantilizado. "La crisis social, económica y sanitaria que estamos viviendo visibiliza más que nunca que los cuidados, el apoyo mutuo y la solidaridad son imprescindibles para la reconstrucción de una sociedad. Volveremos a recuperar y abrir espacios para las vecinas, para los movimientos sociales y para la vida. Nuestra prioridad es poner la vida en el centro y en esta crisis ecónomica, social y sanitaria vamos a necesitar 10, 100, 1.000 centros sociales", advierten.
Concluyen enviando un firme mensaje al Gobierno, "si creéis que esto os ha salido bien, os equivocáis. La Ingobernable es un proyecto que va más allá de un espacio, y la okupación una práctica legítima que continuaremos llevando a cabo mientras este sistema sea así de injusto".
El Ministerio de Justicia, tal y como había adelantado días anteriores, ha ejecutado esta semana el desalojo de este centro social de referencia en la capital madrileña y de todos los espacios autogestionados del territorio español. Desde La Ingobernable desconocen qué día exactamente se hizo efectivo, ya que por el estado de alarma el inmueble se encontraba vacío.