"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así se manifestaba este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno de control del Congreso de los Diputados a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cuál va a ser la actuación del Ejecutivo a la hora de "aplicar las decisiones del Legislativo". Es decir, del Parlamento. Desde que Rajoy fue investido presidente del Gobierno, la Cámara baja ha celebrado sólo tres plenos. Son todavía muy pocos pero han servido para intuir una legislatura marcada por las tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento: intentos de veto de proposiciones de ley de la oposición, iniciativas sin carácter vinculante que los partidos venden como si tuvieran efectos normativos, amenazas de recursos ante el Constitucional...
De la respuesta de Rajoy se deduce lo que se empezó a entrever en el último día de la sesión de investidura: que su oferta de diálogo permanente y de mano tendida tenía mucha letra pequeña. Y que no está dispuesto a tocar la columna vertebral de la X Legislatura (2011-2015), cuando gobernó con mayoría absoluta. Con sus palabras se refería a que de las iniciativas que llevan los grupos al Congreso, el Gobierno sólo se siente aludido por las proposiciones de ley una vez que estas hayan culminado todo el proceso legislativo. "No es de ahora. Es sencillo y ha pasado siempre. Por mucho ruido que se quiera hacer y por muchas medallas que se cuelguen sus proponentes, las proposiciones no de ley y las mociones no tienen efecto normativo", valora un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en conversación con infoLibre.
El jefe de los conservadores vertía estas palabras un día después de que el pleno del Congreso de los Diputados hubiese aprobado por una amplísima mayoría instar al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, a instancias del Partido Socialista. También salieron adelante otras dos mociones consecuencia de interpelación urgente relacionadas con la pobreza energética (Unidos Podemos) y la amnistía fiscal (Ciudadanos).
Con su voto en contra, el PP dejó claro que no es partidario de derogar la ley mordazaley mordaza. Está dispuesto a retocarla. Pero no a que se empiece de cero. En las otras dos iniciativas se abstuvo con dos intenciones diferentes pero guiadas ambas por evitar la imagen de soledad, de ser la única fuerza que vota no. En lo relativo a la pobreza energética, los conservadores dicen abogar por "buscar entre todos" una solución. En lo relativo a la amnistía fiscal, el PP está atrapado entre el texto original de la iniciativa y el pacto que firmó con Ciudadanos. Las fuentes consultadas admiten que pueden ir poco más allá de la carta remitida a los beneficiarios de esta regularización fiscal, en la que se les advierte de que la Agencia Tributaria puede investigarles porque las posibles irregularidades no prescriben este noviembre. Subrayan que Ciudadanos está haciendo "su papel" en esta materia y que el pacto entre ambas formaciones no se va a romper por esta cuestión en la que la formación naranja sabe que el margen del Gobierno es limitado.
Ciudadanos pretendía con su moción consecuencia de interpelación urgente que el Gobierno obligue a los amnistiados fiscalmente en 2012 a que paguen el 10% de los capitales aflorados, independientemente de que las cantidades se correspondiesen a ejercicios prescritos o no prescritos. Y el Ejecutivo insiste en que es imposible aplicar este precepto ahora con carácter retroactivo porque no se puede reescribir la ley. De lo contrario, se enfrentarían a una avalancha de demandas judiciales de los beneficiarios de la amnistía. "Que los contribuyentes hayan pagado un 3% de los bienes o derechos aflorados; sencillamente no es cierto. Es mentira, porque en las rentas y patrimonio regularizado había una parte que correspondía a ejercicios ya prescritos, y hay que respetar esos periodos de prescripción. Así pues, no se puede concluir que por aflorar 40.000 millones de patrimonio oculto durante años haya que pagar 4.000 millones de euros, porque no es esa la consideración", defendió en el pleno la diputada conservadora Ana Madrazo.
Separación de poderes
En su breve intercambio de palabras con Iglesias en el Congreso, Rajoy insistió en la separación de poderes: "El control al Gobierno se hace como dice esta Cámara, el presupuesto que se aprueba es el que aprueba esta Cámara y las leyes que el Gobierno tiene que cumplir y acatar son las que dice esta Cámara. El resto es función del Gobierno, gobernar", dijo.
En el otro lado de las proposiciones no de ley y de las mociones, en el del obligado cumplimiento están las proposiciones de ley. "Ahí ya no podemos hablar del nulo efecto político-jurídico. Cualquier proposición de ley que salga del Congreso nos atañe a todos", subrayan las fuentes parlamentarias consultadas.
En el Partido Popular muestran estos días su sorpresa por el hecho de que el Partido Socialista, en su intento de ubicarse como la fuerza de referencia de la oposición, esté vendiendo como un triunfo que, por ejemplo, haya salido adelante la moción que insta al Gobierno a derogar la ley mordaza. "No son nuevos en la política. Saben que no podemos estar sin ley de Seguridad Ciudadana. ¿Volvemos a la ley Corcuera?", comenta con ironía un veterano diputado conservador. "Si realmente quieren derogar la ley, que presenten una proposición, que se mojen", reta la misma fuente. "Lo contrario tendrá mucho efecto político y mediático. Pero no pasará de ahí", subraya.
La dificultad de avanzar en los acuerdos
Tras la afirmación anterior descansa una de las cuestiones que pone en evidencia la tesis de que con un Gobierno en minoría es desde el Parlamento desde donde se gobierna. En una situación actual en la que el Gobierno está en una delicada minoría no es difícil que los grupos parlamentarios de la oposición se pongan de acuerdo, en una primera fase, para reformar una cuestión concreta de la legislación vigente. Pero en una primera fase. Otra cosa es cómo se avance en el resto del proceso: debates en comisión, presentación de enmiendas... "Son tantas las sensibilidades que hay en la Cámara que cuando se desciende a la letra pequeña es difícil llegar a grandes acuerdos. ¿Y esto que supone? Que la iniciativa original y la resultante no se parezcan en nada", relata una parlamentaria. Esto, en definitiva, permite que el Gobierno siga ganando tiempo aunque no tenga forma de frenar este tipo de iniciativas una vez reciban la luz verde definitiva.
Fuentes parlamentarias admiten que no sería nada raro que de estas mociones acaben surgiendo proposiciones de ley. De hecho, recuerdan que, en ocasiones, los grupos políticos recurren a las proposiciones no de ley y a las mociones como termómetro de iniciativas futuras de más calado.
Vetos a las proposiciones de ley
En los tres plenos que se han celebrado desde que Rajoy es presidente del Gobierno con plenos poderes se han aprobado varias tomas en consideración de proposiciones de ley. Dos de las más polémicas y de mayor calado tienen relación con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del grupo de Podemos, y la de la suspensión del calendario de la ley de educación (LOMCE), del Partido Socialista. En el segundo de los casos, el Gobierno ha tirado de su facultad de poder vetar iniciativas parlamentarias si estas suponen compromiso presupuestario para intentar que sean tramitadas en la Cámara. La Mesa del Congreso desoyó el vetó del Gobierno. Y, en respuesta, el Ejecutivo amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional.
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En materia de SMI el Gobierno tiene más complicado el veto, prácticamente imposible, si se tiene en cuenta que la iniciativa afectaría a 2018. Es decir, no afecta al Presupuesto del año que viene.
Este martes, horas antes del pleno, el PSOE informaba de que el Gobierno había presentado un escrito en el que se oponía también a la tramitación de la proposición de ley impulsada por la oposición en el Congreso para incrementar la cuantía de las pensiones un 1,2% en 2017. A día de hoy son 16 las iniciativas de este tipo vetadas por el Ejecutivo.
El órgano de Gobierno del Congreso tiene pendiente el estudio detallado de un informe de los servicios jurídicos en el que se pronuncia sobre esta cuestión de los vetos. Se verá en 15 días. Si la decisión que tome la Mesa de la Cámara no satisface a Moncloa, el último escenario de la batalla será el Constitucional.
"Pensamos aplicar aquellas que sea obligatorio aplicar". Así se manifestaba este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno de control del Congreso de los Diputados a una pregunta del líder de Podemos. Pablo Iglesias quería saber cuál va a ser la actuación del Ejecutivo a la hora de "aplicar las decisiones del Legislativo". Es decir, del Parlamento. Desde que Rajoy fue investido presidente del Gobierno, la Cámara baja ha celebrado sólo tres plenos. Son todavía muy pocos pero han servido para intuir una legislatura marcada por las tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento: intentos de veto de proposiciones de ley de la oposición, iniciativas sin carácter vinculante que los partidos venden como si tuvieran efectos normativos, amenazas de recursos ante el Constitucional...