El Partido Popular y el Gobierno viven con intranquilidad las horas previas a la manifestación contra la retirada de la reforma de la ley del aborto que recorrerá este sábado las calles de Madrid, pasando precisamente por la sede de la formación conservadora. El partido de Rajoy, habitual tras las pancartas de este tipo de concentraciones en la época del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, verá ahora como los cánticos y consignas se dirigen contra ellos. No en vano, el objeto de la concentración es protestar por la marcha atrás del Ejecutivo en un asunto que llevaban en su programa electoral y que se vio obligado a rectificar. En todo este proceso cayó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
A esta preocupación –a nadie se le escapa que el grueso de los asistentes forman parte del electorado al que se dirigen los conservadores– se suma el hecho de que al menos una decena de parlamentarios del PP y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya han anunciado su asistencia. El proceso de la frustrada ley de Gallardón ya causó muchas fisuras en el partido y ahora, en plena ebullución de la crisis con Cataluña y los escándalos de corrupción Rajoy no quiere más vías de agua.
En este contexto, el Gobierno intentó este viernes hacer una llamada a la calma comprometiéndose a trasladar en breve al Congreso de los Diputados la prometida ley de protección de la infancia, un texto en manos del departamento de Ana Mato que incluye la necesidad de que las menores de 18 años que quieran interrumpir su embarazo cuenten con el consentimiento paterno. Esta fue la fórmula que encontró Mariano Rajoy de establecer equilibrios en su partido y su electorado en el momento en el que retirá la ley presentada por el exministro de Justicia, que borraba de un plumazo la ley de plazos de Zapatero y volvía a una de supuestos más restrictiva que la de 1985.
"La ley no se demorará", señaló la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según sostuvo Soraya Sáenz de Santamaría, el proyecto de Sanidad ya está en manos del Consejo de Estado y estará de vuelta al Gobierno en las próximas semanas. Será cuando el texto esté en la cámara cuando el Grupo Parlamentario Popular iniciará una ronda de contactos con los grupos para buscar consensos.
Junto a Santamaría, estaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los miembros del Gobierno que sí admitió en su día sentirse identificado con la reforma de Ruiz-Gallardón. El titular de Interior aseguró que no iba a asistir pero que sigue pensando lo mismo al respecto. "No voy a ir a la manifestación pero eso no significa que se hayan cambiado mis convicciones", dijo. "No hay ser más vulnerable que el niño que va a nacer y lo he defendido siempre", insistió.
Se dio la circunstancia de que en la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se sentaron dos de las personas que han mantenido opiniones contradictorias en lo que la reforma de la ley del aborto se refiere. Según fuentes conocedoras de este proceso, la vicepresidenta del Gobierno fue una de las voces que más se opuso al texto de Ruiz-Gallardón. Por el contrario, Fernández Díaz, fue uno de sus máximos defensores.
Por su parte, Santamaría añadió que desde el Gobierno se respeta la libertad de expresión y manifestación. "Somos muy conscientes de que es un tema con un una carga social importante en el que la opinión de cada uno debe respetarse". "Somos conscientes de que además de posiciones políticas hay posiciones individuales", dijo preguntada sobre los compañeros de su partido que van a asistir.
Reacción esperada
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En un momento tan delicado en las encuestas, el éxito o fracaso de la convocatoria será analizado puertas adentro del PP. Los conservadores son conscientes de que gran parte de aquellos que se declaran en la abstención son votantes suyos tradicionales, normalmente muy fieles, que se declaran defraudados por el incumplimiento del programa electoral. Y la reforma de la ley del aborto es una pieza clave. Antes de guardar la ley en un cajón, el Ejecutivo puso en una balanza los pros y contras de dar marcha atrás. Ganaron los puntos a favor. Pero ya contaban con una respuesta similar a la que tendrán este sábado en las calles de Madrid y con el enfado de los obispos y de los medios de comunicación más conservadores.
Uno de los principales temores de algunas de las fuentes consultadas es que la marcha pueda servir también de altavoz de otras demandas que el electorado más conservador del PP hace al partido de Rajoy. Tras el 9-N, algunos dirigentes han constatado el enfado de sus votantes por la poco contundente respuesta del presidente y por su retraso –tardó tres días– a la hora de comparecer.
La manifestación, con el lema "Cada vida importa. Por la vida, la mujer y la maternidad", fue convocada el pasado 7 de octubre, poco después de que Mariano Rajoy anunciase la retirada de la ley del aborto y que esto provocase la renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Según la página web que informa de la jornada, son más de 40 las asociaciones españolas convocantes. Entre ellas están el Foro de la Familia, Hazte Oír o la Federación Española de Familias Numerosas. De fuera de España, son 47 las organizaciones adheridas.
El Partido Popular y el Gobierno viven con intranquilidad las horas previas a la manifestación contra la retirada de la reforma de la ley del aborto que recorrerá este sábado las calles de Madrid, pasando precisamente por la sede de la formación conservadora. El partido de Rajoy, habitual tras las pancartas de este tipo de concentraciones en la época del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, verá ahora como los cánticos y consignas se dirigen contra ellos. No en vano, el objeto de la concentración es protestar por la marcha atrás del Ejecutivo en un asunto que llevaban en su programa electoral y que se vio obligado a rectificar. En todo este proceso cayó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.