Las familias confían en que las exhumaciones de Cuelgamuros no tengan marcha atrás
Iba a ser un domingo tranquilo en uno de esos pueblos en los que resulta más complicado conseguir cobertura que cazar gamusinos. Pero al caer la tarde, el teléfono de Silvia Navarro empezó a echar humo. De un momento a otro, comenzaron a entrar llamadas. Y mientras las atendía, los mensajes de felicitación se amontonaban en Whatsapp. Hacía pocos minutos que el diario El País había adelantado que comenzaba la búsqueda en Cuelgamuros de más de un centenar de personas. Una buena noticia que el Gobierno se encargó de trasladar oficialmente a las familias durante la madrugada. "Se ponen en marcha las exhumaciones forenses en las criptas, que incluyen la búsqueda de su familiar José Antonio Marco", rezaba la carta recibida por Navarro. Un paso al frente a poco más de un mes de las generales.
La devolución de restos que se encuentran inhumados en Cuelgamuros es un asunto que lleva pendiente desde hace más de una década. De hecho, en el famoso informe de noviembre de 2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos ya recomendaba a las autoridades que satisfaciesen, "en la medida de lo posible", las reclamaciones de las familias en este sentido. Al principio, todo fue inmovilismo. Al menos hasta 2015, cuando la justicia abrió la vía de las recuperaciones dando la razón a la familia Lapeña. A partir de ahí comenzó un eterno camino al que se fueron sumando decenas de familiares. En total, el Gobierno busca dentro del mausoleo a 128 personas, entre las que hay republicanos y franquistas. Un auténtico reto en lo que a la antropología forense se refiere.
Tras más de una década de lucha, Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación, celebra que por fin entren los forenses en las criptas de Cuelgamuros. Ahora bien, no esconde su "inquietud" respecto a lo que "pueda pasar" después del verano. Al fin y al cabo, el histórico paso al frente del Ejecutivo se produce cuando queda poco más de un mes para las elecciones generales. Unos comicios que podrían terminar llevando a la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido derogar la Ley de Memoria Democrática si alcanza el Ejecutivo. Una norma contra la que también se ha mostrado beligerante su potencial socio parlamentario: la ultraderecha de Vox.
El abogado memorialista Eduardo Ranz, que representa a una parte de quienes reclaman sin descanso los restos de sus seres queridos, no ve demasiado margen para fulminar el proceso de exhumación aunque se produzca un cambio en el Gobierno. En el caso de los Lapeña, porque hay una sentencia judicial firme que debe cumplirse y que reconoce el derecho de la familia a recuperar los restos de Manuel y Ramiro, un veterinario y herrero vinculados a la CNT de Calatayud que fueron asesinados tras el golpe de Estado. Y en el caso del resto de reclamantes, porque Patrimonio Nacional ya ha expedido los reconocimientos de exhumación pertinentes. "Anular una resolución así es complejo", cree el letrado en conversación telefónica con infoLibre.
Otra cosa, opina el abogado, son las peticiones que se puedan ir haciendo a futuro. Primero, porque si el PP cumple con su promesa y deroga la Ley de Memoria, las nuevas familias ya no podrían agarrarse a ese precepto de la norma que obliga a atender "las reclamaciones y peticiones" que tengan por objeto "instar la exhumación y entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros". Y segundo, porque a través de Patrimonio Nacional, que depende directamente del Ejecutivo, se podría no conceder autorización para nuevas búsquedas. Este diario se ha puesto en contacto con la formación conservadora para saber si tiene intención de impedir las exhumaciones en Cuelgamuros si llega al Gobierno. A cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.
Fuentes del Gobierno también ven "muy difícil" a nivel jurídico que se pueda tumbar el proceso que se ha iniciado este mismo lunes. Unos trabajos que estaba previsto que comenzaran a finales de 2021 pero que acabaron paralizados durante algo más de un año como consecuencia de la ofensiva judicial impulsada desde diferentes colectivos ultras y la posición del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a las licencias. Durante ese tiempo falleció Silvino Gil, que trataba de recuperar los restos de su padre, un agricultor reclutado por el Ejército golpista. Y también el activista memorialista Miguel Ángel Capapé, que un año antes había visto cómo su suegro Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los anarquistas de Calatayud, moría sin poder recuperar los restos de su padre y su tío.
Un "reto formidable" lleno de dificultades
Pero ahora, con los obstáculos jurídicos ya superados, el Ejecutivo se ha metido de lleno en el proceso de exhumación. Desde este lunes, un equipo de quince expertos de todas las disciplinas trabaja en la capilla del Santo Sepulcro, ubicada a la derecha del altar junto al que yacían hasta hace poco los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Distribuida en cinco pisos, esta capilla es la que aglutina el mayor número de restos mortales de la considerada mayor fosa común de la dictadura. En total, según los datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay algo más de 18.000 víctimas distribuidas en casi siete millares de columbarios. En algunos casos esas cajas son individuales. En otros, colectivas.
El equipo forense ha iniciado los trabajos en el nivel cero. Y en él buscarán 18 cuerpos reclamados por sus familias. Uno de ellos es el de Valérico Canales. Este jornalero de Pajares de Adaja (Ávila) fue asesinado por una cuadrilla de falangistas. Según explica su hijo Fausto a este diario, su padre está en la caja 198. Junto con otros seis paisanos: Celestino, Emilio, Flora, Pedro Ángel, Román y Víctor. En ese mismo nivel, según señala el hombre, que ahora mismo acaricia los noventa años, deberían estar otras dos víctimas más de Navalmoral de la Sierra, también en Ávila.
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Una vez superado ese primer nivel, los trabajos continuarán en los otros cuatro, de abajo a arriba, para buscar los restos de otras 59 personas más. Es el caso de José Antonio Marco Viedma, tío abuelo de Silvia Navarro, un industrial simpatizante de Izquierda Republicana que fue asesinado extrajudicialmente en el verano de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. También de los hermanos José y Antonio Cansado Lamata, los hermanos Lapeña y Rafael Abril, a quien su hija Mercedes trata de llevar de vuelta a casa con noventa años. O de Aquilino Baragaño, un minero vinculado a la CNT que murió durante la Guerra Civil y cuyos restos fueron llevados a Cuelgamuros en 1959. Reposan, según la familia, en el columbario 2.135, ubicado en la tercera planta de la Cripta del Santo Sepulcro.
"Tengo mucha ilusión y estoy esperanzado, pero también soy consciente de que es una labor complicada", señala al otro lado del teléfono Fausto Canales, quien también batalla por recuperar los restos de su tío Victorino de la cripta de Nuestra Señora de África. En un informe elaborado en 2018, el Consejo Médico Forense ya advertía de que las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros eran un "reto formidable desde el punto de vista de la antropología forense". "El deterioro molecular que se produce después de un intervalo post mortal tan prolongado y la baja probabilidad de contar con adecuadas muestras de referencia indubitadas disminuye la capacidad diagnóstica de los resultados", resaltaba a propósito de los hermanos Lapeña.
El reputado antropólogo Francisco Etxebarria, asesor del Gobierno en materia de memoria, ya señaló hace unos meses en declaraciones a infoLibre que la intervención sería "complicada". "La mayor dificultad a la que nos enfrentamos es el deterioro de los contenedores. Buscamos cajas concretas con rotulaciones específicas, por lo que si la madera se ha degradado y los esqueletos se han mezclado de forma masiva, la investigación quedaría muy limitada e, incluso, podría ser inviable", resaltaba el forense, al tiempo que recordaba que en un 10% de los cuerpos que se recuperan en fosas comunes "no se logra obtener ADN". En aquel momento, cuando la ofensiva ultra aún no había conseguido paralizar el proceso, en el Gobierno calculaban que los trabajos podrían durar un mes por cada piso de las capillas. Ahora, sin embargo, prefieren no hacer estimaciones.
