“¿Primo de Rivera es más importante que mi abuelo?”: las familias exigen que se aceleren la exhumaciones
Cualquier paso orientado a democratizar lo que durante más de medio siglo fue símbolo de la dictadura siempre será bueno. Pero pierde su dulzura cuando se lleva más de un lustro esperando para que saquen a un ser querido de aquel mismo oscuro lugar anclado en plena sierra madrileña de Guadarrama. Maribel Luna Baragaño conoce a la perfección esa mezcla de sentimientos. Es la que ha inundado su cuerpo desde que se ha conocido que el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, será exhumado el próximo lunes de la Basílica de Cuelgamuros. El proceso, con el que se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, ha sido rápido. En apenas seis meses, todo resuelto. Por eso, en la cabeza de la mujer solo ronda una pregunta: "¿Qué pasa, que Primo de Rivera es más importante que mi abuelo?".
Se refiere a Aquilino Baragaño Montes. Era minero y trabajó en Pozo Fondón, una emblemática explotación junto al río Nalón. Nacido en Candaneo (Asturias) y vinculado a la CNT, el güelín se alistó en las milicias y emprendió el camino hacia el frente. Y fue allí donde cayó. En plena batalla, fue herido en la cabeza y trasladado a un hospital del bando golpista en Salas, donde falleció. Dos décadas después, el 2 de julio de 1959, sus restos fueron depositados en Cuelgamuros sin el permiso de la familia. En su caso, individualizados e identificados. Reposan en el columbario 2.135, ubicado en la tercera planta de la Cripta Derecha, tal y como figura en uno de los documentos del monumento recuperado tras una laboriosa investigación.
El del minero es sólo uno de los miles de cuerpos –más de 33.800– que desde hace décadas reposan bajo la inmensa cruz de más de un centenar de metros que preside el complejo monumental. Y el de Pedro Gil Calonge es otro. Natural de Tajahuerce (Soria), fue reclutado por el Ejército golpista al comienzo de la Guerra Civil. Estuvo destinado como zapador en Huesca. "Cavando trincheras", resume su nieta Rosa Gil. Hasta que una bala perdida puso fin a su vida. Su traslado al Hospital Militar de Zaragoza no sirvió de nada. El joven agricultor falleció en 1937. Era jueves, 1 de julio. "Nosotros al menos tenemos un certificado de defunción, algo de lo que otras personas ni siquiera disponen", resalta la nieta.
Descendientes de uno y otro bando, a Rosa y Maribel les une el deseo de recuperar a sus seres queridos de un Cuelgamuros al que fueron trasladados sin permiso alguno. "Cada día que me levanto pienso que ese puede ser en el que me llamen para decirme que encontraron ya la caja de mi abuelo y que nos van a devolver los restos para que podamos enterrarlos con los de mi abuela. Pero nunca pasa", señala la nieta de Baragaño. Una larga espera que ya resulta insoportable. "Siempre pensamos que en el momento de recuperar a mi abuelo experimentaríamos una mezcla de alegría y tristeza, pero llegados a este punto creo que ahora será de tristeza y hartazgo. Nos han quitado la ilusión", apunta la de Gil Calonge.
"La paciencia se ha agotado"
Este hastío es consecuencia de una batalla prolongada durante demasiado tiempo. Un calvario que también ha vivido en sus propias carnes Silvia Navarro. Ella trata de recuperar los restos de su tío abuelo José Antonio Marco Viedma, secuestrado y asesinado extrajudicialmente en el verano de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. Era industrial, simpatizante de Izquierda Republicana y masón de tercer grado. Y muy conocido en el pueblo por la utilización de la furgoneta familiar para llevar a obreros a los mítines de Manuel Azaña en Madrid. "Esto se está alargando mucho y la paciencia se ha agotado. Queremos que saquen ya a los nuestros", asevera Navarro en conversación con infoLibre.
La Agrupación de Familiares Pro Exhumación, que Navarro preside, lleva desde hace más de una década pidiendo la salida de restos. Fue su gran reclamación cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió el melón sobre el futuro de Cuelgamuros. Pero el PP llegó a Moncloa. Y sus esperanzas se desvanecieron. Todo cambió, sin embargo, en la primavera de 2016, cuando un juez madrileño sentenció que el derecho a una sepultura digna "está indisolublemente unido a la dignidad de todo ser humano". Lo hizo en el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, un veterinario y un herrero vinculados a la CNT de Calatayud asesinados tras el golpe de Estado, arrojados a una fosa común y luego trasladados al mausoleo franquista.
El abogado Eduardo Ranz fue quien llevó aquel caso. Y quien aún hoy, siete años después, sigue esperando a que se cumpla aquella sentencia que abrió de par en par la puerta de las exhumaciones. "Que el proceso sea rápido para unos y se eternice para otros genera discriminación", afirma el letrado. La tardanza se debe a múltiples factores. Primero, a la necesidad de solicitar informes a los profesionales sobre la viabilidad de unas actuaciones que son sumamente complejas. Y luego, cuando todo estaba listo para arrancar, a una ofensiva judicial de la ultraderecha que ha dilatado aún más el proceso. Ahora, con todas las vías despejadas, todo está ya preparado para entrar a las criptas. Solo falta, según El País, un informe sobre sustancias tóxicas.
"Se fue con la sensación de que nadie hacía nada"
El término "discriminación" también sale a flote con Paco Cansado. Él es nieto y sobrino-nieto de los hermanos José y Antonio Cansado, asesinados en 1936, como los Lapeña, por la zona de Calatayud. "En el caso de Franco también hubo recursos judiciales y en pocos meses estaba fuera. El caso de Primo de Rivera se ha resuelto en medio año. Y nosotros seguimos esperando. ¿Eso no es discriminación? Claro que sí", reflexiona Paco Cansado mientras lamenta que no se avance "en lo que realmente se debería". La familia está convencida de que los hermanos están en las cajas numeradas entre el 2.061 y 2.069, ubicadas en la tercera planta de la cripta derecha. Nueve columbarios que contienen los restos de 81 personas que llegaron en abril de 1959 procedentes de Calatayud.
Navarro también habla de "frustración". La frustración que produce, en concreto, el hecho de ver cómo los familiares se van quedando por el camino en esta larga espera. Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los anarquistas de Calatayud, falleció en septiembre de 2021. El pasado mes de diciembre, el que había sido su yerno, el activista memorialista Miguel Ángel Capapé. Y hace poco, según confirma la familia, Silvino Gil, el hijo del agricultor soriano convertido en zapador durante la guerra. "Se fue con la sensación de que nadie hacía nada", señala su hija. Y sin poder cavar, como siempre quiso, ese hoyo que permitiría descansar en paz de una vez por todas a su padre.
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Los descendientes directos que aún quedan con vida, mientras tanto, no paran de envejecer. Los hijos de los hermanos Cansado tienen ahora 100 y 92 años. Y Mercedes Abril, buscadora incansable de su padre Rafael Abril, y Fausto Canales acarician los noventa. Este último, luchador incansable, trata de recuperar los restos de su padre, Valérico Canales, y de su tío Victorino, el primero asesinado por falangistas y el segundo muerto en el frente. En su caso, se muestra algo más esperanzado: "Yo creo que los pasos que se van dando son los adecuados y desde diciembre se está trabajando de nuevo con ritmo y con precauciones. Esperemos que en pocos meses puedan culminar el trabajo", dice. Ahora bien, cree que esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
Las labores alrededor de la búsqueda y recuperación de los restos de algo más de un centenar de personas serán complejas. Primero, por el deterioro de los contenedores: hace una década Patrimonio Nacional dejaba constancia de "material óseo suelto y amontonado" en el osario. Y luego por la dificultad de las identificaciones. "El deterioro natural de los restos biológicos que se produce 80 años después del fallecimiento conduce a una modificación de las estructuras morfológicas, al efecto y la acción de los cambios tafonómicos y a una degradación molecular que afecta a la capacidad de detectar las particularidades que permiten la identificación de las características que distinguen a unas personas de otras", avisó en su día el Consejo Médico Forense.
Las familias son plenamente conscientes de ello. Y lo asumen. Solo piden que la búsqueda y recuperación, a la que el Gobierno sigue comprometiéndose, empiece cuanto antes, que no se deje correr más el tiempo. Como lo han sido las otras vividas hasta ahora en Cuelgamuros. "Yo también quiero un proceso rápido. ¿Por qué los suyos [en referencia al del dictador y el fundador de la Falange] han sido tan rápidos y el nuestro no?", insiste la nieta del zapador. Y mientras, la misma pregunta sigue resonando en la cabeza de Maribel Luna Baragaño: "¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Unos son más importantes que los otros? ¿Primo de Rivera es más importante que mi abuelo?".
