Hace casi cuatro años el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón impulsó la ley 10/2012 del 20 de noviembre, conocida como ley de tasas judiciales, que prometía una mejora en la financiación del sistema judicial y, concretamente, en la justicia gratuita. A día de hoy, y tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de las tasas, el Ministerio de Justicia admite, en respuesta a las cuestiones planteadas por infoLibre, que los más de 500 millones recaudados los ha repartido Hacienda según sus "necesidades" y no han ido a parar al objetivo señalado inicialmente.
El pasado 29 de julio, el TC calificó como inconstitucionales las tasas judiciales a personas jurídicas –que hasta la reforma del 2015 también debían pagar las personas físicas–, que en noviembre del 2012 impuso Gallardón.
Tan sólo un año después de su aplicación, un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo consiguió que la norma fuera modificada para rebajar ciertas cuantías y exonerar el pago de trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En 2015, Rafael Catalá decidió anular la ley respecto a las personas físicas, la última reforma antes de su total desaparición.
Las tasas aplicadas durante más de tres años supusieron una recaudación de más de 500 millones de euros sólo hasta 2015, según datos ofrecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a una pregunta parlamentaria: en diciembre de 2012 fue de 8,7 millones de euros, mientras que en 2013 alcanzó los 316,5 millones y hasta noviembre de 2014 la cantidad fue de 187,1 millones de euros. Es decir, un total de 512,4 millones, sin tener en cuenta todo el año 2015 ni los meses de 2016 en que estuvo vigente.
infoLibre contactó con el Ministerio de Justicia para aclarar el paradero de los millones recaudados. Tras una primera evasiva, fuentes oficiales del departamento de Catalá han confirmado a este periódico que los más de 500 millones recaudados por las tasas han ido a parar al Ministerio de Hacienda, "donde el importe se distribuye entre las necesidades que surjan", en lugar de destinarse a un fin concreto. En este sentido, subrayan que el funcionamiento habitual se basa en "un reparto no finalista" de la recaudación, y que por tanto es "imposible conocer exactamente cuál ha sido el destino de ese dinero" en los últimos años.
La respuesta ofrecida por el Ministerio coincide con la declarada a finales de 2014, cuando el Ejecutivo reconocía desconocer el paradero de los millones ingresados. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, los conservadores aseguraron que "el Ministerio no dispone de información al respecto", y que no corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".
Estas declaraciones contrastan, sin embargo, con la promesa realizada por el Gobierno de Rajoy cuando aprobó las tasas judiciales. En el año 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que la ley de tasas serviría para "garantizar más la justicia gratuita". Además, en la propia norma 10/2012 se establece que los efectos de la misma derivarán en "mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita".
Los jueces lamentan la falta de compromisos firmes
Las cuatro asociaciones de jueces a nivel estatal han expuesto, en declaraciones a este diario, su posición respecto a las palabras del Ministerio, después de que algunas de ellas –Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Fiscales y Unión Progresista de Secretarios Judiciales– emitieran el pasado martes un comunicado exigiendo al Gobierno respuestas sobre el paradero de lo recaudado.Raimundo Prado
, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, advierte con cautela que "lo lógico es que una partida presupuestaria como esa, que se ingresaba a través de Justicia, hubiera ido al Ministerio de Justicia para mejorar el sistema".
Prado entiende que, si finalmente no se devuelve el importe a los afectados, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional, "por lo menos habría que saber a dónde" se ha dirigido dicha recaudación. "Si dicen que ha ido a Hacienda y se ha difuminado en otros gastos del Estado", continúa el magistrado, "creemos que se ha hecho mal, pero estamos acostumbrados: en Justicia se invierte poquísimo, donde menos", lamenta.
El juez Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, reconoce que "sí era lo esperado, en el sentido de que se impusieron unas tasas sin reflexión, sin estudio, sin saber qué era lo que se estaba haciendo", y en lo que considera un ejercicio de "muy poco sentido común". Por ello, continúa, "la cosa tenía que acabar mal".
Por otro lado, Gallardo destaca que "los bancos, aseguradoras y grandes empresas son los grandes usuarios de la justicia y los grandes beneficiados", de forma que aboga por "volver a estudiar un sistema que sea acorde con la decisión del Constitucional y a su vez permita recuperar parte del dinero" recaudado con la ley de tasas.
Finalmente, el profesional aprovecha para criticar que "si una persona tiene que pagar, pongamos por caso, 800 euros en tasas, tendrá también que pagar otros 5.000 euros en servicios como un abogado". Por ello, añade, "que se diga que el principal problema son las tasas, resulta hipócrita" porque lo que supone un verdadero obstáculo para que el ciudadano acceda a la justicia son "los servicios profesionales".
El actual portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, explica en conversación con este medio que la actuación del Gobierno responde al "principio de caja única", según el cual todos los ingresos se centralizan en una tesorería única, que tiene a su cargo la gestión y el destino de la recaudación obtenida.
La inversión en justicia gratuita es 16 millones menos que hace cinco años, aunque subió en el último ejercicio
No obstante, González Vega censura que, de este modo, la promesa de Gallardón enfocada a "mejorar la asistencia jurídica gratuita no se haya cumplido, y el dinero ni siquiera se haya invertido en el servicio público de justicia". Por tanto, a juicio del portavoz, "los compromisos en su día adquiridos han quedado en papel mojado".
Por su parte, Celso Rodríguez, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, admite que su organización "no tiene una opinión formada al respecto porque todo el dinero que se recauda a través del acuerdo de la legislación española se invierte en esa caja general llamada tesoro público, y los Presupuestos Generales determinan la aplicación concreta en función del gasto", por lo que, incide, "no es posible establecer ninguna tasa con una finalidad concreta".
Pese a ello, Rodríguez entiende que "si en su momento se anunció que se destinaría en exclusiva o preferentemente a justicia, tendría que haberse hecho". El magistrado observa, en este sentido, que "todo parece indicar que no se ha producido en los niveles necesarios una inversión suficiente para satisfacer el trabajo ejercido diariamente por los profesionales de justicia". Finalmente, el portavoz de la asociación judicial subraya que "con independencia de que la recaudación hubiera ido a parar al tesoro público, sí que se necesita una inversión mucho mayor en el capítulo de la justicia gratuita", concluye.
Hace casi cuatro años el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón impulsó la ley 10/2012 del 20 de noviembre, conocida como ley de tasas judiciales, que prometía una mejora en la financiación del sistema judicial y, concretamente, en la justicia gratuita. A día de hoy, y tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de las tasas, el Ministerio de Justicia admite, en respuesta a las cuestiones planteadas por infoLibre, que los más de 500 millones recaudados los ha repartido Hacienda según sus "necesidades" y no han ido a parar al objetivo señalado inicialmente.