La aplicación de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado no es todavía una realidad. Al menos, en lo relacionado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las declaraciones de patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. Para justificar este incumplimiento, el Gobierno se escuda en la falta del desarrollo reglamentario de esta ley... cuestión que depende en exclusiva del propio Gobierno.
Así consta en una respuesta a infoLibre tras una petición de información a través del Portal de la Transparencia. Este diario se interesaba por el "retraso" a la hora de publicar los datos de patrimonio de los altos cargos. Y la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, subraya que, en efecto, "no está publicado el acceso a las declaraciones de bienes y derechos recibidas desde la última resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 20 de octubre de 2014".
¿El motivo? En la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses se informa de que "el artículo 21.5 de la, actualmente vigente, Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado condiciona la publicación del contenido de estas declaraciones al desarrollo reglamentario, el cual está pendiente de que finalice su tramitación".
Efectivamente, el citado artículo 21.5 de la citada ley señala que "el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, en los términos previstos reglamentariamente". Pero no pasa inadvertido que de la aprobación de este texto han transcurrido ya casi tres años y que uno de los efectos que esto está teniendo es que el Gobierno de Rajoy haya cumplido ya un año en la Moncloa en esta XII Legislatura sin que se hagan públicos estos datos.
Labor exclusiva del Gobierno
El desarrollo de los reglamentos en una labor exclusiva del Gobierno. Es decir, que Mariano Rajoy no necesita buscar apoyos parlamentarios en esta legislatura en la que no cuenta con mayoría absoluta para la dotación reglamentaria de la ley del alto cargo.
Pese a que en la respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses se afirma que el reglamento "está pendiente de que finalice su tramitación", la realidad es que en el Portal de la Transparencia no se recoge todavía este reglamento en el apartado destinado a la "normativa en elaboración".
La última vez que se publicaron los datos de patrimonio de ministros y secretarios de Estado fue en 2014. Se hizo en base a la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, una iniciativa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Pregunta parlamentaria
El pasado marzo, en una pregunta escrita al Gobierno, el senador Carles Mulet (Compromís) preguntaba sobre el "estado de la tramitación del desarrollo reglamentario del artículo 21.5 de la ley 2/2015?".
Mulet, integrado en el Grupo Mixto, recordaba en su pregunta "que no está aún publicado el acceso a las declaraciones de bienes y derechos recibidas desde la última resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 20 de octubre de 2014".
La respuesta del Ejecutivo llegó el 7 de junio de 2017. En ella se señala que "la publicación de esta información está condicionada" al desarrollo reglamentario.
Sin concretar la demanda exacta del senador, el Gobierno señaló que "una vez que el reglamento" entre en vigor "y que la indicada información esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, se podría dar acceso a la misma a través de otros medios de publicidad activa".
El control sobre los datos consignados
En la misma consulta, infoLibre preguntó si la Oficina de Conflictos de Intereses está estudiando algún tipo de "mecanismo" para "verificar" las declaraciones que de patrimonio que realizan los ministros y los secretarios de Estado o "estudiar posibles omisiones de información o informaciones inexactas".
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"Por parte del personal de la Oficina de Conflictos de Intereses se revisan todas las declaraciones presentadas y se solicita información complementaria tanto en relación con las declaraciones de actividades y de derechos y bienes patrimoniales que entregan los altos cargos, como en relación a las comunicaciones de actividad que han de remitir cuando cesan en el mismo", señalan. Así lo exige la ley, añaden.
No obstante, el Tribunal de Cuentas, en el "informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal" de los ejercicios 2012-2014 subraya que "la OCI se limitó a gestionar adecuadamente los registros de bienes y de actividades que tiene encomendados, pero no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar los datos declarados".
También señala que "tampoco se compararon las declaraciones que se presentaban con las inscritas con anterioridad o, al menos, en las entidades fiscalizadas no se han acreditado resultados de estas comparaciones, ni existió un procedimiento expreso y general para realizarlas".
La aplicación de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado no es todavía una realidad. Al menos, en lo relacionado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las declaraciones de patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. Para justificar este incumplimiento, el Gobierno se escuda en la falta del desarrollo reglamentario de esta ley... cuestión que depende en exclusiva del propio Gobierno.