Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, daba el anuncio: la preocupación por la desinformación y las noticias falsas había aterrizado en el Gobierno. Concretamente, su departamento intentará poner en funcionamiento lo que ya se está "desarrollando en Europa" para "tratar de contener" lo que denominó "un problema grave de desinformación", especialmente ante un proceso electoral. Este viernes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, recuperaba el anuncio y reiteraba la "preocupación" de su equipo ante las noticias falsas y "la vulneración del derecho a la información". Una preocupación que desde hace años se extiende por países miembros de la Unión Europea.
En Europa, señalaba la vicepresidenta, "hay un grupo de trabajo que coordina decisiones en el marco del derecho común". España, añadía, también tiene "esa preocupación", de manera que ha decidido dar el paso de "incorporarse a la coordinación europea". La idea es trabajar sobre "un sistema de alertas rápidas para detectar noticias falsas". De esta manera, cuando los ciudadanos "reciban una noticia falsa", al mismo tiempo y de manera inmediata puedan acceder al "desmentido, la realidad sustantiva de que esa noticia no está fundamentada en la verdad". Lo relatado por Calvo en la rueda de prensa cristalizará finalmente en un Plan de Lucha contra la Desinformación, posible tras un informe encabezado por Borrell sobre desinformación y la amenaza global que supone. El ministro describe el grupo de trabajo interministerial –con personal de Moncloa, Exteriores, Interior, Defensa y Economía– sobre desinformación que, coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, trabajará de ahora en adelante bajo la denominación de Comisión Permanente contra la Desinformación.
Según el Plan de Acción contra la Desinformación puesto en marcha en diciembre de 2018 por la Comisión Europea, "para hacer frente a la desinformación se requiere determinación política y una acción unificada", trabajando siempre "en estrecha cooperación entre las instituciones de la UE, los países miembros y las organizaciones de la sociedad civil". La estrategia planteaba el reto de mejorar "la capacidad de las instituciones de la UE para detectar, analizar y destapar la desinformación", así como "reforzar las respuestas coordinadas y conjuntas a la desinformación", movilizar al sector privado para hacer frente a la desinformación y fomentar la sensibilización entre la ciudadanía. Uno de los mecanismos que contempla el plan está intrínsecamente relacionado con el anuncio del Gobierno de España y tiene que ver con la creación de "un sistema específico de alerta rápida entre las instituciones de la UE y los Estados miembros para facilitar el intercambio de datos y la evaluación de las campañas de desinformación". De cara a las elecciones europeas, prometía la Comisión Europea, el sistema de alerta rápida se introducirá "a más tardar en marzo de 2019". Finalmente, el sistema se lanzará el lunes en Bruselas.
Además de la acción coordinada entre los países europeos, algunos territorios han desarrollado legislación y herramientas propias para luchar contra el problema de la desinformación. Iniciativas que, no obstante, no han estado exentas de críticas de todos los frentes debido a la fina línea entre control de contenido y censura. Estas son algunas de las principales propuestas desarrolladas en los últimos años:
Alemania y su ley NetzDG
Alemania se inclinó por trabajar sobre el problema a golpe legislativo. En junio de 2017, el Bundestag aprobó la ley conocida como NetzDG. La norma se dirige fundamentalmente a las redes sociales y busca eliminar contenido de odio en las plataformas. Obliga, en este sentido, a retirar de las redes noticias falsas o discursos que inciten al odio en un plazo de 24 horas, bajo penas de hasta 50 millones de euros.
En el país germano fue el departamento de Justicia el encargado de impulsar la ley. Facebook incorpora desde entonces una guía sobre el contenido denunciable en el marco de la NetzDG siempre que el mismo infrinja "las disposiciones del Código Penal alemán recogidas en dicha ley". La mayoría de preceptos denunciables tienen que ver con el discurso de odio, aunque también se menciona "la divulgación de material propagandístico de organizaciones anticonstitucionales", la "difamación de asociaciones religiosas e ideológicas" o la "ofensa y difamación".
En caso de detectar contenido de este tipo, el usuario podrá denunciarlo mediante formularios específicos para la NetzDG. La norma, además, "exige a las redes sociales incluidas la recopilación de cierta información, como el número de denuncias que se han recibido en el marco de la NetzDG y la forma en que se han atendido". El último estudio publicado por Facebook en relación a la normativa alemana data de julio de 2018 y en él menciona el número de reclamaciones recibidas sobre contenidos ilícitos, que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018 ascendió a 886 denuncias.
Francia "contra la manipulación"
El camino iniciado por Alemania fue seguido poco después por Francia. También el país galo optó por trabajar sobre un proyecto de ley relativa a la "lucha contra la manipulación de la información", aunque en esta ocasión la intención era aplicarlo únicamente durante los periodos electorales. La legislación, impulsada en diciembre de 2018 y en vigor desde marzo de 2019, permite a un candidato o partido iniciar la vía judicial para frenar la difusión de informaciones falsas durante los tres meses precedentes a un proceso de comicios, pero sólo si se considera probado que se realiza de "manera deliberada".
El artículo primero de la ley define la desinformación como "toda alegación o imputación de un hecho inexacto o engañoso" y la norma establece "tres meses anteriores al primer día del mes de las elecciones generales y hasta la fecha de la ronda de votaciones en la que se celebren" como plazo para iniciar el procedimiento, siempre que se difundan "de forma deliberada, artificial o automática y en gran número, a través de un servicio de comunicación pública en línea". El juez podrá, relata la ley, actuar a petición del fiscal, candidato, partido, grupo político o toda persona interesada. Asimismo y respecto a las medidas cautelares, el magistrado se pronunciará al respecto en el plazo de 48 horas a partir de la fecha de la remisión.
Italia y el botón rojo virtual
El sistema diseñado por el Gobierno italiano para detectar las noticias falsas resulta especialmente gráfico: se trata de un botón rojo virtual que el usuario puede activar para denunciar este tipo de contenido. En esta ocasión fue el Ministerio del Interior el encargado de impulsarlo con el propósito de evitar la propagación de noticias falsas en la red.
La excusa, de nuevo, el proceso electoral. La herramienta fue lanzada exclusivamente de cara a las elecciones que se celebraron en marzo de 2018 y se desarrolló a través de la web de la Policía Postal, responsable de la batalla contra el crimen online. Un equipo de expertos fue designado para analizar las alertas y concluir sobre su contenido.
"El servicio tiene como objetivo proteger a los ciudadanos frente a las noticias falsas, pero sin la menor idea de entrar en el debate político. Creo que es un servicio público y el hecho de que la policía lo haga es una garantía y no una preocupación", señalaba el exministro de Interior Marco Minniti al respecto. Según informaba la prensa entonces, el equipo dedicado a examinar las notificaciones contactaría con su proveedor para tramitar la eliminación del contenido o, en caso de noticias de relevancia penal, sería la autoridad judicial quien decidiera sobre su destino.
"Sabemos que la campaña electoral es un momento delicado e importante, pero pretendemos verificar sólo las noticias claramente infundadas, nunca diremos si las opiniones de tal o cual político no son ciertas", matizaba hace un año el jefe de policía, Franco Gabrielli.
República Checa por los "procesos democráticos"
De nuevo el periodo electoral se presenta como momento clave para la lucha contra las fake news, esta vez en República Checa. A finales de 2016, las autoridades decidieron iniciar su particular cruzada contra la desinformación a través de la creación de una unidad especial –Centro contra el terrorismo y las amenazas híbridas– dedicada a combatir las noticias falsas. El objetivo consistía en neutralizar toda interferencia de cara a las elecciones generales de octubre de 2017.
El Gobierno checo hablaba entonces de propaganda rusa y de la necesidad de evitar contenido capaz de "desalentar a las personas a participar en los procesos democráticos", según afirmaba el secretario de Estado para los Asuntos Europeos del Gobierno de la República Checa. El centro nació en el seno del Ministerio del Interior y comenzó a funcionar el primero de enero de 2017.
Fue ideado como una unidad especializada de análisis y comunicación, cuya actividad se basa esencialmente en monitorear "las amenazas directamente relacionadas con la seguridad interna", donde enmarca las "campañas de desinformación relacionadas con la seguridad interna". A raíz de ello, la unidad trata de evaluar "los desafíos detectados" y plantea "propuestas de soluciones sustantivas y legislativas que también implementará cuando sea posible". Tal y como relata un artículo de The Washington Post, el centro decidió no eliminar las plataformas que difundieran noticias falsas por temor a acusaciones de censura. En lugar de ello, "el centro con sede en Praga ha confiado en los medios de comunicación para recoger sus tweets o declaraciones para desacreditar los contenidos online engañosos", en una suerte de corrección, explica el texto. La web del centro define la desinformación como un "engaño sistemático y deliberado".
La unidad especializada de Reino Unido
Así quiere plantar cara la UE a la desinformación en periodo electoral
El modelo de la República Checa es similar al puesto en marcha en Reino Unido, que en 2018 abrió una unidad contra las noticias falsas compuesta por un grupo de expertos en redes sociales. El proyecto echó andar en abril bajo una prueba piloto de seis meses financiada por la Oficina del Gabinete.
Según una pregunta parlamentaria respondida en junio por la ministra de la Oficina del Gabinete, Chloe Smith, el coste anual de la unidad asciende a 342.825 libras –poco más de 400.000 euros–, incluyendo los salarios de los funcionarios. Desde su lanzamiento, "la unidad ha supervisado las 24 horas del día las noticias de última hora", decía Smith y añadía que "la dependencia cuenta actualmente con cinco funcionarios a tiempo completo y otros cuatro funcionarios que la apoyan como parte de sus funciones más amplias".
En febrero del presente año y a través de otra pregunta parlamentaria, Smith hablaba de un "exitoso periodo de operaciones piloto". La unidad, aseguraba, "está ayudando al Gobierno a comprender el entorno cada vez más complejo de las noticias online", lo que a su juicio garantiza "actuar con rapidez para abordar la información falsa identificada" y así "promover un debate público basado en los hechos". El centro está impulsando mejoras y "proporcionando a las oficinas de los medios de comunicación las herramientas y habilidades necesarias para dirigirse adecuadamente a los ciudadanos".
Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, daba el anuncio: la preocupación por la desinformación y las noticias falsas había aterrizado en el Gobierno. Concretamente, su departamento intentará poner en funcionamiento lo que ya se está "desarrollando en Europa" para "tratar de contener" lo que denominó "un problema grave de desinformación", especialmente ante un proceso electoral. Este viernes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, recuperaba el anuncio y reiteraba la "preocupación" de su equipo ante las noticias falsas y "la vulneración del derecho a la información". Una preocupación que desde hace años se extiende por países miembros de la Unión Europea.