El Gobierno estudia acciones legales contra el presidente del Parlamento balear por romper una foto de Aurora Picornell
El Gobierno estudia llevar a cabo acciones legales contra el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), por arrancar una fotografía de Aurora Picornell durante una sesión plenaria, aunque todavía no han decidido si actuarán amparándose en la Ley de Memoria Democrática o de otra norma. Así lo ha señalado este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno, que ha calificado la actuación de Le Senne como "fuera de lugar, incomprensible y cruel" por romper la foto de una mujer "asesinada por el franquismo".
Se refería así a lo sucedido durante el pleno del día anterior en Baleares, en el que se debatía la propuesta de Vox de derogar la ley autonómica de Memoria Democrática, en el que el presidente de la Cámara arrancó una fotografía de Picornell del ordenador de la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Mercedes Garrido, a la que expulsó de la sala ante la negativa de retirar esta y otras fotografías de víctimas del franquismo.
Posteriormente Le Senne afirmó que no tuvo intención de romper la citada imagen y justificó la expulsión de Garrido y de la también diputada socialista Pilar Costa por su "actitud provocadora".
También se ha pronunciado al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que dice que tomarán una decisión en base a informes de los servicios jurídicos del Ministerio y de la Abogacía del Estado. "Una vez tengamos esos informes actuaremos en consecuencia, si procede", señala. "Vamos a estudiar si estamos ante un delito de odio, si estamos ante justamente enaltecimiento del franquismo, si lo que se ha hecho es un acto que va más allá incluso de lo que es la propia rotura de lo que es una foto, todo eso lo vamos lógicamente a analizar", ha explicado, apuntando a que hay incluso una responsabilidad que "va más allá del ámbito judicial" y que tiene que ver "con la ética y la moral".
En todo caso, dice que el modo en que actuó Le Senne fue "lamentable" a quien le atribuye una actitud "agresiva" y fuera de la normalidad y le reprocha que en base a su cargo debería ser ordenar los debates "y no ser el 'hooligan'" de la Cámara. Por tanto le exige que pida perdón y dimita.
Considera además que todos los integrantes del Congreso de los Diputados deberían condenar estos hechos porque cree que lo que intenta hacer Vox, junto al PP es llevar a cabo una "involución" en la Historia al querer derogar la ley de Memoria. Advierte además de que quien no condena estos actos "antidemocráticos y fuera de cualquier ética" termina siendo "cómplice" de los mismos.
Finalmente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera "reprobable" y "lamentable" la actuación del dirigente de Vox y considera que pone en cuestión la cultura democrática de algunos representantes políticos y el reconocimiento de lo que supuso el franquismo. Considera además que quedó patente que el PP sigue "sometido" a la influencia de fuerzas políticas "poco democráticas".
Advierte con recurrir al TC
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En otro orden de cosas, Torres ha advertido de que el Gobierno actuará como hizo con Aragón -recurriendo al TC- en el caso de el Parlament balear siga adelante con derogación de la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares y no se acudan a una comisión bilateral para abordar el asunto.
"Si continúan adelante con la tramitación y termina aprobándose esa proposición de ley, el Gobierno de España automáticamente activará la negociación con el Govern Balear y si no se sientan con nosotros, como no lo hizo el Gobierno de Aragón, iremos al Tribunal Constitucional", ha advertido, agregando que "lógicamente" también llevarán su denuncia "a las instituciones internacionales y europeas en defensa de los Derechos Humanos".
El ministro ha apelado al "sentido común" para no llegar a la misma situación que con Aragón, porque con la derogación la ley de memoria se hace "más difícil" que las asociaciones memorialistas "recuperen a sus familiares". "¿Qué dolor hay para nadie que impida el que una persona pueda tener los restos de la familia y darle la sepultura que crea o se merezca?", ha proseguido.
