Tres ministerios –Interior, Empleo y Justicia– trabajarán con Vicepresidencia del Gobierno para estudiar las medidas que se puedan adoptar para negar el acceso a prestaciones sociales del Estado a etarras que no se han arrepentido de sus crímenes ni han pagado sus indemnizaciones. Estos son los dos requisitos que ha establecido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Sáenz de Santamaría ha argumentado que si la Administración Pública hace "un esfuerzo de solidaridad en general con personas con necesidad económica", que al menos "se les puedan exigir estos compromisos como arrepentirse de los crímenes o tener satisfechas sus responsabilidades civiles". En ese sentido, la vicepresidenta ha reconocido la existencia de "un grupo de trabajo interministerios" que analiza si estas prestaciones asistenciales, dentro de la Constitución Española, se puede condicionar su obtención al cumplimiento de estos compromisos legales o de arrepentimiento.
Además, Sáenz de Santamaría ha añadido que la etarra Inés del Río, recientemente excarcelada tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, aún debe al Estado 253.000 euros que no están prescritos. Desde el Ministerio del Interior cifran en 19 millones de euros la deuda total que el Estado tuvo que asumir por las acciones terroristas de la delincuente. Ese dinero fue en su día anticipado por la Administración para hacer frente al pago de las indemnizaciones para sus víctimas, ya que la terrorista se declaró insolvente.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha insistido en que esa cantidad corresponde a la parte que aún no ha prescrito. Por esta razón se van a bloquear los 31.500 euros con los que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España a pagar a la etarra por haber permanecido cinco años de mas en prisión por la aplicación de la doctrina Parot. "No es que no se vaya a cumplir la sentencia de Estrasburgo, se va a compensar como consecuencia del embargo que el Estado puede hacer de los bienes de Inés del Río esa deuda que ella tiene con el Estado", ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Tres ministerios –Interior, Empleo y Justicia– trabajarán con Vicepresidencia del Gobierno para estudiar las medidas que se puedan adoptar para negar el acceso a prestaciones sociales del Estado a etarras que no se han arrepentido de sus crímenes ni han pagado sus indemnizaciones. Estos son los dos requisitos que ha establecido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.