Despejado el calendario de la pandemia —salvo sorpresas, la nueva normalidad habrá llegado a toda España antes de que termine el mes de junio—, y mientras los diferentes ministerios trabajan en la reactivación de la agenda de la legislatura, el Gobierno se prepara para el siguiente paso: decidir cómo y quién va a pagar la factura del desastre económico que ha tocado pago para poner bajo control la pandemia.
El escudo social levantado contra los efectos más nocivos de la crisis y las medidas de reactivación que hay que tomar para tratar de devolver a la vida a sectores claves de la economía española como el turismo o la automoción,turismoautomoción combinados con una recaudación impositiva muy por debajo de las expectativas van a tensionar como pocas veces las cuentas de la administración.
Hay que buscar dinero. Y para conseguirlo, el Gobierno va a recurrir a tres vías: el endeudamiento, las ayudas de la Unión Europea y los impuestos. El recurso a la deuda no tiene discusión porque es inevitable y la apelación a la solidaridad continental está ya en marcha. Ahora toca afrontar la reforma fiscal. Ese es el debate que viene, en el seno de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso y dentro del Gobierno, porque en pocas semanas tocará reformar los objetivos de déficit y de deuda y el techo de gasto, magnitudes que son la antesala del proyecto de Presupuestos para 2021. Las cifras vigentes que se aprobaron antes de la pandemia ya no sirven, son papel mojado. Fueron diseñadas para un mundo que ya no existe, en el que la economía española crecía por encima de la media de sazona euro.
Definir esos nuevos objetivos significa que Hacienda y Economía tienen que echar cuentas entre lo que el Gobierno prevé gastar y lo que hace falta recaudar. Y hacerlo de manera que en un plazo razonable, de aquí al final de la legislatura, la deuda y el déficit vuelvan a estar bajo control.
La reforma fiscal de la coalición, tal y como figura en el acuerdo de Gobierno, tiene cuatro pilares. En primer lugar, una reforma de la ley de Sociedades para que las grandes empresas y la banca dejen de tener a su disposición recursos para acabar pagando menos impuestos que las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, una ambiciosa ley de lucha contra el fraude fiscal.
El tercer y el cuarto pilar son dos proyectos de ley que ya están en el Congreso de los Diputados, pendientes de tramitación. Uno es el que pretende que las grandes empresas tecnológicas —sobre todo multinacionales extranjeras— que nutren una buena parte de su abultada cuenta de resultados gracias a la actividad que desarrollan en España paguen los impuestos que les corresponden mediante un mecanismo sencillo: gravando las actividades digitales que comercien con los datos de los usuarios. El otro proyecto es el que penalizará fiscalmente la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas, la mayoría de ellas del Ibex 35. Aquí el objetivo es gravar el capital especulativo.
El juego de las mayorías
No hay aquí, en principio, discrepancias serias entre PSOE y Unidas Podemos. Pero sacar adelante esta reforma fiscal obligará a contar con otros partidos y modular el alcance de cada una de ellas, tanto con formaciones moderadas, como el PNV, como con partidos de izquierdas (Esquerra). Por no hablar de Ciudadanos, cuyo ADN es radicalmente contrario a cualquier impuesto.
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La reforma fiscal es uno de los asuntos clave que debe abordar la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso. Y será allí donde Unidas Podemos, con el visto bueno del PSOE, plantee su propuesta para aprobar un impuesto a las grandes fortunas.
Definir estos impuestos, su alcance y su modulación, será decisivo para redactar el proyecto de Presupuestos Generales de 2021. De ahí que el Gobierno tenga la expectativa de empezar a construir en la Comisión de Reconstrucción la mayoría que necesita para sacarlos adelante en el Congreso. Una mayoría fundada, en principio, sobre el bloque de la investidura, a quienes sigue considerando “socios prioritarios”, pero que no excluye a Ciudadanos, especialmente desde que el nuevo liderazgo de este partido, encarnado por Inés Arrimadas, se abriese a negociar con el Gobierno.
“El Gobierno tiene acuerdos estables con los partidos que apoyaron la investidura pero también vocación de ampliar esas mayorías”, subrayó este martes su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesus Montero. “Ojalá el Presupuesto cuente no sólo con aquellos que hicieron posible la investidura sino con otras formaciones políticas que están trabajando conjuntamente ocn el Gobierno en la Comisión de Reconstrucción”, De ella, remarcó, tienen que salir “conclusiones” que sirvan “de base para que podamos elaborar esas nuevas cuentas públicas”. Y “si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los elementos sobre los que tiene que pivotar el futuro de nuestro país, también es lógico que el primer presupuesto” que los aplique consiga el mismo respaldo.