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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

El Gobierno frena la actividad legislativa del Congreso

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"¿Qué funciones cumple a su juicio el veto presupuestario?" Según figura en el orden del día del Pleno de control de este miércoles el presidente del Gobierno tendrá que responder a esta pregunta del diputado Pablo Iglesias. El líder de Unidos Podemos cuestiona así a Mariano Rajoy sobre uno de los recursos de los que más está tirando el Ejecutivo para frenar las iniciativas de la oposición en una legislatura en la que sus 134 diputados no sirven al PP para derrotar a sus rivales políticos. Atrás queda su más que sobrada mayoría absoluta de la X Legislatura (2011-2015), la del llamado "rodillo parlamentario".

En lo que va de XII Legislatura, el Gobierno ha vetado una veintena de proposiciones de ley de los grupos de la oposición apelando a la facultad que le otorga la Constitución de echar atrás aquellas iniciativas que impliquen un compromiso presupuestario. El número total de proposiciones registradas es de 87.

La cara B de esta estrategia está en que el Gobierno huye, por lo general, de presentar proyectos de ley por su debilidad parlamentaria y la dificultad de sacarlos adelante y se refugia en los decretos ley. A día de hoy, en el registro del Parlamento sólo descansan cuatro proyectos de ley, tres de ellos para trasponer directivas del Parlamento Europeo y una decena de reales decretos.

El "impuesto al sol"

Uno de los últimos vetos ha sido a la Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. 

En este caso, el Ejecutivo alegó que esta regulación que pretende derogar el conocido como "impuesto al sol" supondría una reducción en la recaudación de 162 millones de euros en concepto de impuestos y un gasto de 10 millones extra en compensaciones.

Este mismo martes, la Mesa del Congreso Congreso rechazó, gracias a los votos del PP y de Ciudadanos, levantar el veto del Gobierno. Es la segunda vez que ocurre en una semana. Hace siete días, el órgano del Gobierno se había pronunciado en el mismo sentido y los grupos parlamentarios de la izquierda reclamaron una reconsideración.

En Gobierno tira del TC

El choque a costa de los vetos no es solo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios autores de las iniciativas en cuestión. También es a nivel institucional. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa dos acuerdos del Consejo de Ministros en los que se queja de que la Cámara haya levantado los vetos previos del Gobierno. El primero de ellos tiene que ver con una iniciativa del PSOE  para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. El segundo, que también parte de una iniciativa del PSOE, tiene que ver con la suspensión del calendario de implantación de la Lomce.

El Tribunal Constitucional también tiene pendiente, desde la breve XI Legislatura, resolver un "conflicto de atribuciones" entre el Congreso y el Gobierno motivado por la negativa del Ejecutivo, por entonces en funciones, de someterse al control de la Cámara.

Estos conflictos institucionales también tienen su base en que el PP ya no controla el órgano de Gobierno del Congreso y pierde en las votaciones si el partido de Albert Rivera no va de su mano.

Justificación de los vetos

En su comunicación de disconformidad con la tramitación de las iniciativas, el Gobierno comunica a la Cámara que lo hace "en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara", que "no procede la toma en consideración por el Pleno". La formulación es siempre la misma.

El citado artículo de la Carta Magna sostiene que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". El del reglamento del Congreso, por su parte, establece que ejercitada la proposición de ley "la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

Además del ya citado veto a la Proposición de Ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico, en registro de la Cámara, recoge, entre otros, el freno a una iniciativa de reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores propuesta por el grupo de Pablo Iglesias. O varias iniciativas para la supresión de tasas judiciales.

También han recibido el portazo del Gobierno varias proposiciones de ley de comunidades autónomas. Es el caso de la que proponía la modificación del régimen especial de las Illes Balears. O la de Galicia demandando la transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9.

Las explicaciones de Rajoy

También fue vetada la proposición de ley del Parlamento vasco de demandaba la creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto, decisión que la semana pasada fue abordada en el pleno de control por el diputado del PNV Aitor Esteban.

En plena negociación entre el PP y el PNV vascos para la aprobación de los presupuestos autonómicos, Esteban quiso conocer de boca de Rajoy los argumentos que "aduce" el Gobierno para oponerse a la tramitación de esta iniciativa. Tras citar los artículos de la Constitución y del reglamento del Congreso a los que recurre el Gobierno en sus escritos para justificar los vetos, Rajoy se limitó a ejercer "la competencia que le concede la Constitución"

Fue en respuesta a Rajoy cuando Esteban aprovechó para quejarse en sede parlamentaria de los obstáculos que el Gobierno está poniendo a la actividad legislativa. "Muchísimas de las iniciativas que se han presentado ante el Parlamento no tienen por qué afectar al presupuesto actual. Claro que van a afectar a un presupuesto, ¿pero por qué al actual?".

A juicio del parlamentario del PNV "ha habido un abuso por parte del Gobierno calificando la imposibilidad por modificación y aumento de los gastos del presupuesto". "Si uno hace cuentas, han sido nada más y nada menos que veintiuna veces, seis en casos de comunidades autónomas, quince en el caso de proposiciones de los grupos de la Cámara", añadió antes de criticar la actitud del Gobierno hacia el Parlamento.

"Urgente necesidad"

Esteban se quejó también de la distancia entre el número de proyectos de ley y decretos presentados por el Ejecutivo. Cuatro frente a once, recordó. "¿Seguimos con la dinámica de presentar decretos leyes, tal y como hacía cuando incluso tenía mayoría absoluta?", preguntó recordando que la Constitución reserva estas iniciativas para casos de "extraordinaria o urgente necesidad".

Justo un día después, Rajoy recibía un duro golpe parlamentario después de que el Congreso rechazara el real decreto que pretende liberalizar el sector de la estiba de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea. El 'no' del Congreso a esta iniciativa del Gobierno no fue la primera derrota del Ejecutivo en esta XII Legislatura. Pero sí fue un 'no' histórico si se tiene en cuenta que para buscar una situación similar en la hemeroteca hay que viajar hasta 1979.

El PP: "Nosotros respetamos la ley"

Las fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular consultadas por infoLibre señalan que el recurso al real decreto no es exclusivo del PP. Sobre los vetos, defienden que lo único que se está haciendo desde el Gobierno es respetar la ley. "Hacer lo contrario sería, además de inconstitucional, irresponsable", señala un destacado dirigente conservador. "No se puede incrementar el gasto con prespuestos tan ajustados. ¿Qué es mejor aprobar una cosa que no puedes dotar presupuestariamente o incumplir la ley?", se pregunta. 

"Entendemos que la oposición tiene que hacer oposición pero tiene que estar un poco a la altura del momento que vive España y dejar el oportunismo en según qué momentos", valora un diputado. La misma fuente recuerda que la proposición de ley del Parlamento vasco sobre la creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto fue presentada por el Grupo Popular en la Cámara de Vitoria y el PNV y el PSOE votaron en contra.

El propio Rajoy se refirió a este episodio en su duelo dialéctico con Aitor Esteban de la semana pasada: "¿Y qué hicieron? Traerlo a esta Cámara para que el fondo se creara aquí con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Conviene que todos recordemos bien esta historia , señor Esteban. Sí, sí conviene porque luego llega uno aquí y le pegan una bronca", intentó defenderse.

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Si no hay cambios de última hora, el Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros de marzo el proyecto de ley de Presupuestos. Sería el quinto de la legislatura. El resultado de la votación en el decreto de la estiba disparó todas las alarmas en el PP y en Ejecutivo a cuenta de la actitud de Ciudadanos, su socio de investidura. No obstante, Rivera ha insistido en que apoyarán al Gobierno.

Pese a que Rajoy insiste en que su idea es agotar la legislatura, también insiste en que los partidos de la oposición deben ser responsables, lo que en círculos políticos ha sido interpretado como una especie de amenaza si se tiene en cuenta que a partir del 3 de mayo puede disolver las Cortes y convocar elecciones.

Las fuentes del PP y del Gobierno consultadas confían en logar sacar adelante los PGE con los votos de Ciudadanos, el PNV y el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo. En todo caso, a día de hoy, no creen que Rajoy vaya a convocar elecciones si no lo consigue. Sí apuestan, no obstante, por una legislatura "corta".

"¿Qué funciones cumple a su juicio el veto presupuestario?" Según figura en el orden del día del Pleno de control de este miércoles el presidente del Gobierno tendrá que responder a esta pregunta del diputado Pablo Iglesias. El líder de Unidos Podemos cuestiona así a Mariano Rajoy sobre uno de los recursos de los que más está tirando el Ejecutivo para frenar las iniciativas de la oposición en una legislatura en la que sus 134 diputados no sirven al PP para derrotar a sus rivales políticos. Atrás queda su más que sobrada mayoría absoluta de la X Legislatura (2011-2015), la del llamado "rodillo parlamentario".

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