El grupo Canal de Isabel II, gestora del ciclo integral del agua y la mayor empresa pública de Madrid, gastó 21,5 millones de euros en noviembre de 2013 en comprar una empresa brasileña de riesgo en una operación que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahora se conocía que el valor contable de esa empresa, Emissao Engenharia e Construçao, adquirida en el mandato de Ignacio González como presidente regional, se había desplomado a la mitad –10 millones– en un mes. Pero lo que había permanecido oculto es que una adquisición de la envergadura descrita se hizo sin que mediara una valoración independiente previa, lo que en el argot financiero y contable se conoce como due diligence (diligencia debida).
La due diligence encomendada a firmas independientes constituye un trámite habitual no ya en operaciones de gran calibre como la de Emissao sino en cualquier compra significativa. Su ausencia podría implicar, cuando menos y en opinión de las fuentes conocedoras de la gestión del Canal de Isabel II, una actuación imprudente y lesiva para la compañía por parte de sus administradores.
La ausencia de una due diligence independiente fue uno de los motivos por los que el Gobierno de Cristina Cifuentes puso el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción ya en 2016. Hace un mes, y tras solicitar sin éxito al Ejecutivo madrileño copia de esa denuncia, los tres grupos de oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos– elevaron una segunda denuncia a Anticorrupción en la que cifran en 35 millones el quebranto provocado.
Emissao pertenecía a una familia brasileña. Pero "aproximadamente el 75% del precio" se abonó en Suiza y el 25% restante en el país donde se localiza la firma, aseguran las fuentes consultadas. Esas mismas fuentes recalcan no obstante que el hecho de que se realizaran pagos en la Confederación Helvética, asociada en el imaginario colectivo a la evasión fiscal, el blanqueo y el trasvase de fondos turbios, no significa nada en sí mismo: máxime –enfatizan– si el vendedor reside en un país como Brasil donde, por ejemplo, la inflación puede superar los dos dígitos y la moneda está sujeta a constantes fluctuaciones. No obstante –conceden quienes conocen lo sucedido–, "es cierto que una vez en Suiza es más difícil seguir el dinero".
Las fuentes pulsadas por infoLibre aseguran que el Canal llegó a encargar una due diligence a KPMG. Pero que el trabajo, del que la empresa pública conserva "borradores con membrete", no llegó a culminarse. KPMG, que alertó de los riesgos y la "complejidad" de la compra, aconsejó "a mediados de 2013" continuar las investigaciones antes de cerrar la operación. La auditora finalizó "dos fases" del estudio. Y nunca abordó la tercera, decisiva para alcanzar una conclusión sobre el precio razonable que el Canal debería pagar por Emissao. De hecho, y a través de su filial latinoamericana Inassa, con sede en Colombia, el Canal "solo" pagó a KPMG algo más de 50.000 euros por aquel trabajo, una cifra "muy inferior" a lo que habría debido desembolsar cualquiera por una due diligence sobre una adquisición superior en precio a los 20 millones de euros.
Una forma de operar "inconcebible"
La auditora KPMG –relatan las fuentes consultadas– había recomendado seguir analizando en profundidad diversos aspectos de la operación en marcha, entre ellos los tributarios y laborales. El Canal acudió para ello a "despachos" colombianos y brasileños. Pero a ninguno de los nuevos asesores le requirió tampoco para que acometiera una tasación final del precio razonable de Emissao.
Quienes han podido analizar lo ocurrido con Emissao han recalcado a este diario lo "inconcebible" de que una compra de semejante magnitud se acometiera "sin una valoración independiente" y con el dictamen interno del equipo del Canal como único respaldo de aquella operación.
Dragados pagó tres millones a la empresa de la familia González en el campo de golf del Canal
La llegada del nuevo equipo gestor de la presidenta Cristina Cifuentes al Canal de Isabel II desembocó en el cese de la plana mayor que había controlado el grupo empresarial desde los tiempos en que Ignacio González ostentaba la vicepresidencia del Ejecutivo regional y manejaba personalmente las riendas de la empresa de agua y sus filiales. Tanto el entonces presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, como la directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, fueron destituidos de manera fulminante. Las sombras que rodeaban la compra de la brasileña Emissao fueron determinantes en aquellos ceses, corroboran las fuentes consultadas.
La adquisición se articuló a través de una sociedad domiciliada en Uruguay –Soluciones Andinas de Agua– dominada a su vez por otra empresa, esta panameña y constituida por un bufete andorrano experto en negocios con territorios offshore. O, lo que es lo mismo, territorios opacos. "Se hizo a través de Uruguay con el argumento de que al tratarse de un país de Mercosur, al igual que Brasil, ofrecía más ventajas tributarias, aunque no deja de ser discutible que se hiciera así", explica una fuente al tiempo que apela a la cautela dado que la operación se encuentra sujeta a las pesquisas de la Fiscalía: "Que el valor contable de la empresa–aduce– cayera a la mitad en un mes no significa necesariamente nada, cuánto vale una compañía no se sabe de manera efectiva hasta que se vende de nuevo o se cierra".
El grupo Canal de Isabel II, gestora del ciclo integral del agua y la mayor empresa pública de Madrid, gastó 21,5 millones de euros en noviembre de 2013 en comprar una empresa brasileña de riesgo en una operación que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahora se conocía que el valor contable de esa empresa, Emissao Engenharia e Construçao, adquirida en el mandato de Ignacio González como presidente regional, se había desplomado a la mitad –10 millones– en un mes. Pero lo que había permanecido oculto es que una adquisición de la envergadura descrita se hizo sin que mediara una valoración independiente previa, lo que en el argot financiero y contable se conoce como due diligence (diligencia debida).