El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada este jueves por el Parlamento catalán para ratificarse en los objetivos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que ya fue suspendida por el propio TC.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, que ha precisado que el recurso se presentará tan pronto como el Gobierno reciba el preceptivo informe del Consejo de Estado, que ya ha sido solicitado.
Esta impugnación, ha explicado Celáa, se hace "en defensa de la Constitución y del Estatut", y no pretende afectar a la determinación que mantiene el Gobierno de seguir intentando una salida política al conflicto en Cataluña. Dicho con otras palabras, el respeto a la legalidad va por un itinerario, el jurídico, y la política por otro.
La moción aprobada el jueves en el Parlament con los votos de Junts per Catalunya, ERC y la CUP ratifica los objetivos políticos de una declaración anterior de 2015, por la que se proclamaba el inicio de un proceso unilateral de creación de una República catalana independiente en el que se desobedecería –no habría subordinación, según su lenguaje– al resto de instituciones españolas, entre ellas el TC.
Antes de conocer la respuesta del sector independentista al recurso, Celáa subrayaba que, con independencia del anunciado recurso, el Ejecutivo mantiene "grandes esperanzas" de que salga bien el encuentro programado entre el presidente Pedro Sánchez y el jefe de la Generalitat, Quim Torra, este lunes 9 de julio en el Palacio de la Moncloa.
Sánchez tiene intención de presentarle en ese encuentro a Torra una agenda cargada de iniciativas y proyectos que interesan a "la totalidad" de los catalanes, y que tienen que ver con inversiones en esa comunidad, transferencias y con la intención de reducir la cantidad de litigios en el TC que enfrenta al Estado con Cataluña.
Todos estos temas, que ha rehusado desgranar antes del lunes, podrán desarrollarse en comisiones bilaterales entre el Gobierno español y la Generalitat previstas en el Estatut y que permanecen inactivas desde 2011.
"Llevamos fuerza, ilusión, firmeza en relación a esa reunión y esperamos la reciprocidad", ha resumido la portavoz, que ha esperado que así lo entiendan el resto de fuerzas políticas en Cataluña y decidan transitar por la misma semana junto al Ejecutivo español.
Pero Torra ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere hablar con Sánchez de cómo culminar el proceso de independencia iniciado ya en Cataluña.
El Gobierno no le impedirá que plantee lo que considere conveniente en Moncloa, pero le ha advertido, como ha recordado este viernes Celáa, que "el derecho de autodeterminación no existe" en la Constitución española como tampoco en ninguna otra Carta Magna de "estados democráticos homologables" a España. El derecho internacional, ha apuntado, sólo reconoce el ejercicio del derecho de autodeterminación para "pueblos colonizados o vejados". Por lo tanto, esa reivindicación del independentismo catalán "no tiene ningún recorrido", ha abundado.
La portavoz ha señalado que el presidente del Gobierno está dispuesto a celebrar posteriores reuniones con Torra, pero también ha dejado claro que para eso será necesario que la primera salga bien. "Sánchez escuchará, y a continuación analizará y actuará", ha indicado Celáa, que ha subrayado que el Gobierno está por la "apertura de espacios de diálogo" con la Generalitat, pero espera algo a cambio. "Esperamos en justa reciprocidad inteligencia política por parte de Torra", ha destacado.
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A la portavoz se le ha preguntado expresamente qué límites pone a esta mano tendida a Torra. Celáa ha explicado que la voluntad del Gobierno es intentar una distensión "lo más posible, hasta el final" porque la política tiene la obligación de hacerlo.
Pero ha reconocido que "la otra parte debe poner lo suyo" también. Bajo su punto de vista, existe una "oportunidad extraordinaria dada por la política para la política".
El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada este jueves por el Parlamento catalán para ratificarse en los objetivos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que ya fue suspendida por el propio TC.