El Gobierno inicia su reforma educativa con el desmontaje de la 'Ley Wert' en nombre de la “enseñanza personalizada”

El Consejo de Ministros rescató este martes, para enviarla al Congreso de los Diputados, la reforma de la ley de Educación que la ministra Isabel Celaá ya intentó impulsar hace un año y que acabó decayendo a los pocos días con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El proyecto de ley pretende derogar la vigente normativa, conocida como Ley Wert, en referencia al ministro del PP que la impulsó durante el primer mandato de Mariano Rajoy, y ha sido presentada por Celaá como la primera pieza y “piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro”.

Este proceso de transformación incluye la modernización de la Formación Profesional, la reforma de la profesión docente, el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Para conseguir esos objetivos, el Gobierno se propone incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

La norma, que iniciará ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE tendrá que esforzarse por atar la mayoría que necesita para sacarla adelante, reivindica “un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje”.

El proyecto de ley quiere extender la educación infantil de 0 a 3 años, asegurar una distribución equilibrada del alumnado y reforzar la prevención de la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada “para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades”.

El objetivo, subraya el ministerio, es que el alumnado tenga “más y mejores oportunidades”, el profesorado “los recursos necesarios para una educación más personalizada” y las familias, “una participación más activa”.

La norma pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros “un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas”. Por ese motivo propone eliminar los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduzca al mismo título de graduado en ESO. Los alumnos y alumnas que superen la FP Básica recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria.

La Ley Celaá, como ya ha sido bautizada por los medios, apuesta por la actualización del currículo, “haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos”.

La Educación Primaria se organizará en tres ciclos y se eliminará la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparecerá la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración), al tiempo que se suprimirán definitivamente las pruebas finales de etapa.

El texto regula también las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, aunque se declara “respetuosa con el marco constitucional” y “basada en la cooperación y lealtad institucional”. A través de este sistema recuperará el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que según el Gobierno “venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013” —un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial—.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tendrán la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Con la nueva ley todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursarán una materia de educación en valores cívicos y éticos y en Bachillerato se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

La religión, optativa y sin alternativa

Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.

El objetivo de la ley es también incrementar la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa. Según el Gobierno, “el profesorado verá reforzado su papel protagonista en la acción educativa mediante la capacidad de adaptar los planes de trabajo y aplicar pedagogías activas”.

La nueva norma da prioridad a los centros que se organicen “bajo el principio de coeducación”. De esta forma, aquellos que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su sexo o su orientación sexual “serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la ley”. Y en los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades concertadas, se priorizará a los que apliquen el principio de coeducación y “no separen al alumnado por su género o su orientación sexual”.

Este es un extremo que no gusta a Unidas Podemos, que desea cerrar el grifo de los fondos públicos a cualquier centro que segregue por sexo. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ya ha anunciado que su grupo enmendará el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja. Los dos partidos en el Gobierno están de acuerdo en que esta norma “se pueda mejorar con enmiendas” durante el trámite parlamentario. “Si se hubiera mejorado antes, se habrían dilatado mucho los tiempos para pedir informes. De esta manera, puede llegar rápido a la Cámara y a partir de ahí estamos de acuerdo en presentar las enmiendas para hacerla mejor”, explicó Echenique. Según el acuerdo de coalición, añadió, en leyes que redacte "una de las partes" de este Ejecutivo, como esta de Educación o la de la Eutanasia, añadió, los textos se podrán mejorar "en sede parlamentaria".

El Gobierno asegura que el proyecto es el resultado de un amplio proceso de participación “con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas”, ha sido revisado por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo. También se ha presentado ante las Comisiones de Educación y Formación Profesional del Congreso y del Senado y por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el máximo órgano de la comunidad educativa) aprobó por mayoría absoluta el informe del anteproyecto presentado por la Comisión Permanente.

La oposición de la derecha a esta ley será frontal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ya ha anunciado que la llevará ante el Tribunal Constitucional porque considera que con ella el Gobierno de Sánchez busca “destrozar” el sistema educativo. “Es ideología, es imposición y este Gobierno no va a permanecer callado”, remarcó.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció por su parte que su grupo presentará en el Congreso un texto alternativo para defender, entre otros aspectos, un rescate de las competencias educativas de las Comunidades Autónomas con el objetivo de garantizar, aseguró, la “enseñanza común” en toda España.

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La portavoz del PP cree que la Ley Celaá “perpetúa el fracaso escolal”, regresando a la LOGSE en esta materia y evitando una educación basada en el esfuerzo, “socava los elementos comunes de la enseñanza”, evitando las evaluaciones comunes para todo el país a lo largo de la vida estudiantil y “limita la libertad de elección de centro” de los padres.

El exministro de Educación José Ignacio Wert, impulsor de la vigente ley, no desaprovechó la ocasión de criticar la iniciativa de Celaá, a la que acusó de tener una visión “dogmática y trasnochada” del sistema educativo y de incorporar medidas que según él “bordean lo cómico”

Según el Gobierno, la Ley Wert ha incrementado las repeticiones de cursos, que ya alcanzan un 15% y sitúan a España doce puntos por encima de la media europea, han reducido un 1,6 y un 2% la tasa de estudiantes que terminan la ESO y el Bachillerato, ha aumentado casi un 25% el número de alumnos titulados con asignaturas suspendidas y ha incrementado un 26% el gasto de las familias en educación desde el año 2011.