El Consejo de Ministros estrecha el cerco a la Generalitat por la vía de los ingresos. Con la finalidad de vigilar que ni un sólo euro del Presupuesto se traslada a la causa soberanista, a financiar el referéndum ilegal del 1-O, el Gobierno central ha tomado el control de los gastos de la Generalitat.
Esta nueva medida, que el Ejecutivo se resiste a calificar de "intervención", supone que el Estado asuma directamente los pagos en educación, sanidad, dependencia y del grueso de las nóminas de los funcionarios. Cristóbal Montoro cifró la cantidad en unos 1.400 millones de euros mensuales, cifra que supone el ingreso mensual a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica. Ahora, Hacienda no transferirá este dinero a las arcas autonómicas, sino que esperará a que el Govern le especifique las cantidades y los conceptos y hará el pago de forma directa.
"Es un nuevo sistema de control de pagos. No afecta al ejercicio de las competencias. No estamos sustituyendo competencias; sí garantizando que ningún pago va a una actividad ilegal", defendió.
Ante la "incertidumbre", justificó Montoro, se adopta este "novedoso sistema" mediante el que "el Estado sustituye en la mayoría de los pagos esenciales a la comunidad autónoma". "La comunidad autonónoma deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes. Una vez recibida la comunicación, el Estado pagaría en un mecanismo similar al del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)", explicó.
El titular de Hacienda defendió que esta iniciativa viene refrendada por la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y es consecuencia directa de la negativa del Govern a seguir trasladando semanalmente al ministerio un informe de la intervención garantizando que no se destinan fondos públicos a sostener el 1-O.
De forma paralela, el Gobierno ha dado 48 horas al Govern para que comunique un acuerdo de no disponibilidad de su Presupuesto. Es decir, los gastos que tenga comprometidos.
"Si en 48 horas el presidente de la Generalitat no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, lo hará Hacienda", advirtió Cristóbal Montoro sobre esta otra vía de presión al Govern.
Petición de colaboración a los bancos
Además, el Gobierno enviará el acuerdo a las Entidades de Crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. "Si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal", señalan en Hacienda. Y todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo admite que se trata de una medida contundente que muestra que cada acción de la Generalitat va a tener su respuesta por parte del Estado. En todo caso, el portavoz del Gobierno y el ministro de Hacienda se negaron a precisar si, con estas últimas medidas, está más cerca la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No se descarta ningún escenario, subrayan.
La intención de Cristóbal Montoro es la explicar los acuerdos de su departamento en este Consejo de Ministros la semana que viene en el Congreso de los Diputados.
Un mensaje a los funcionarios
Además de concretar el nuevo paquete de medidas de control de las cuentas de la Generalitat, el Gobierno trasladó un mensaje a los funcionarios con el traslado a la Fiscalía de la actuación de la interventora. Era la última responsable de trasladar a Hacienda el informe semanal con a garantía de que no se estaba destinando un sólo euro público a la consulta declarada ilegal por el Constitucional.
Los antecedentes
El ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia del Gobierno llevaban tiempo trabajando en estas medidas en previsión de que la Generalitat endureciera el pulso al Estado. Y así ha sido. Este mismo jueves, el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicó a Cristóbal Montoro que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat a los que les obliga el Ejecutivo desde mediados de julio. A su juicio [consulta aquí la carta], estas demandas de información por parte del Gobierno central "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
Por su parte, el titular de Hacienda respondió por la misma vía a su interlocutor. En su carta, Montoro defiende que el Govern no puede justificar incumplir las obligaciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el TC y, por tanto, no amparan ninguna actuación. En su misiva, Junqueras esgrimía como motivo de dejar de enviar los gastos a Hacienda las últimas leyes aprobadas en el Parlament.
Montoro señala, además, que no hay control político como defendía Junqueras. Se trata, según el ministro, del "control de la legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales".
Fue el pasado 21 de julio tras una reunión de la CDGAE presidida por Mariano Rajoy cuando se acordó poner condiciones a la Generalitat a la hora de seguir percibiendo la transferencia de efectivo a través del FLA. La principal de las medidas fue la de la obligación por parte de esta comunidad de remitir semanalmente a Hacienda un informe con los gastos realizados. Una vía para comprobar que no se había destinado un solo euro al pago de partidas orientadas a la celebración de la consulta, y a la que el Govern acaba de dar un portazo.
Hacienda controlará también los pagos con tarjeta de altos cargos de la Generalitat
La principal de las exigencias había de cumplirse cada miércoles y así vino ocurriendo hasta la semana pasada, según aseguran en el departamento de Cristóbal Montoro. Este mismo martes, el propio ministro, además de insistir en que no va a destinarse un solo euro de dinero público a la consulta ilegal, había asegurado en los pasillos del Senado que el interventor de la Generalitat de Cataluña "no conoce el origen de los recursos" con los que se ha pagado la web ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estaba estudiando el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades". Este hecho hizo saltar algunas alarmas en el Ejecutivo, unas alarmas que se dispararon del todo este jueves con la negativa de Junqueras a seguir remitiendo el informe, señal de que la Generalitat asegura, por escrito, al Gobierno que el Presupuesto de Cataluña no ha desviado ninguna cantidad a la causa soberanista.
Según explicó Montoro, el interventor no ha podido acreditar hasta la fecha cómo se ha pagado esa web y ese anuncio. "Es muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo un gasto público y que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", añadió el ministro advirtiendo de que "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades", una pista del paquete de medidas en el que su departamento venía trabajando.
Recientemente, el conseller de Presidencia, Jordi Turull,explicó en su perfil de Twitter que la web del referéndum es la misma que la del Estatut: "Los catalanes lo aprovechamos y reciclamos todo", bromeó. En esta línea, fuentes del Govern aseguran a infoLibre que la web "no ha costado un euro".
El Consejo de Ministros estrecha el cerco a la Generalitat por la vía de los ingresos. Con la finalidad de vigilar que ni un sólo euro del Presupuesto se traslada a la causa soberanista, a financiar el referéndum ilegal del 1-O, el Gobierno central ha tomado el control de los gastos de la Generalitat.