De momento es una medida presupuestaria pero el trasfondo es muy político. En pleno bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (de mayoría conservadora) y en medio del debate sobre el sistema de elección de los jueces, el Gobierno mueve ficha y anuncia una inyección de dinero público destinada a ayudar a estudiantes “sin recursos” que quieran acceder a la judicatura. La propia ministra de Hacienda, que ha anunciado un sistema de becas durante la presentación de los Presupuestos, ha hablado de la necesidad de “democratizar” el acceso a puestos de juez, fiscal o Abogados de Estado para aquellos “que no puedan permitírselo”.
“Son puestos de trabajo imprescindibles para el funcionamiento del Estado”, ha enfatizado María Jesús Montero, que ha expuesto la necesidad de que “estas personas con vocación de servicio público, de impartir justicia o dedicarse al mundo del derecho, puedan acceder en igualdad de oportunidades”. La medida, ya reclamada por varias asociaciones de jueces y grupos parlamentarios en el Congreso, aún no ha sido presupuestada ni detallada por parte del Gobierno, que se compromete a concretar la dotación económica y el desarrollo normativo en las próximas semanas.
Bloqueo judicial
Más allá de los números, el anuncio es importante por el contexto político de los últimos meses. La negativa del PP a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los términos que mandata la Constitución y la legislación vigente ha convertido a la justicia en campo de batalla política. Los debates y las polémicas que ha generado ese bloqueo son innumerables. Se cuestiona, por ejemplo, la idoneidad de que tanto el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, como el conjunto de la cúpula judicial se mantengan en funciones con un mandato caducado y una conformación del Consejo mayoritariamente conservadora y no ajustada a la representación parlamentaria salida de las últimas elecciones generales.
También se debate sobre el sistema de elección de los jueces: el PP exige que se cambie la ley y que sean los propios jueces quienes tengan el 100% de capacidad de elección de su propio gobierno. Una fórmula sobre la que recelan amplias capas de sectores progresistas tanto del arco parlamentario como de las propias asociaciones por considerar que, de llevarse a cabo, la cúpula judicial siempre sería conservadora porque la inmensa mayoría de la judicatura lo es.
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Judicatura conservadora
La pregunta es si ese carácter mayoritariamente conservador de la carrera judicial tiene que ver o no con las condiciones de acceso a las oposiciones que, a partir de ahora, se becarán. “Yo no puedo concluir tanto”, explica a infoLibre Ascensión Martín, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia. “Lo que sí está claro”, añade, “es que hay oposiciones a juez, a abogados del estado o a fiscal que duran varios años y que exigen una media de 8 ó 10 horas de estudios diarios. Eso es incompatible con trabajar y, por tanto, tienen que tener una familia que les mantenga”. La asociación progresista, que ya había trasladado esta misma propuesta al Ministerio de Justicia, alaba la medida porque considera que ayudará a “garantizar un principio de igualdad” que, actualmente, no se cumplía. Varias asociaciones conservadoras también se han mostrado en público abiertamente favorables a la iniciativa.
En el mundo del derecho se coincide en que la inversión en becas es el camino adecuado para paliar una situación anómala. “Si son unas becas razonables, claro que van a ayudar”, explica Nora Rodríguez, abogada y coautora del informe "De los neocon a los neonazis: la derecha radical en el estado español", editado por la fundación Rosa Luxemburg. “Las clases populares normalmente no pueden acceder ni siquiera a preparadores o invertir mucho tiempo en opositar”, opina Rodríguez, que añade que “de hecho, muchos abogados y muchos jueces proceden de familias de abogados y de jueces. Hay mucha gente que si no tiene esa tradición familiar ni se plantea llegar tan lejos”. Por eso, concluye, “es una buena fórmula, pero falta por ver qué cubrirán exactamente estas becas”.
De momento es una medida presupuestaria pero el trasfondo es muy político. En pleno bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (de mayoría conservadora) y en medio del debate sobre el sistema de elección de los jueces, el Gobierno mueve ficha y anuncia una inyección de dinero público destinada a ayudar a estudiantes “sin recursos” que quieran acceder a la judicatura. La propia ministra de Hacienda, que ha anunciado un sistema de becas durante la presentación de los Presupuestos, ha hablado de la necesidad de “democratizar” el acceso a puestos de juez, fiscal o Abogados de Estado para aquellos “que no puedan permitírselo”.