"Empieza una nueva fase de la legislatura”. Esta reflexión sale de uno de los principales miembros del Gobierno. El agotador ciclo electoral que ha vivido España apenas ha dejado tiempo al Ejecutivo. Y ahora el Palacio de La Moncloa y los ministerios se han puesto manos a la obra para encarar una etapa sin vaivenes en las urnas y con la idea de sacar reformas de calado.
La legislatura sigue muy pendiente de lo que pase en Cataluña durante estos meses de cara a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Pero Pedro Sánchez y su equipo no van a esperar a ver qué sucede en el Parlament para impulsar iniciativas potentes a pesar de no tener los votos asegurados para los paquetes legislativos que llegarán a la Cámara antes de las vacaciones.
En el Gobierno trabajan con el horizonte de aguantar hasta 2027 a pesar de que la oposición sigue apretando para que haya una convocatoria electoral. Esa línea temporal se la marcan tras comprobar que no triunfó el plebiscito que planteó Alberto Núñez Feijóo en las pasadas elecciones europeas, ver que la ley de amnistía no ha desgastado el apoyo de la base electoral del PSOE (que superó el 30%) y ser conscientes de que hacen falta medidas potentes para materializar el discurso de regeneración democrática.
De manera paralela se tiene que producir la investidura en Cataluña. A pesar del revés por la elección de Josep Rull (Junts) como presidente del Parlament, en el Gobierno y en el PSOE hay confianza en que sacará la investidura tarde o temprano. “Todos los caminos pasan por Salvador Illa”, repiten los miembros del Ejecutivo y de la dirección socialista. La idea de Rull es convocar el Pleno para el día 25 tras hablar la semana que viene con los grupos parlamentarios.
Pero es muy probable que de ese Pleno no salga investido ningún presidente al no tener ahora garantizado ningún candidato los votos. Esto supondría poner el cronómetro en marcha de dos meses para que algún aspirante lo lograra, por lo que el proceso se puede alargar hasta finales de agosto. En caso de que no hubiera un acuerdo en torno a Salvador Illa o Carles Puigdemont en el Parlament se convocaría elecciones de nuevo para otoño. “Los catalanes hablaron de manera contundente. Si hay que ir a otros comicios, seguro que lo harán de manera todavía más contundente”, sale del corazón del poder socialista.
"Si no hay acuerdo con el PP, vamos para adelante"
El PSOE y Sumar no quieren instalarse en un impasse durante este tiempo. Buscan y necesitan moverse. El propio presidente del Gobierno ha marcado públicamente varios objetivos con calendario concreto. El más inmediato tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial, que lleva sin renovarse desde diciembre de 2018 por las excusas continuas del Partido Popular. Los socialistas han dado un ultimátum: finales de junio. Si para entonces no hay un pacto con los de Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevarán adelante reformas en el órgano de gobierno de jueces.
No han dado muchas pistas, pero el cambio no pasa por mover las mayorías necesarias para su renovación. La intención que tiene Sánchez es tocar lo relativo a las potestades del CGPJ para los nombramientos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de Justicia. De esta manera, se busca eliminar el elemento que hace que el Partido Popular siga bloqueando con el fin de “controlar por la puerta de atrás” esas designaciones, como señalan en el Gobierno y en el PSOE.
La negociación la volverá a llevar en primera persona el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que llamó al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar un acuerdo este mismo viernes. Los populares no se han mostrado por la labor y vuelven a recurrir a la UE tras el intento fallido de la mediación de Didier Reynders. Ahora tratan de ganar tiempo solicitando otra cita a tres presidida por Vera Jurova, vicepresidenta de la Comisión Europea. La señal que mandan fuentes de La Moncloa es clara: el ultimátum no es un órdago. “Si no hay acuerdo, vamos para adelante. No puede ser”, plasman.
Lo que está claro para el Gobierno es que no se piensa tocar que el Congreso decida en el proceso de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial porque la justicia tiene que emanar de la soberanía popular. Y se recuerda desde el Ejecutivo que ya los jueces participan proponiendo a través de las asociaciones los nombres que aspiran a ingresar en este órgano.
Paquete de regeneración e impulso de los ministerios
En La Moncloa también están trabajando ya intensamente en el paquete legislativo para la regeneración democrática que prometió el presidente tras su cinco días de reflexión. El marco temporal que se han puesto es que llegue a las Cortes Generales antes de que termine el mes de julio. En este pacto también van a trabajar de la mano de Sumar y se espera que los socios de investidura se impliquen durante la tramitación parlamentaria. Muchos de ellos como ERC han pedido reiteradamente a Sánchez que ponga ya por escrito esa idea.
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También ha habido desde La Moncloa órdenes a los ministerios de acelerar medidas durante esta semanas antes de que llegue el mes de agosto. Uno de los temas sobre los que está más encima el propio Sánchez, según fuentes conocedoras, es el campo de la vivienda, que quiere convertir con hechos en una de sus prioridades durante los años de legislatura que quedan. Desde el entorno del presidente se incide: “Hemos gobernado, pero ahora hay que encarar también otras medidas. Tenemos dos años y medio sin elecciones. Hay vía libre”.
En el ala socialista se mira con mucha atención a sus compañeros de viaje de Sumar. No quieren inmiscuirse en el proceso interno que se ha abierto. “Respeto”, es la palabra que sale del Ejecutivo y de Ferraz. Pero varias fuentes insisten en que necesitan que ese espacio esté fuerte a pesar de las teorías de que ellos quieren engullir esos votos en cada proceso electoral. “Los necesitamos para gobernar”, sostienen en el PSOE, donde se defiende la figura de Yolanda Díaz a pesar de que haya algunas diferencias. Los gestos en La Moncloa también denotan ese respaldo: en la rueda de prensa del martes también estuvieron sentados Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun junto a Pilar Alegría (Educación) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).
Esa sensación de nueva etapa cunde en todos los ámbitos del Ejecutivo y del PSOE. Los socialistas lograron resistir, aunque no arrancaron la victoria que creyeron en los últimos días. El propio presidente lo confesó en una entrevista en TVE: objetivo “a medias”. Pero ese porcentaje de voto superior al 30% y ser uno de los partidos de Gobierno que mejor ha aguantado en todo el continente han hecho disipar posibles especulaciones de una gran remodelación interna. El líder socialista tiene por el momento en mente sólo un cambio puntual en el momento que Teresa Ribera pase a formar parte de la Comisión Europea. Una tarea en la que se va a empeñar personalmente después de ser designado como negociador del grupo socialdemócrata junto al canciller alemán, Olaf Scholz.
"Empieza una nueva fase de la legislatura”. Esta reflexión sale de uno de los principales miembros del Gobierno. El agotador ciclo electoral que ha vivido España apenas ha dejado tiempo al Ejecutivo. Y ahora el Palacio de La Moncloa y los ministerios se han puesto manos a la obra para encarar una etapa sin vaivenes en las urnas y con la idea de sacar reformas de calado.