179 frente a 171. El texto de la ley de amnistía no salió de manera definitiva del Congreso este martes como esperaba el Gobierno. Junts dio un giro de última hora, uniéndose a las derechas, para frenar la tramitación del texto actual y enviarlo de nuevo a la Comisión de Justicia con el fin de seguir negociando con el PSOE.
Junts paraliza así la proposición de ley, que ha votado a favor en todos los trámites desde noviembre hasta ahora, con la idea de que se retoque el apartado de exclusiones por terrorismo por miedo a que Carles Puigdemont pueda terminar quedando fuera por los procesos abiertos por Tsunami Democrátic y la supuesta trama rusa. Los autos de prórroga de los magistrados Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre han puesto en alerta a los posconvergentes ante el futuro judicial del expresident.
Pero el Gobierno no piensa moverse y entiende que ya no hay más margen para introducir cambios como los que busca Junts de eliminar la exención en la amnistía de los delitos de terrorismo que conlleven violaciones graves de los derechos humanos. Los de Carles Puigdemont quieren presionar al Ejecutivo y al PSOE para cambiar este apartado. El enfado de los miembros del Ejecutivo es palmario (la cara de Pedro Sánchez al salir del Pleno fue el reflejo de la sensación), con el mensaje claro de que son los independentistas los que tienen que reconsiderar el no en el Pleno.
El Gobierno no se la quiere jugar en el Constitucional
Los de Puigdemont hicieron una pirueta parlamentaria porque en la complicada votación dieron su apoyo al dictamen que salió de la Comisión para que no decayera la ley totalmente, pero luego votaron no a todo el texto (por lo que hicieron un voto diferente al mismo documento en apenas unos minutos). Todo ello después de que el PSOE rechazara las enmiendas de los independentistas para excluir todo el terrorismo de la futura norma.
Pero en el Gobierno entienden que no se puede modificar más la proposición después de que la semana pasada sí tocaran el artículo sobre el terrorismo. En la cúpula del Ejecutivo remarcan que no quieren más modificaciones porque pondrían poner en riesgo la propia ley una vez vaya a ser revisada por el Tribunal Constitucional. Esta es una de las obsesiones de la coalición: impecabilidad y sostén jurídico para que no sea frenada en la batalla judicial posterior.
Esa decisión de Junts también ha provocado mucho malestar en Esquerra Republicana, que cree que hay que aprobar ya la ley y no poner en peligro una norma que afectaría a unas cuatrocientas personas y no sólo a Carles Puigdemont. En el partido de Oriol Junqueras, que se trasladó este martes hasta el Congreso, también creen que el texto actual pasará el filtro del Tribunal Constitucional y no se puede poner en riego.
Por eso, todas las miradas están puestas en Junts en las próximas semanas. Con la gran pregunta de si aprobarán la ley aunque no se toque otra vez en la Comisión. El propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió a los de Puigdemont que reconsideren su posición. Es “incomprensible”, remarcó al salir del Pleno el dirigente socialista, que es uno de los principales artífices de la ley.
Para Bolaños, la redacción del texto es “impecable” y consigue “el objetivo pretendido”: “Por tanto, yo lo que pido, desde luego, a Junts per Catalunya es que reconsidere su posición, que vote la ley de amnistía como está, constitucional, impecable. Es una garantía de solidez y de robustez jurídica para todos”.
Junts presiona por los efectos de los casos Tsunami y de la trama rusa
El PSOE no ve posible acceder a las principales enmiendas que mantiene todavía vivas el grupo de Junts. Por un lado, los de Puigdemont quieren que se puedan amnistiar todos los casos que tengan que ver con delitos de terrorismo. Pero, además, han intentado en otra enmienda pactada con el PNV una modificación para que la norma cubra los delitos de traición, contra la paz y la independencia del Estado (lo que serviría para el caso de la trama rusa). En otra enmienda, los posconvergentes pretendían ampliar el periodo de la amnistía al 1 de noviembre de 2011.
La ley vuelve a la casilla anterior de la Comisión de Justicia, donde se podrá debatir en base a las enmiendas que quedaron vivas en ese trámite (aunque se podría aprobar enmiendas transaccionales con cambios en el texto). El reglamento del Congreso habla de un mes para este paso, aunque fuentes parlamentarias señalan que ahora los letrados tienen que estudiar este plazo al ser una ley que se tramita por vía de urgencia (lo que también puede llevar a que se acorte ese debate a quince días).
Esta votación contraria supone el primer gran choque del Gobierno y Junts, que hasta el momento habían unido sus votos en momentos trascendentales, como en la elección de la Mesa del Congreso y la sesión de investidura. Ante el efecto de que esto deje tocada la propia legislatura, fuentes de Moncloa señalan de manera tajante que eso sólo depende del presidente del Gobierno y que él está fuerte y va “para adelante”. Ellos no bajan los brazo y seguirán con su hoja de ruta legislativa. Además, durante el primer año desde la disolución de las Cortes no se pueden convocar comicios generales, como reclama el PP.
Otra de las variantes que plantea este escenario es qué futuro tiene el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en los que el Gobierno necesita a todos sus socios. Las fuentes del Ejecutivo indican que todavía es pronto y que hay que ver cómo respira Junts. En el Palacio de La Moncloa ya comprendieron cuál sería el voto en la mañana de este martes, cuando se filtraron las dudas expresadas en la Ejecutiva de Junts y no hubo negociación in extremis con posibilidades de cambios como querían los posconvergentes.
Junts tumba la ley de amnistía en el Pleno del Congreso para ganar tiempo en la negociación
En el PSOE y en ERC reflexionan en estas horas que Junts debe reconsiderar su posición porque es muy difícil explicar a los ciudadanos catalanes que ahora no les gusta el texto y que puede suponer que se queden sin la amnistía muchos ciudadanos anónimos por el miedo a que no pueda servir para Puigdemont, una filosofía contraria a la que dijo el propio expresident de que no se buscaban soluciones personales.
Puigdemont insiste en una amnistía "integral"
Al final del día, Puigdemont publicó sus razones en un mensaje en la red social X: “No podíamos dar nuestro apoyo a un proposición de ley que tienen carencias importantes que no se han corregido”. En su opinión, de haber dado un voto favorables se habría invalidado el compromiso con una amnistía “integral, completa y sin exclusiones”. A su entender, eso estaba acordado para la investidura de Sánchez.
El expresident reconoció los esfuerzos hechos por el PSOE y Sumar en defensa de la ley de amnistía en un contexto “hostil”, pero cree que se han quedado “a medias” como consecuencia del clima “irrespirable”. Tras cargar duramente contra los jueces, remachó: “Nosotros no nos movemos del compromiso de incluir a todos”. Su idea es rehacer el consenso inicial para frenar la pulsión “patriotera” de algunos magistrados.
179 frente a 171. El texto de la ley de amnistía no salió de manera definitiva del Congreso este martes como esperaba el Gobierno. Junts dio un giro de última hora, uniéndose a las derechas, para frenar la tramitación del texto actual y enviarlo de nuevo a la Comisión de Justicia con el fin de seguir negociando con el PSOE.