El Gobierno plantea aumentar los precios y tarifas del agua para fomentar el ahorro y recuperar los costes del recurso, así como los costes ambientales

El Gobierno quiere subir los precios y las tarifas del agua con el objetivo de generar un incentivo que permita fomentar el ahorro y recuperar los costes del recurso y los costes ambientales, según el Libro Verde del Agua, que está en elaboración y que ha sido sometido a consulta de las partes interesadas. El libro, a cuyo último borrador o documento de trabajo ha tenido acceso Europa Press, apuesta por revistar los precios y tarifas para avanzar en el objetivo de recuperación de costes que permitan la viabilidad financiera de los servicios actuales y la financiación de las inversiones necesarias para su adaptación, así como por convertir los precios del agua en incentivos económicos para "fomentar el ahorro, la eficiencia y la reducción de la escasez de agua".

Entre sus propuestas específicas, recogidas de la Administración General del Estado y sometidas a debate en los Foros territoriales, apuesta por revisar el régimen económico-financiero y la fiscalidad del recurso para aplicar el principio de recuperación de costes de los servicios del agua que indica la Directiva Marco Europea del Agua (DMA), incluyendo los costes ambientales y del recurso. También plantea mejorar la autofinanciación de los organismos de cuenca mediante la recuperación de los costes de los servicios del agua y que las distintas confederaciones hidrográficas adopten una regulación común en materia de cánones y tarifas; así como crear incentivos para aumentar la reutilización y unas tarifas proporcionales al consumo de agua a través de tarifas que tengan en cuenta el consumo y, por tanto, tiendan a reducirlo para cualquier uso del agua.

El citado borrador apunta, también, la necesidad de que las tarifas reflejen la estructura de costes; que se establezca una adecuada distribución de nuevos ingresos en los gestores del agua y, en concreto, la financiación de las confederaciones hidrográficas con esos nuevos sistemas de ingresos. En esta línea, propone una nueva redacción del reglamento del Dominio Público Hidráulico para concretar periodos de aprobación y puesta al cobro de las tarifas y cánones para evitar una posible extemporaneidad. Del mismo modo, plantea establecer un canon único finalista que permita la gestión adecuada y una previsión de la ejecución de infraestructuras del agua; y asegurar la financiación de las distintas redes de control en los organismos de cuenca y para los laboratorios de análisis de aguas.

Otras de las medidas son: amortiguar interferencias políticas en el establecimiento de tarifas, disponer de un fondo para la prevención de riesgos extremos mediante la repercusión de un impuesto especial en los seguros, hacer efectivo el principio de que quien contamina paga y que no sea rentable contaminar. También propone eliminar la tasa de vertido de las desaladoras y establecer un plan real de inversiones en el marco de la DMA y con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda o, en su caso, con el establecimiento de una nueva tasa o impuesto. Otra de las medidas es fijar tarifas progresivas con un bloque fijo repercutido por metro cúbico que incluya una tarifa que se vincule al consumo y que prime los consumos bajos.

Los regantes se oponen

Ante el conjunto de propuestas incluidas en el borrador del Libro Verde y en las que los foros de las administraciones territoriales han emitido sus comentarios, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), por su parte, ha informado a Europa Press de que presentará un total de 18 alegaciones al texto porque considera que este incremento de cánones y tarifas que propone agravaría aún más la maltrecha situación de la agricultura. El presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha explicado a Europa Press que el Gobierno ha preparado un borrador con el que no están de acuerdo y denuncian la escasa participación que han dado al sector, ya que solo dos de las 32 personas que han participado en su elaboración eran regantes. En sus alegaciones al borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, instan al Gobierno a no establecer un nuevo canon ni a aumentar las tarifas del agua para riego con la excusa de cumplir con la DMA. "El objetivo de mejorar y usar menos agua no debe pasar por aumentar el precio, sino por hacer un uso más eficiente del agua", opina.

Además, instan a que las competencias del agua pasen del Ministerio de Transición Ecológica, al de Fomento, donde estaban tradicionalmente hasta el siglo pasado -aunque las competencias ambientales se mantuvieron en Transición Ecológica-. A su juicio, lo lógico es que los aspectos del agua como infraestructura hidráulica estén en Fomento y cree que con esta medida se mejoraría la lucha contra el cambio climático, porque las obras hidráulicas "evitan inundaciones y permiten disponer de agua en épocas de sequía, lo que minimizaría los aspectos negativos del cambio climático". Asimismo, critica la postura del Ministerio de no hacer limpiezas de cauces adecuadas por cuestiones ambientales y reclama un cambio de filosofía que permita aplicar los planes de cuenca, culminar la planificación hidrológica y alcanzar el deseado Plan Hidrológico Nacional.

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En este contexto, Del Campo denuncia también que Teresa Ribera no ha recibido a los regantes desde que asumió el Departamento, hace un año, lo que, en su opinión, demuestra la importancia que le da al tema del agua. "Solo hemos llegado hasta el director general del agua y hasta el secretario de Estado de Medio Ambiente, pero la ministra no nos ha recibido", añade. Con todo, confía en que el Ministerio de su opinión a las 18 alegaciones de Fenacore porque no les convence el documento elaborado hasta el momento. En concreto, las alegaciones se oponen a la creación de un nuevo canon por metro cúbico del agua, cuyo fin, asegura, es recaudatorio y llega en un momento en el que la agricultura "lo está pasando mal por los altos costes", así como rechazan que el precio del agua se convierta en un incentivo para fomentar el ahorro, la eficiencia y la reducción de la escasez del agua.

Del Campo apunta que el precio de los productos para los agricultores es el mismo que el de hace 30 años, pero los costes son los propios de 2019 y advierte de que, en la actualidad, muchos de los cultivos perviven por la existencia de las ayudas de la Política Agrícola Común y que, sin ellas, aumentaría el abandono del mundo rural. "Ahora están preocupados por la España vaciada, pero más lo va a estar si sigue adelante este canon", añade.

En este contexto, el presidente, hace alarde del nivel de modernización del riego en España y apunta que este porcentaje alcanza el 75%. Del Campo ha precisado que faltan 800.000 de los 3,7 millones de hectáreas totales por modernizar, ya que más del 50% de la superficie se riega con goteo o riego localizado y un 25%, por riego de presión. Para ello, añade que se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario por parte de los regantes y las administraciones central y autonómicas, que ha supuesto un encarecimiento de los costes energéticos de las tarifas. De este modo, insiste en que no tiene sentido este nuevo coste porque las obras hidráulicas ya pagan con las medidas compensatorias que se establecen. "Ya estamos pagando un coste ambiental y no podemos usar cada vez menos agua por hectárea con un mayor coste energético por metro cúbico de agua por el mero capricho del Gobierno de turno", expone. Preguntado por Europa Press sobre la críticas expresadas por los regantes de Fenacore, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rehusado hacer valoraciones.