El Gobierno del PP otorgó la residencia a un venezolano que suministró información contra Iglesias

La cúpula del Ministerio del Interior, dirigida por Jorge Fernández Díaz (PP) otorgó la residencia en España a un venezolano que suministró informaciones no acreditadas contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, según ha informado este viernes el diario El País. Interior decidió conceder a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, una autorización de residencia en España durante un año por "circunstancias excepcionales" debido a "razones de colaboración con las autoridades policiales", tal y como detalla el diario.

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El permiso de residencia fue firmado por el entonces número dos de Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En el documento no se detalla en qué se basó dicha cooperación pero, según el citado periódico, el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como "informador" para la Policía española. En concreto, le "aportó todo tipo de documentos" sobre el dinero que supuestamente el Gobierno de Venezuela habría entregado a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias, en este caso, a través de una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas.

La residencia de este venezolano, que fue otorgada el 11 de abril de 2016, fue objeto de investigación judicial en el pasado a raíz de la publicación de diferentes noticias sobre el líder de la formación morada en el digital OK Diario. El abogado del comisario Villarejo, Antonio García Cabrera, relacionó este jueves el robo del teléfono móvil de una asesora del líder de Podemos y la difusión posterior de la información privada que contenía con una "investigación policial". "Todo es una cuestión de una investigación policial y él, por supuesto, sólo la ha vehiculizado en el ámbito policial", señaló.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también aseguró este jueves que había llegado el momento de que se pidan "responsabilidades políticas" a los anteriores dirigentes de este departamento ministerial por la supuesta vinculación del caso Villarejo y la sustracción de un teléfono con información del líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos", comentó. También calificó de "grave" casos instruidos en la Audiencia Nacional como la operación Kitchen, la sustracción con fondos reservados por parte de la Policía de material sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas sin conocimiento previo de los jueces. "Obedece a una utilización torticera, fraudulenta y partidista de las instituciones del Estado", aseguró Marlaska.