El Gobierno del PP desarrolló a partir de 2013 una macrooperación inmobiliaria de carácter estatal que en Sevilla condujo a que inquilinos de familias de la jet local y que residían desde el franquismo en inmuebles públicos de lujo se hicieran con la propiedad de cinco viviendas entre 2014 y 2018. Situadas frente a la Giralda, en la zona noble del casco antiguo, las adquirieron mediante enajenación directa, sin subasta y a bajos precios. Por ejemplo, 1.855,34 euros por metro cuadrado en el caso de dos pisos vendidos en diciembre de 2014, y 2.300 euros también por metro cuadrado que se fijó para un palacete de 1.650 metros construidos y que se convirtió en el último inmueble de esta serie al cambiar de manos públicas a privadas en 2018.
En medio queda la venta que más aristas ofrece para la polémica: una casa de 415 metros junto al Alcázar y que salió a su nuevo propietario por 1.645 euros el metro cuadrado. El comprador fue un empresario ligado al negocio minero y luego turístico contra quien pesaba una orden de desahucio por impago del alquiler pero a quien Patrimonio le ofreció quedarse: como arrendatario o como propietario de la mansión. El ocupante, figura también conocida como precarista, optó por la segunda opción. Y se quedó con la casa. Esta vez pagando y abandonando la condición de okupa de lujo. Por la mansión solo pagó 682.800 euros en marzo de 2016.
Entre los afortunados compradores se hallan personajes como Soledad García-Conde Tartiere, viuda del que fue presidente de honor de Abc, Guillermo Luca de Tena, o los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega, pertenecientes a una saga en la que destacó José María Martínez Sánchez Arjona, ministro franquista de Vivienda entre 1960 y 1969.
En el área adyacente al Alcázar y según la información obtenida a través de Transparencia, Patrimonio mantiene arrendadas otras 13 viviendas. Entre los inquilinos, elegidos de manera discrecional y que acumulan décadas de estancia, se cuenta una prima del rey emérito, Margarita de Orleans y Braganza. Los alquileres han sido y son de importe modesto. Por ejemplo, fuentes que han tenido acceso a documentos del expediente de la casa vendida al inquilino que estuvo tres años sin pagar alquiler aseguran que el precio era de "entre 900 y 1.000 euros" al mes. El inmueble, como ya se ha detallado, suma 415 metros cuadrados construidos. Y se sitúa a escasos metros de la entrada al Alcázar.
Todas las ventas enunciadas en el primer párrafo se inscribieron en el denominado Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el periodo 2012-2020. Según portavoces de la actual Dirección General de Patrimonio, su objetivo era disminuir el número de inmuebles no necesarios para los fines propios de la Administración General del Estado e “incrementar las ventas”. Esas cinco casas de lujo que se alzan en el centro neurálgico del área monumental y turística de Sevilla suman en total 2.502 metros cuadrados construidos: el equivalente a 25 pisos de 100 metros útiles. Por su enajenación, el Estado ingresó 5.286.822 euros.
El 'okupa' de altura con orden de desahucio y a quien nadie desalojó
El inmueble cuya venta provoca más sorpresas se localiza a pocos metros de la entrada principal al Alcázar. Suma 415 metros cuadrados divididos en tres plantas, se vendió en marzo de 2016 y fue escriturado por 682.800 euros. Pero la sorpresa ni siquiera nace de un precio, 1.645 euros por metro cuadrado en una zona privilegiada, sino de un episodio fechado casi tres años antes de su venta. Porque en 2013, su inquilino y más tarde nuevo propietario –luego se la traspasó a un hijo mediante la fórmula de dación en pago– se había convertido literalmente en un okupa de lujo. O en un "ocupante", lo que también se conoce como precarista: quien posee, retiene o disfruta en precario cosas ajenas. ¿Cómo se convirtió en ocupante? Dejando de pagar en mayo de 2013 al Estado la renta mensual, que se enmarcaba en una política de alquileres baratos pese a que quienes en el recinto vivían y en determinados casos lo siguen haciendo son miembros de familias de apellido sevillano insigne.
“Tras dejar de abonar el alquiler en 2013, fue desahuciado mediante un procedimiento judicial, si bien se le permitió seguir ocupando la vivienda hasta formalizar la venta a su favor”. Esa ha sido la explicación de Patrimonio del Estado ante las preguntas de infoLibre sobre el nuevo propietario del inmueble. Patrimonio aduce que se le adjudicó directamente la vivienda “en su calidad de ocupante en situación excepcional”.
Descendiente del fundador de la primera empresa de aguas de Sevilla, la británica Seville Water Works, Patrimonio confirma que el “ocupante” había vivido en el Patio de Banderas que enmarca el Alcázar desde 1962. Es decir, desde que se la arrendó el régimen franquista. El inmueble fue vendido al arrendatario-okupaokupa, John Andrew Mackay Adam. Y se lo traspasó como dación en pago a su hijo, John Mackay Adam Gilbert. ¿Se infiere de ahí que oficialmente fue Adam Gilbert quien prestó a su padre dinero para satisfacer el precio de compra? Este periódico no ha podido averiguarlo.
Patrimonio, que depende del Ministerio de Hacienda, no aclara por qué tras la resolución judicial de desahucio no hubo orden de desalojo. En resumen: no aclara por qué el Estado permitió que quien había dejado de pagar durante casi tres años por razones que los hechos posteriores demostraron ajenos a la pobreza se convirtiera a dedo, a bajo precio y sin subasta, en el dueño de una inmensa propiedad. De una casa que por unanimidad, a propuesta del PSOE –entonces en la oposición– y con el luego ministro Juan Ignacio Zoido como alcalde, había incluido el Ayuntamiento de Sevilla dentro del conjunto de inmuebles contiguos o muy próximos al Alcázar cuya cesión reclamaba al Gobierno central. Aquel acuerdo unánime quedó fechado el 30 de octubre de 2013. Así lo demuestra el acta del pleno municipal que se puede consultar aquí.
El departamento que en toda España gestiona un parque que en 2020 sumaba más de 15.000 inmuebles, solares y parcelas rústicas sí detalla que la venta “fue enajenada a favor de su ocupante”. Y que se hizo mediante una “orden ministerial de 23 de febrero de 2016”. En esa fecha, el titular de Hacienda era el ministro Cristóbal Montoro.
Lo único que en este punto contestaron con cierto detalle los portavoces de Patrimonio fue que cuando la escritura de venta se firmó –el 29 de marzo de 2016–, el nuevo dueño “abonó 30.539,4 euros en concepto de indemnización por ocupación indebida”. A tenor de los datos a que ha accedido infoLibre, había estado 35 meses sin pagar alquiler.
En lugar de la expulsión que en 2013 seguía dejando en la calle a decenas de miles de inquilinos (67.189) sin recursos, la Ley de Patrimonio mantiene un apartado que puede resultar confuso. Y paradójico en casos como el del Patio de Banderas de Sevilla y su zona más próxima. Porque el artículo 137.4 de esa ley prevé la enajenación directa, sin subasta ni por tanto concurrencia, “cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble”. ¿Dejó de pagar el heredero de la extinta Seville Water Works para convertirse en un ocupante precario, vulgo okupa? ¿Cuáles fueron las razones excepcionales que le privilegiaron? Patrimonio no ha dado respuesta a esa última pregunta.
Apellidos de alta alcurnia
Los dos pisos más pequeños de aquel lote cuya enajenación tuvo lugar entre el 30 de diciembre de 2014 y el 7 de junio de 2018, ya en pleno traspaso de poderes tras la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, medían 141 metros cuadrados cada uno. Su precio de venta unitario fue 262.142 euros, según los datos facilitados a través del Portal de Transparencia a petición de infoLibre: es decir, los 1.855,34 euros por metro cuadrado en una fecha en que, a falta de datos oficiales desagregados por distritos y según la consultora Hogaria, el precio medio en el centro de Sevilla se situaba en 3.184 euros. La tasadora Tinsa, que no dispone de números para 2014, lo cifraba para el primer trimestre de 2015 en menos: 2.182 euros por lo que respecta al casco antiguo sin distinguir entre los barrios que se distribuyen en sus 3,94 kilómetros cuadrados y donde la gradación del lujo se mantiene viva.
La información del Registro de la Propiedad confirma que uno de esos dos pisos de 141 metros cuadrados, en los aledaños del Alcázar y a menos de 100 metros de la Catedral y la Giralda, fue vendido por Patrimonio a Soledad García-Conde Tartiere, viuda de quien había sido presidente de honor de Abc: Guillermo Luca de Tena.
El otro piso de esas dimensiones pertenece a los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega. Sobre él no pesa hipoteca: en 2014, Patrimonio pactó con la compradora que le pagaría 209.710 euros repartidos en cinco años. Es decir, 41.942 euros por anualidad. El apellido Sánchez Arjona se inscribe entre los de alta alcurnia. El miembro más relevante de la saga fue José María Martínez Sánchez Arjona, ministro franquista de Vivienda entre 1960 y 1969 tras haber desempeñado diversos cargos, entre ellos el de secretario general del sindicato vertical.
Un tercer piso, este de 149 metros cuadrados construidos aunque, aparentemente por error, los datos de Transparencia los cuantifican en 293, aparece escriturado a nombre de Manuel López Íñiguez. Según webs especializadas en genealogía, está vinculado por parte de madre a la misma familia de los Sánchez Arjona. Este lo vendió Patrimonio por 277.838 euros.
Otro miembro de la familia Sánchez Arjona se cuenta entre quienes en la misma área viven en un inmueble propiedad de Patrimonio del Estado.
774.000 euros públicos para arreglar el palacete que luego se vendió
En este grupo de casas que Patrimonio entregó directamente a quienes mantenían los contratos de arrendamiento había también un palacete de 1.656 metros. Según la información suministrada por Transparencia, su venta por “enajenación directa arrendataria del inmueble” quedó fechada el 7 de junio de 2018. Su precio, 3,8 millones. La propiedad fue traspasada dos meses más tarde a la empresa Gonzybar Ocho SL. Acrónimo de los apellidos Gonzalo e Ybarra, la sociedad está vinculada a la familia de quien en 2005 aparecía en un boletín oficial como domiciliada en la dirección del palacete: Josefa Ybarra Hidalgo, descendiente del prócer local Tomás Ybarra González, líder del partido conservador en Sevilla a comienzos del siglo XX, hijo del primer conde de Ybarra y senador vitalicio tal como detalla en su web el Real Círculo de Labradores de Sevilla. Josefa Ybarra era asimismo hermana del ya fallecido Eduardo Ybarra, que presidió la Academia Sevillana de Buenas Letras. Las webs de genealogía engarzan la familia con otros dos apellidos ilustres: Osborne y Pérez de Guzmán.
En enero de 2016, la convocatoria de una licitación para trabajos de coordinación y seguridad dejaba al descubierto que el Estado destinaría 774.090,47 a obras de consolidación del palacete. “Durante la redacción del Proyecto –se lee en el pliego de condiciones técnicas– ha quedado sin ocupación el inmueble. Por este motivo no se ha decidido su uso final, procediéndose en el Proyecto de Ejecución a la rehabilitación integral de la estructura, cubierta y fachada teniendo en cuenta que la estructura debe ser apta para un posible uso futuro de oficinas”.
Es decir, se abría la puerta a que el uso residencial dejara paso al terciario. Pero eso no paralizó el plan de venta a su “arrendataria”. Y así, dos años y medio más tarde aquellos 1.656 metros cuadrados construidos tras una fachada de 25 metros, semisótano, planta baja, primera y segunda, aquel palacete se vendió por 3.801.900 euros. Exactamente, eso significa 2.300 euros el metro cuadrado. Según la tasadora Tinsa, el precio medio en el Casco Antiguo se situaba en 2.398 euros. Según Hogaria, en diciembre de ese año los precios del centro llegaron a los 3.489 euros por metro cuadrado.
infoLibre no localizó la adjudicación de los 774.090,47 euros para las obras de consolidación del edificio. Tan solo la de los trabajos de coordinación y seguridad, cuyo importe no alcanzó los 40.000 euros. Patrimonio no respondió a la pregunta de qué empresa o empresas obtuvieron el total o parte de ese contrato. Ni a la de por qué el Estado invirtió ese dinero si planeaba vender el inmueble y ya tenía decidido el comprador.
Por “derecho de adquisición preferente”
La búsqueda de datos oficiales sobre la evolución del precio por metro cuadrado en el casco antiguo de Sevilla durante el cuatrienio en que se produjeron las ventas no ha dado resultado. Y tampoco están en manos del INE ni del Instituto Andaluz de Estadística ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de ningún ministerio. Así lo aseguran sus portavoces. Según Patrimonio del Estado, el precio de venta aplicado en las ventas del Patio de Banderas tomó “como referencia el valor de mercado”. Y se fijó “conforme establece la normativa patrimonial”. La Ley de Patrimonio de las Administraciones señala que las ventas han de ir precedidas de tasaciones. Y que la tasación “deberá ser aprobada por el director general del Patrimonio del Estado”.
Patrimonio asegura que las ventas directas se llevaron a cabo a favor de los arrendatarios de las viviendas con procedimientos que ratificó la Abogacía del Estado. Y que se hizo en aplicación del artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio, “que contempla que puedan acordarse enajenaciones directas a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal”. En esa categoría, aduce Patrimonio, se cuentan los arrendatarios de viviendas.
"Las ventas directas –sostiene Patrimonio– se llevaron a cabo a favor de los arrendatarios de las viviendas". Esa posibilidad, argumenta la Dirección General, está permitida por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). La norma, prosigue el texto de respuesta, "contempla que puedan acordarse enajenaciones directas a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal, como es el caso de los arrendatarios de viviendas".
En otras ciudades, como Madrid con las 1.800 viviendas municipales vendidas en 2013 a un fondo buitre, los inquilinos no tuvieron opción de adquirirlas. Lo sucedido en Sevilla posee características muy distintas. “Podríamos hablar de okupas privilegiados a quienes primero la República permitió vivir ahí, luego Franco y ahora la democracia”, diagnostica el antropólogo y analista hispalense Javier Aroca. Porque en efecto y según los expertos, algunos de los primeros arrendamientos se remontan a la época de Alfonso XIII.
Conocedor de la compleja historia que desde la instauración de la República en abril de 1931 ha frenado la cesión a la ciudad de un enclave de enorme valor arqueológico, es Aroca el que en conversación telefónica remacha el concepto de “privilegios”: “Cuando llega la República–relata– el Gobierno concede a Sevilla la propiedad del Alcázar pero comete un error porque hay una serie de lagunas que benefician a los privilegiados y aprovechados del régimen para que siguieran manteniendo sus viviendas. Se puede considerar que aquello fue un error administrativo. Pero también un abuso porque el régimen franquista siguió manteniendo los privilegios de familias muy ilustres”.
En su opinión, cabe hablar de “okupas de lujo privilegiadosokupas”. Y también en su opinión, “por razones antropológicas y arqueológicas, el Patio de Banderas debe cederse a la ciudad”. Los arqueólogos han descubierto que bajo dos de las viviendas de ese recinto a cielo abierto yacen los restos del palacio original del rey Almutamid, del siglo XI.
Zoido ignoró como alcalde la oferta para hacerse con inmuebles públicos de lujo que acabaron en manos de la jet sevillana
La venta al ayuntamiento de Sevilla de esas dos viviendas –los números 7 y 8 del Patio de Banderas– se encuentra ahora mismo en fase de tramitación. El consistorio pagará cuatro millones de euros por el inmueble, cuya superficie construida alcanza los 1.100 metros. En esos cuatro millones se incluyen los 2,5 que invirtió Patrimonio en la rehabilitación de la casa, que se encontraba en muy mal estado y que se alza justamente sobre el palacio de Almutamid, el rey poeta.
El Gobierno del PP desarrolló a partir de 2013 una macrooperación inmobiliaria de carácter estatal que en Sevilla condujo a que inquilinos de familias de la jet local y que residían desde el franquismo en inmuebles públicos de lujo se hicieran con la propiedad de cinco viviendas entre 2014 y 2018. Situadas frente a la Giralda, en la zona noble del casco antiguo, las adquirieron mediante enajenación directa, sin subasta y a bajos precios. Por ejemplo, 1.855,34 euros por metro cuadrado en el caso de dos pisos vendidos en diciembre de 2014, y 2.300 euros también por metro cuadrado que se fijó para un palacete de 1.650 metros construidos y que se convirtió en el último inmueble de esta serie al cambiar de manos públicas a privadas en 2018.
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