Investigación
Zoido ignoró como alcalde la oferta para hacerse con inmuebles públicos de lujo que acabaron en manos de la jet sevillana
El gobierno local de Sevilla que entre 2011 y 2015 presidió Juan Ignacio Zoido como alcalde en nombre del PP bloqueó a finales de 2013 la opción de que los inmuebles públicos de lujo que rodean el Alcázar pasaran a manos de la ciudad y quedara así resuelta una reivindicación de décadas. En diciembre de aquel año y después de que todos los grupos municipales hubieran reclamado al Estado la cesión de esas viviendas, Patrimonio del Estado dirigió al primer teniente de alcalde de Zoido una oferta escrita. El objetivo oficial era negociar un convenio de suelo que solucionase un conflicto enquistado, el de la propiedad de unos inmuebles que en realidad forman parte del conjunto del Real Alcázar. Pero el Ayuntamiento, aseguran los actuales portavoces de Patrimonio, ni siquiera respondió a la carta. Aquel silencio allanó el camino para que, en perjuicio de los intereses públicos de la ciudad, el Gobierno central vendiera viviendas del área a quienes durante décadas habían sido sus inquilinos por adjudicación discrecional. Como ya ha publicado infoLibre, cinco de ellas, que suman 2.502 metros cuadrados construidos, fueron vendidas a dedo y a bajo precio a inquilinos de la jet sevillana que llevaban lustros abonando alquileres baratos cuyo importe exacto no ha trascendido.
La existencia de aquella oferta de diciembre de 2013 la han ratificado a infoLibre portavoces oficiales de la Dirección General de Patrimonio tras la información recabada por este periódico a través del Portal de Transparencia. infoLibre no ha conseguido que el PP andaluz ni el sevillano ofrezcan su versión. El actual grupo municipal de la capital hispalense asegura no tener ni idea de aquellos hechos. La entonces concejala de Cultura y ahora alto cargo de la Consejería homóloga, Mar Sánchez Estrella, remarca que carecía de competencias sobre el Alcázar sevillano y que correspondían al primer teniente de alcalde de Zoido. El que era primer teniente de alcalde, Javier Landa, no ha podido ser localizado. Y Juan Ignacio Zoido, hoy eurodiputado y ministro de Interior entre 2016 y 2018, ha rehusado exponer su explicación de lo sucedido tras cuatro días de espera por parte de este medio.
Fuentes del actual equipo municipal informaron de que un año antes, 2012, el Estado llegó a proponer al Ayuntamiento pasar a usos terciarios (oficinas, hoteles, comercios) las casas del Patio de Banderas "a cambio de alguna cesión". Entonces ya era alcalde Juan Ignacio Zoido.
Un papel del que no queda rastro
El silencio municipal a la propuesta estatal de diciembre de 2013 dio así vía libre a que, como ha publicado infoLibre, la operación inmobiliaria puesta en marcha en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la enajenación de viviendas, locales y solares públicos en toda España terminase derivando en Sevilla en una serie de ventas sin obstáculos a inquilinos de alta alcurnia. Entre diciembre de 2014 y junio de 2018, cuando ya estaba en marcha el traspaso de poderes tras la moción de censura a Rajoy, cinco viviendas a un tiro de piedra de la Giralda fueron escrituradas a nombre de quienes las habían adquirido mediante la fórmula de "enajenación directa". Es decir, sin subasta. Y pagando precios inferiores a los que se manejan para una de las zonas más privilegiadas de la capital andaluza por su magnificencia arquitectónica y su situación geográfica. Para el bolsillo de los nuevos propietarios la compra supuso un gasto de entre 1.645 euros el metro cuadrado y 2.300 en el caso de un palacete con 1.650 metros cuadrados construidos.
De aquella carta que Patrimonio hizo llegar al primer teniente de alcalde de Sevilla en diciembre de 2013 no queda rastro. Fuentes del equipo de gobierno que desde 2015 preside el socialista Juan Espadas subrayan que ignoraban su propia existencia. Y que el alcaide del Alcázar, responsable de la gestión de un complejo de enorme valor donde confluyen el pasado andalusí y el de la conquista cristiana, pedirá copia del documento al Gobierno central. Quienes en Sevilla conocen lo sucedido aseguran que la oferta lanzada por Patrimonio en diciembre de 2013 no preveía una cesión gratuita sino un canje: las viviendas de la plaza que abre paso hacia el Alcázar y otras de su entorno serían para el Ayuntamiento a cambio de suelos de titularidad municipal.
La respuesta oficial de Patrimonio ante las preguntas de este periódico difiere en cuanto al carácter del convenio ofertado. Lo que la dirección general dice es esto:·"Contestando a una solicitud de cesión de los inmuebles estatales en Patio de Banderas y sus aledaños enviada por el Ayuntamiento de Sevilla, por carta de 19 diciembre de 2013, la Subsecretaria del Departamento trasladó la disposición de la Administración General del Estado para estudiar esa cesión en el marco de un convenio general que diese una respuesta global a las distintas cuestiones pendientes que concernían a los inmuebles de titularidad estatal en el municipio". El texto remitido a este periódico finaliza así: "El Ayuntamiento no respondió a esta oferta".
El Gobierno del PP vendió frente a la Giralda y a bajo precio viviendas públicas de lujo a miembros de la jet sevillana
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La propuesta gubernamental venía precedida del acuerdo unánime y a propuesta del PSOE, habían alcanzado el 30 de octubre de aquel año todos los grupos municipales. El pacto de todas las formaciones políticas representadas en el consistorio hispalense incluía un listado de viviendas cuya propiedad se reclamaba al Estado. En esa lista figuran las cinco que el Ejecutivo central vendió a sus arrendatarios. Una de ellas fue para un empresario descendiente del fundador de la primera empresa local de aguas y que en mayo de 2013 había dejado de pagar la renta a que venía obligado desde 1962. Al año siguiente, un juez ordenó su desahucio. Pero, en lugar de proceder a su desalojo Patrimonio le ofreció quedarse con un nuevo contrato de alquiler. O como propietario. Tres años después de convertirse en un okupa o un precarista de lujo, el empresario se quedó con la titularidad del domicilio donde llevaba más de cinco décadas residiendo. Por 415 metros cuadrados de superficie construida pagó 682.800 euros. Y le traspasó luego el inmueble a su hijo.
En marzo, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) mantiene desde marzo en la Audiencia Nacional una demanda por la que solicita la nulidad de esa venta. Adepa entiende que hubo trampa. Y que dejó de pagar el alquiler durante 35 meses justamente para beneficiarse así del artículo de la Ley de Patrimonio de las Administraciones que permite la venta directa de un inmueble público a su "ocupante". Es decir, a su okupa o precarista.
Entre los afortunados compradores se hallan personajes como Soledad García-Conde Tartiere, viuda del que fue presidente de honor de Abc, Guillermo Luca de Tena, o los herederos de María Antonia Sánchez Arjona Ortega, pertenecientes a una saga en la que destacó José María Martínez Sánchez Arjona, ministro franquista de Vivienda entre 1960 y 1969.
