El mes que calcula Pedro Sánchez que le llevará buscar apoyos para someterse a una investidura ha disparado las alarmas en muchos altos cargos de los ministerios. Mariano Rajoy ha comunicado a los suyos el mensaje de que no quiere una desbandada y que, en la medida de lo posible, hay que trasladar sensación de normalidad manteniendo la agenda y la actividad de los departamentos. Y esto es incompatible con las ofertas de trabajo en el sector privado que esperan algunos de sus cargos.
"Por lo general, los ceses que estamos viendo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) están siendo por casos excepcionales, como el escándalo de Acuamed", subrayan fuentes gubernamentales. Fue el caso de Federico de Armas, subsecretario de Presidencia. Es decir, número tres de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Estos ceses deben pasar antes por el Consejo de Ministros por lo que, en última instancia, es el Ejecutivo en funciones el que tiene la última palabra.
Con anterioridad a la celebración de las elecciones sí renunciaron aquellos altos cargos cuya inclusión en las listas era incompatible con el puesto que desempeñaban en las cúpulas de los diferentes ministerios. Fue la forma con la que el Ejecutivo intentó salvar a a algunos de sus fieles ante los temores a perder el poder.
Este miedo también estaba instalado en los altos cargos de los ministerios desde hace meses. "Tras la debacle en las autonómicas y municipales del mes de mayo de 2015, muchos de ellos empezaron a temerse lo peor, a quedarse sin empleo una vez pasadas las generales y hay quien empezó a escuchar ofertas del sector privado", cuentan fuentes conocedoras de este proceso. Esto implica que algunos altos cargos tenían ya cerrada su incorporación a nuevos puestos de trabajo para comienzos de año, cuando se preveía que el panorama gubernamental podía estar despejado. Pero un resultado electoral que hace muy difícil que cualquiera de los partidos gobierne sin alianzas o apoyos externos ha dilatado este proceso. Y, por lo menos, hasta dentro de un mes continuará la incertidumbre.
¿Qué supone todo esto? Que hay altos cargos de la Administración General del Estado que temen perder las oportunidades laborales que se les presentaron en su día.
Paralelamente, hay otro grupo de altos cargos que, sin ofertas concretas, esperan a que la situación se despeje para ponerse a buscar trabajo.
En el Consejo de Ministros de Rajoy el panorama es, a simple vista, algo menos complejo. Salvos dos, todos los ministros fueron incluidos en las listas electorales en puesto de salida. Esto conlleva que todos ellos tengan garantizado su escaño en el Congreso de los Diputados y los ingresos que ello conlleva.
Las dos excepciones son la del titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, y la de Pedro Morenés, ministro de Defensa.
Sin noticias en el portal de la transparencia
El bloqueo del Gobierno a este tipo de operaciones queda reflejada en el Portal de la Transparencia que el Gobierno inauguró hace poco más de un año. En uno de los apartados se recogen las autorizaciones para el ejercicio de la actividad privada tras el cese de altos cargos. Se trata de los permisos que el alto cargo debe obtener de la Oficina de Conflictos, dependiente del Ministerio de Hacienda, dado que durante el periodo de los dos años posteriores al cese no puede prestar servicios en entidades afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado.
La última autorización que recoge esta herramienta tiene fecha del 29 de diciembre de 2015, nueve días después de las elecciones generales. Ese día, se daba luz verde para que Jaime Pérez Renovales, exsubsecretario de la Presidencia, ingresase como presidente de varios consejos de administración. Había cesado el 19 de junio.
Previamente, el 11 de junio, ocho días antes de su cese ya había sido autorizado para incorporarse al Banco Santander, entidad de la que procedía cuando se incorporó al Ministerio de la Presidencia.
Consigna: no frenar la actividad de los ministerios
En el PP y en el Gobierno son conscientes de que en los próximos días van a ser los socialistas los que tengan en su mano manejar los tiempos políticos, llevar la voz cantante y condicionar los discursos. Al partido del Gobierno en funciones le queda la labor de ser oposición al partido que intenta formar Gobierno.
En cuanto al mensaje político, los conservadores dicen tenerlo claro: no apoyarán ninguna opción que no sea la encabezada por Mariano Rajoy. Ninguna. Su candidato tampoco es negociable. Y aunque en el PP hay voces que, en privado, admiten que el partido tiene que someterse a un proceso de renovación, hay cierto consenso en que es mejor no tocar este tema hasta que quede configurado el nuevo Gobierno o hasta que se celebren nuevas elecciones.
Los conservadores conocen perfectamente que, con la ley en la mano, la convocatoria del pleno de investidura es una competencia del presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Patxi López, pero ya han registrado la petición de que este se celebre el día 22 de febrero.
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En lo que tiene que ver con la actividad del partido y del Gobierno la consigna de la dirección nacional del PP es la de no dar la sensación de parón, de inactividad. La de no perder la presencia, sobre todo en los medios de comunicación.
Así, fuentes de la dirección nacional precisan que la formación continuará en las próximas semanas celebrando juntas directivas regionales y provinciales con presencia de miembros de la cúpula. Y que se reactivará la denominada "ruta social". Está pendiente que Rajoy presida un acto de este área que coordina el responsable de Sectorial, Javier Maroto.
Desde la Presidencia del Gobierno también se insta a los ministros a mantener vivos sus departamentos, a mantener su agenda. El equipo de Rajoy ha trasladado a los miembros del Ejecutivo en funciones que sigan convocando actos públicos. "Que no se pueda legislar no implica que los departamentos tengan que estar parados. Hay menos actividad, como es lógico. Pero hay mil cosas que hacer", valora un miembro de la dirección nacional.
El mes que calcula Pedro Sánchez que le llevará buscar apoyos para someterse a una investidura ha disparado las alarmas en muchos altos cargos de los ministerios. Mariano Rajoy ha comunicado a los suyos el mensaje de que no quiere una desbandada y que, en la medida de lo posible, hay que trasladar sensación de normalidad manteniendo la agenda y la actividad de los departamentos. Y esto es incompatible con las ofertas de trabajo en el sector privado que esperan algunos de sus cargos.