Después de la guerra del carbón, se avecina una nueva batalla entre el Gobierno y las empresas en materia energética: la de las centrales nucleares. El pasado 31 de enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, adelantaba en la comisión del ramo del Congreso la determinación del Gobierno de hacer que las eléctricas paguen por el desmantelamiento de las nucleares y asuman su responsabilidad, tarea por el momento de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Tras Garoña, cuyo cierre ya está en marcha, el resto de estas instalaciones alcanzan el fin de su vida útil entre 2020 y 2027. En principio, y salvo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diga lo contrario, cuando llegue la fecha las centrales tendrán que desmantelarse: un proceso delicado y costoso por lo contaminante de sus elementos.
Hasta ahora, las empresas que explotan estas infraestructuras deben pagar a Enresa una tasa por cada kilowatio de energía eléctrica generado. El Ejecutivo pretende que ese fondo acumulado pase a disposición de las eléctricas y que ellas, bajo la supervisión del CSN, se encarguen de la clausura. Todos los expertos consultados por infoLibre coinciden en un diagnóstico: el Gobierno pretende alargar la vida de las nucleares sea como sea.
Según cálculos de la propia Enresa, cerrar todas las nucleares costará 10.000 millones de euros. El problema es que, según alertó el Tribunal de Cuentas en 2015, hay un desfase entre los ingresos de la empresa estatal y los gastos. El déficit en ese año, según estimaciones del órgano, era de 1400 millones. "El fondo de Enresa depende de su evolución financiera y, con los tipos de interés tan bajos que hay actualmente, los ingresos del fondo están siendo menores. De esta forma, el cierre de cualquier central, como sucede ahora con Garoña, supone una aportación adicional por parte del sector público", explica el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) a infoLibre para justificar la determinación. Dado el agujero, antes de que lo paguen los contribuyentes, que lo paguen las empresas, argumenta. Pero los expertos creen que no es ni la única ni la principal razón.
"Están intentando controlar el cierre de las nucleares, como están intentando controlar el cierre de las térmicas. Pretenden alargar su funcionamiento. Si las eléctricas lo tienen que pagar, intentarán que funcionen lo máximo posible para generar fondos. Si sale el proyecto de ley adelante, tendrá un impacto enorme", opina el experto en energía y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Jorge Morales. El vicepresidente de la Fundación Renovables, Sergio del Otto, añade: "Es una ocurrencia y una improvisación. Han tenido años para pensar en este tema. La razón de ser es la rabieta por el cierre de Garoña. Es un castigo".
Ambos coinciden en que, en realidad, la decisión tiene sentido en el marco de una competencia justa entre los distintos modos de generación de energía. "Si tanto hablan de que están en un libre mercado, pues que estén con todas las de la ley, ¿no?", apunta con ironía Morales. Un parque eólico, por ejemplo, debe contar en sus cuentas con que, tarde o temprano, tendrá que abordar su desmantelamiento. Ese precio a pagar no es tenido en cuenta por las nucleares. Por ahora. El Minetad se suma al argumento: "España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear es responsabilidad de todos", asegura su gabinete de prensa. "El principio de que los titulares asuman todos los costes es lógico. Lo que no es lógico es plantearlo a estas alturas", afirma De Otto.
La cuestión es pertinente. Si la estrategia energética del país es plena competencia del Ejecutivo, y hasta ahora no han puesto problemas en que Enresa se hiciera cargo de la clausura, ¿por qué de repente sí? Los expertos aseguran que es una respuesta en caliente al órdago de las eléctricas y en concreto de Iberdrola, con el cierre anunciado de las dos térmicas que le quedaban y de Garoña. El ministro, en público, apunta a otra razón derivada de ese órdago: el supuesto incremento en el precio de la luz que tendría cerrarlas, de un 25%, según sus cálculos.
Un alto cargo del sector nuclear afirma que el cálculo no es acertado. "No tiene ninguna razón para decir eso. El problema del precio de la luz es de una volatilidad regulatoria. Nadie está planteando cerrar el parque nuclear y no sustituirlo por nada. Las renovables son muy baratas, más baratas que el resto", asegura. "El lío en el que estamos es brutal", añade, una improvisación tras otra en materia energética fruto de una "gobernanza mediocre".
Las dudas
El proyecto de ley con el que el Gobierno pretende alargar la vida de las nucleares simplemente ha sido anunciado de manera informal por el ministro. Hay mucha incertidumbre en el sector de la energía acerca de cómo afectará y varias sospechas sobre la posible merma en la seguridad que podría acarrear el hecho de que una empresa privada, y no una pública como hasta ahora, se encargue de un proceso tan delicado en el caso de que salga adelante la norma.
El Ministerio lo niega: "Esto no supone ninguna pérdida de capacidad de control, ya que al igual que sucede con el resto de centrales, sus dueños se tendrían que responsabilizar de dejarlas en perfecto estado, desmantelarlas y llevar a cabo todo ese proceso cumpliendo con sus obligaciones medioambientales y de seguridad". Unas obligaciones que se encarga de fiscalizar el CSN, que se supone que velará con el mismo empeño por las garantías del proceso.
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Sin embargo, "si las eléctricas se encargan, intentarán reducir costes al máximo", pronostica el coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón. Las licitaciones de Enresa en los desmantelamientos están controladas al milímetro al ser de titularidad pública, asegura, lo que no es así en el caso de compañías privadas.
Morales apunta a otra incertidumbre: "Hay que prever que las empresas no puedan quebrar, que puedan asumir este coste añadido". De Otto, por su parte, apunta a que está por ver cuál es el uso que las eléctricas hacen del fondo de Enresa para el desmantelamiento que, tal y como prevé el Minetad, se transferirá a las empresas. "Enresa tiene prohibido especular con ese dinero. No sabemos en qué condiciones se haría esa transferencia y cómo van a utilizar las eléctricas ese dinero", afirma.
El vicepresidente de la Fundación Renovables apunta a que durante años se vendió la energía nuclear como una fuente barata, pero que no se tenían en cuenta los costes del desmantelamiento que ahora se ponen sobre la mesa. En teoría, según afirma el Ministerio de Energía, la medida permitirá librar a los consumidores y contribuyentes de esta carga, ya que de seguir Enresa al frente del proceso los ciudadanos tendrían que compensar el agujero detectado por el Tribunal de Cuentas. De Otto es escéptico. "Al final lo pagaremos todos. Las eléctricas siempre consiguen, de una u otra manera, que el Gobierno salga en su ayuda".
Después de la guerra del carbón, se avecina una nueva batalla entre el Gobierno y las empresas en materia energética: la de las centrales nucleares. El pasado 31 de enero, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, adelantaba en la comisión del ramo del Congreso la determinación del Gobierno de hacer que las eléctricas paguen por el desmantelamiento de las nucleares y asuman su responsabilidad, tarea por el momento de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa). Tras Garoña, cuyo cierre ya está en marcha, el resto de estas instalaciones alcanzan el fin de su vida útil entre 2020 y 2027. En principio, y salvo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diga lo contrario, cuando llegue la fecha las centrales tendrán que desmantelarse: un proceso delicado y costoso por lo contaminante de sus elementos.