Hace poco más de una semana, el Tribunal Constitucional (TC) daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.
En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.
En la Legislatura completa, en la X [diciembre 2011-enero 2016], el Gobierno presentó un total de 239 iniciativas (163 proyectos de ley y 76 decretos leyes). Por tanto, el 31,8% fueron decretos leyes. El porcentaje es casi inédito.Sólo en la VI Legislatura (1996-2000), con José María Aznar (PP) al frente, se superó el 30%.
Es el artículo 86 de la Constitución que el recoge la figura del real decreto ley. "En caso de extraordinaria y urgente necesidad", refleja, "el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general", añade.
El proceso
El proceso es el siguiente: una vez que reciben el visto bueno del Consejo de Ministros, deben ser sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Tiene que hacerse en los 30 días siguientes a su promulgación. En ese periodo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
En el caso de la amnistía fiscal, el Constitucional considera que parte del real decreto "afecta a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" que tienen los ciudadanos y, por tanto, no puede hacerse por esta vía legislativa.
Las fuentes del PP y del Gobierno consultadas achacan el recurso al real decreto ley a la "urgencia" de las cuestiones sobre las que pretende legislar. Recuerdan, en este sentido, que cuando llegaron al Gobierno tras la última legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero la crisis económica requería de "acciones urgentes". Afirman también que en esta legislatura, la actual, tras más de casi un año de Gobierno en funciones había mucha tarea legislativa pendiente, sobre todo trasposiciones de directivas de la Unión Europea que había que aprobar para evitar sanciones. Es el caso, por ejemplo, de la reforma de la estiba, que tuvo que volver al Congreso después de que el primero de los reales decretos fuera tumbado por la Cámara.
Hace dos meses, el Gobierno tenía pendiente adaptar a la legislación española 78 directivas comunitarias. Como norma general, las directivas de la UE deben incorporarse a la legislación nacional en un plazo máximo de dos años.
Los reales decretos de esta legislatura
En lo que va de XII Legislatura, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a 16 reales decretos. Diez de ellos corresponden a 2017 y seis al año anterior. Concretamente, hasta la fecha, han llegado al Congreso de los Diputados cuatro reales decretos leyes relacionados con el ámbito tributario o financiero. Se trata del que introdujo medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, del que adoptó medidas tributarias dirigidas "a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social", del que adoptó medidas urgentes "en materia financiera". Y el que traspuso "directivas de la UE en los ámbitos financieros, mercantil y sanitario".
Entre los decretos también figuran tres que afectan a los consumidores: una en materia de cláusulas suelo, otra con el coste del bono social y otra para la protección de deudores hipotecarios sin recursos. Y dos que están relacionadas con el empleo: uno de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el que prorroga y modifica el Programa para Activación para el Empleo.
También se contabilizan un par de decretos para paliar efectos de la sequía o el temporal, además de los dos de la estiba, el derogado y el que salió adelante. Y el que amplió el calendario de implantación de la LOMCE, además de una modificación de la ley de protección de salud del deportista y lucha contra el dopaje, y del decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpo de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.
Sin justificar la "urgente" necesidad
El varapalo del TC respecto al real decreto sobre la amnistía fiscal no es el único de este tribunal a los conservadores. Hace casi un año, en julio de 2016, el pleno del TC estimó de forma unánime un recurso presentado en 2014 por PSOE, IU y UPyD contra la decisión del Gobierno de aprobar créditos extraordinarios para pagar armas.
La sentencia considera que el uso sistemático del decreto-ley como forma de aprobar créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento es contrario a los requisitos que establece el artículo 86.1 de la Constitución.
Así, la resolución, de la que fue ponente Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del TC, señala que el Gobierno debe explicitar las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican la aprobación de medidas legislativas por la vía del decreto-ley, unas medidas que, además, deben guardar conexión con la situación de urgencia a la que pretenden hacer frente.
Sólo dos rechazos en democracia
Con el rechazo, el pasado 16 de marzo, por parte del Pleno del Congreso del real decreto ley para reformar el sector de la estiba son tres las ocasiones en las que la Cámara baja ha tumbado una figura normativa de este tipo. Ocurrió, además de ahora, en 1979 y 2006.
La oposición no ha conseguido aprobar una sola ley en nueve meses de legislatura
En la primera legislatura de Zapatero, una treintena de diputados socialistas se confundieron al votar el real decreto por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Era 9 de febrero de 2006. El Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo y llevarlo de nuevo al Congreso. En esta ocasión no hubo errores y pudo salir adelante.
Para encontrar el ejemplo más antiguo en el tiempo hay que ir al 6 de febrero de 1979. Ese día, la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.
Las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que el Gobierno tomó nota del primer suspenso con el decreto de la estiba y que, ahora en minoría parlamentaria, intentará hacer un uso más limitado para evitar, además, recursos ante el TC que pongan en entredicho su actividad legislativa.
Hace poco más de una semana, el Tribunal Constitucional (TC) daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.