Tras más de un año y medio de debate, el pasado diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local. Nació con dudas de su constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, sin gustar siquiera a los alcaldes del Partido Popular. Y con amenazas de recursos de inconstitucionalidad ya consumadas. Ahora, siete meses después de que viera la luz, el Ejecutivo ha decidido levantar el pie del acelerador en su aplicación abriendo la revisión de algunos de sus puntos y aplazando compromisos previstos en el articulado para este otoño. ¿El motivo? No quieren rebeliones de alcaldes antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Ni que los candidatos conservadores, ya muy tocados por lo general en las encuestas, pierdan más opciones.
El ejemplo más claro de esta estrategia está, según las fuentes consultadas, en el calendario fijado en la propia ley para que los consistorios hiciesen pública una valoración de lo que les cuesta prestar determinados servicios a la población. Se trata del denominado "coste efectivo". Una cuestión polémica porque, en un principio, la intención del Ministerio de Hacienda era la de fijar un precio estándar para la prestación de los servicios. Esto, en la práctica, suponía que si un ayuntamiento se pasaba de la cifra perdía la competencia a favor de la diputación, lo que encendió los ánimos de los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El plan b que encontró el ministro Cristóbal Montoro fue el de olvidar este concepto y sustituirlo por el de coste efectivo, una horquilla en la que se tendrán en cuenta factores como la población, la geografía, la insularidad... Según el texto legislativo, en su artículo 116, "todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior". Un precepto que las fuentes consultadas ven difícil que vaya a cumplirse este año puesto que, a día de hoy, el ministerio no ha fijado los criterios a partir de los cuales ha de hacerse este cálculo.
Sin intercambio de documentos
En la FEMP admiten que hasta la fecha no han recibido una sola propuesta ni borrador del departamento de Cristóbal Montoro con el método que los consistorios deben emplear para hacer este cálculo. Y que, ya entrados en el verano, es muy difícil que vayan a cumplirse los plazos marcados en la ley. No obstante, las noticias que les llegan desde Hacienda apuntan a que están trabajando en ello.
¿Qué supondría, en la práctica, la publicación de estos costes efectivos? "A priori, que se establezcan comparaciones entre unos y otros ayuntamientos y surjan enfrentamientos, no sólo entre partidos, sino entre alcaldes de un mismo partido por el hecho de que en un municipio sea más barato que en otro prestar determinados servicios". Un debate que los conservadores quieren evitar a pocos meses de las autonómicas y municipales de mayo.
Hace poco menos de un mes, el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, admitió que Hacienda estaba dispuesta a modificar la ley ya aprobada para retirarle a los equipos de gobierno de los ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno. Se trata de una observación censurada recientemente en un informe del Consejo de Estado en el que el organismo valoraba el recurso de inconstitucionalidad contra esta legislación planteado por 3.000 consistorios. El total de ayuntamientos en España es de 8.116.
Asimismo, este órgano consultivo ponía en el punto de mira el tema del polémico coste efectivo y el hecho de que las diputaciones asuman la coordinación de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
No es la primera vez que el Consejo de Estado dejaba por escrito sus dudas respecto a esta ley. Hace justo un año, el 2 de julio de 2013, este órgano ya se pronunció de forma muy crítica respecto al anteproyecto de ley que le fue remitido desde el Consejo de Ministros. Por entonces, el Ejecutivo respondió asegurando que iba a incorporar al texto definitivo estas recomendaciones.
¿Interés partidista?
Las fuentes del Partido Popular consultadas por infoLibre admiten que el ritmo de aplicación de la ley se ha ralentizado, pero subrayan que se trata de una cuestión "política más que partidista" en la que ninguna formación va a presionar. Pese a esta afirmación hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una: que gran parte de los consistorios españoles están en manos de los conservadores. Y dos: que si los partidos no presionan para la aplicación de esta ley es porque sólo PP, PNV y UPN decidieron dar su respaldo a la formación del Gobierno en la tramitación parlamentaria de esta reforma.
Las enmiendas a la ley de contratos públicos irritan a los grandes ayuntamientos: "Atacan la autonomía local"
El trasfondo: miedo a perder poder territorial
Si en el Partido Popular albergaban alguna duda de que su escenario electoral se ha complicado en los últimos años, las elecciones europeas acabaron de confirmar lo que ya venían mostrando las encuestas. Hasta el punto de que la dirección nacional del partido ha prometido a sus dirigentes un estudio pormenorizado de qué ha fallado con soluciones de cara al próximo otoño, cuando se empiecen a preparar las candidaturas para mayo.
El vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Carlos Floriano, se ha reunido en las últimas semanas con representantes de las direcciones regionales y provinciales del partido para analizar los resultados del pasado 25-M, cuando el PP perdió el 33% de los escaños en el Parlamento Europeo. En estos foros, la dirección nacional ha escuchado de forma permanente la queja de que son las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy las que han lastrado los resultados electorales. En este contexto se interpreta el último anuncio de Mariano Rajoy para retener el poder municipal: la elección directa de alcaldes, un salvavidas para que los conservadores puedan retener consistorios que llevan años en su poder y de gran relevancia política, como Madrid y Valencia.
Tras más de un año y medio de debate, el pasado diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local. Nació con dudas de su constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, sin gustar siquiera a los alcaldes del Partido Popular. Y con amenazas de recursos de inconstitucionalidad ya consumadas. Ahora, siete meses después de que viera la luz, el Ejecutivo ha decidido levantar el pie del acelerador en su aplicación abriendo la revisión de algunos de sus puntos y aplazando compromisos previstos en el articulado para este otoño. ¿El motivo? No quieren rebeliones de alcaldes antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Ni que los candidatos conservadores, ya muy tocados por lo general en las encuestas, pierdan más opciones.