El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el veto parental implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.
El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio dirigido por Isabel Celaá remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos. El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", aseguró el pasado viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, precisando que sólo retirará el pin censor si así lo determinan las instancias judiciales.
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Este pasado lunes, cuando terminaba el plazo del requerimiento enviado por el Ministerio, Celaá calificó como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en su opinión, representa el pin parental. "El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", dijo ayer Celaá, acusando al Gobierno de López Miras de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el pin censor para apoyar los presupuestos en Murcia.
El requerimiento del Ministerio de Educación enviado el pasado 17 de enero fue la reacción del Gobierno de España al acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox para los presupuestos de Murcia, que incluía el veto parental a petición del partido de Santiago Abascal. El Gobierno de Murcia quiere ahora consagrar esta medida en un decreto, aunque su intención es que la autorización parental sea obligatoria sólo en actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.
El denominado pin censor es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño han mostrado su rechazo a implantarla.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el veto parental implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar.