Los incidentes violentos que se produjeron al término de las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo –y que resultaron en un centenar de heridos, entre ellos 67 agentes– ya han provocado la caída de un mando policial. Se trata del inspector jefe Francisco Javier Virseda, el jefe de la Primera Unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP), las unidades de antidisturbios con base en la Comunidad de Madrid. Así lo anunció este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en el curso de una larga comparecencia que se prolongó más de cuatro horas.
Cosidó relató qué ocurrió aquella noche y cuál fue la respuesta policial. Y contó también las conclusiones del informe reservado que ordenó abrir el pasado 24 de marzo, que se archiva "sin poder individualizar posibles irresponsabilidades". El despliegue, el mayor en protestas de este tipo en los últimos dos años, fue “correcto”, así como fue “idóneo” el número de agentes destacados –1.512 UIP y 167 funcionarios de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)– y la información de la que se disponía y proporcionada su actuación. “La información abierta no ha detectado fallo en el diseño operativo, pero sí un fallo de coordinación y comunicación a la hora de transmitir las órdenes en el transcurso de los violentos altercados”, fallo que impidió que las actuaciones se tomaran “de forma cohesionada y con rapidez”, y que, a la postre, restó capacidad de “anticipación” y provocó un “número de heridos inaceptable”.
Esos fallos son los que justifican, a juicio de Cosidó, el “relevo” del jefe de las UIP de Madrid. Su caída estaba cantada, por cuanto los sindicatos policiales pedían ceses (y no sólo la caída de Virseda), y el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció días después del 22-M la existencia de errores. Asimismo, el número dos de la Policía, el director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, en su única reunión con los sindicatos profesionales, se comprometió a depurar responsabilidades si se acreditaban fallos. Fallos de “coordinación y comunicación” que hoy asumió finalmente Cosidó.
Pero esa destitución supo a poco a la oposición. A fin de cuentas, Virseda llevaba sólo un mes en el cargo desde su anterior destino (Málaga), y era el tercero en la línea de mando, por debajo del jefe nacional de las UIP, José Miguel Ruiz Igusquiza, y del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, de quienes las centrales policiales pedían su cabeza. Virseda, como se quejó Toni Cantó, diputado de UPyD, sería el "chivo expiatorio". El director general, sin embargo, negó más cambios en la cúpula de la Policía. El sustituto de Virseda, que se incorporará de forma "inminente", pero del que no dio el nombre, tendrá "libertad para hacer reajustes" por abajo, a la luz de los informes "críticos" que se han realizado.
34 detenidos, dos en prisión
El director general del Cuerpo señaló que el 22-M se constató una “escalada en el nivel de violencia” de las manifestaciones que no se había detectado nunca hasta ahora, con tácticas de guerrilla urbana, ya que se utilizaron petardos de gran potencia, adoquines, vallas, botellas de cristal, palos, rejas de alcantarillado y demás mobiliario urbano. Había una “elevada concentración de radicales” de diversas comunidades autónomas con la “clara determinación de ejercer una violencia máxima” contra los agentes bajo la señal de actuar una vez que hubiera concluido la intervención del último de los oradores en la plaza de Colón de Madrid.
¿Quiénes conformaban esos núcleos violentos? Cosidó explicó que se concentraron "entre 30 y 40 grupos ultra" procedentes de tres bloques: el bloque juvenil radical, el denominado bloque juvenil de los pueblos dignos y el de marchas obreras por la huelga general. De estos procedían grupos como los Bukaneros, las juventudes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) e independentistas de diferentes territorios como Askapena, Ernai, Arran, Briga, Jaleo o Inekaren, y a los que se unieron núcleos propiamente de Madrid como Yesca, Brigada 13 de Noiembre y el colectivo No Tenemos Miedo.
La información de la que disponían los agentes del 22-M indicaba, pues, la presencia de grupos "muy radicales" y de diversas procedencias, “grupos marginales de ideología anarquista, antifascista, independentista y uno de ultraderecha, Bandera Negra, todos ellos “unidos por un denominador común: el rechazo a la Constitución, la monarquía y la democracia parlamentaria”. La conexión, no obstante, entre todos ellos, era "escasa", funcionan de forma "autónoma", si bien los grupos de ideología anarquista sí cuentan con "cierto grado de estructuración" y con lazos internacionales, especialmente en Italia y Grecia. Para demostrar la violencia extrema de estos grupúsculos, el máximo responsable de la Policía mostró los destrozos producidos en un casco, un escudo y un chaleco antitrauma de las UIP.
Un "salto cualitativo" en la lucha
Cosidó subrayó que, días antes de la manifestación, estos grupos habían evidenciado su propósito de dar un "salto cualitativo", en la lucha, de hacer del 22-M una "jornada de combate revolucionario" y "perder el miedo a la Policía". De hecho, agregó, circularon diversas publicaciones en Internet con el título de Manuales de Resistencia para adoctrinar a los participantes en el hostigamiento a los agentes, o enseñar cómo aprovionarse de chinchetas para pinchar ruedas de vehículos policiales o fabricar cócteles molotov. La señal concertada para comenzar los ataques era "Cuanto termine de hablar el último orador" en la tribuna instalada en la plaza de Colón de Madrid.
Entonces comenzaron los incidentes, en la proximidad de la sede nacional del PP, en la calle de Génova, y en el paseo de Recoletos. Por estos altercados, fueron detenidas 34 personas, dos de las cuales permanecen en prisión provisional y 32 en libertad con cargos. Y fueron asistidas 101 personas por los servicios de urgencias: 47 policías nacionales, 20 municipales y 34 manifestantes.
Cosidó anunció que, debido a los fallos detectados, ya se están implantando nuevas medidas en la Policía para prevenir que se puedan reproducir esos altercados y ese volumen de heridos. Entre ellas, la reestructuración de las unidades de antidisturbios (las UIP), una mejora de medios materiales, medidas de asistencia jurídica y cursos de mejora en la coordinación.
Ahora, cada grupo de la UIP –que forman 50 agentes– estará formado por cuatro subgrupos (y no tres), de modo que siempre estén disponibles todos. Asimismo, se creará un grupo de intervención inmediata compuesto por dos grupos con personal cualificado, dotado con vehículos adecuados para que puedan moverse rápidamente e intervengan si hay graves disturbios en apoyo del resto. Precisamente, lo que ocurrió el 22-M fue que un grupo de las UIP quedó aislado y fue agredido por los radicales.
Asimismo, se ha autorizado por el "procedimiento de urgencia" la compra de 800 nuevos cascos con un revestimiento más grueso en la pantalla de protección, 300 nuevos escudos con una plancha de policarbonato de 4 milímetros (y no tres), 350 nuevos chalecos antitrauma con protección inguinal y en el cuello y 800 pares de un nuevo modelo de espinilleras, ya que una buena proporción de agentes fueron heridos en las piernas. El nuevo material será entregado "en breve".
Se han puesto también en marcha iniciativas para garantizar una mejor ayuda jurídica, para asistir a los efectivos que sean agredidos. Y, en último lugar, se potenciará el Centro de Coordinación como "órgano único de mando y coordinación" en todas las manifestaciones. Así, se mejorará la coordinación de los servicios policiales y asistenciales (bomberos, ambulancias, policía municipal) para que sus intervenciones sean comunicadas más rápidamente y evitando situaciones de riesgo. Igualmente, se cambiarán los equipos de transmisión para mejorar las comunicaciones.
La Policía no tiene "temor" a la OSCE ni modificó el dispositivo
La oposición reprochó a Cosidó los fallos del operativo del 22-M, "clamorosos". Un "desaguisado", en palabras de Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Ante uno de los mayores despliegues policiales, un resultado "desastroso", reprodujo el socialista Antonio Trevín. Desde el PP, Conrado Escobar alabó las explicaciones "claras y precisas" del jefe de la Policía. Pero no hubo más autocrítica por parte del director general. Los errores estaban circunscritos a las cuestiones de coordinación y comunicación.
Qué es y para qué sirve el 'camión-botijo' antidisturbios desplazado a Cataluña
Durante la larga comparecencia, afloraron otros asuntos tangenciales, como la Ley de Seguridad Ciudadana –Cosidó dijo que no se retirará, porque es necesaria–, o el caso Bárcenas, el último escándalo de los cursos de formación y hasta el 11-M, porque Trevín recordó al compareciente su aval a la teoría de la conspiración. Y emergió, claro, el asunto de los observadores de la OSCE que estuvieron presentes en las Marchas de la Dignidad. "Ningún temor. La Policía española no tiene absolutamente nada que ocultar; la Policía española actúa con total transparencia frente a la sociedad y también frente a cualquier organización internacional a la que los tratados que España tiene suscritos nos obligue. No hay modificación ni del despliegue ni de los criterios de actuación por la presencia de estos observadores", respondió el director general.
Cosidó mantuvo un cierto encontronazo con el diputado de ERC Joan Tardà, quien acusó a Interior de dar cobijo a algunos agentes que son "gentuza" por su ideología ultraderechista y por su odio a los catalanes. El máximo responsable lo negó tajantemente. No hay odio a los catalanes, sino "afecto", y no hay "gentuza" porque si algún efectivo incumple la ley, hay mecanismos para expulsarle. Además, garantizó la absoluta "imparcialidad" política de los agentes en todas sus actuaciones.
Los incidentes violentos que se produjeron al término de las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo –y que resultaron en un centenar de heridos, entre ellos 67 agentes– ya han provocado la caída de un mando policial. Se trata del inspector jefe Francisco Javier Virseda, el jefe de la Primera Unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP), las unidades de antidisturbios con base en la Comunidad de Madrid. Así lo anunció este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en el curso de una larga comparecencia que se prolongó más de cuatro horas.