El Gobierno, tal y como explicó este viernes en rueda de prensa el ministro Salvador Illa, ha aplicado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid durante los próximos 15 días para dar cobertura legal al confinamiento perimetral de los municipios más afectados por la pandemia en la Comunidad de Madrid. Únicamente para eso. Sin embargo, y tal y como sucedió en el primer Estado de Alarma de marzo, el Ejecutivo central podría asumir el mando único de la respuesta al covid-19 en la autonomía y tomar decisiones que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha querido, o podido, tomar.
Durante la primera ola, decretó un cierre a cal y canto del país, mandando a todo el mundo a su casa salvo para trabajar en los servicios considerados esenciales. Pero también desplegó medidas económicas para paliar el golpe y movilizó a médicos residentes, jubilados y estudiantes de último año para capear el colapso de los hospitales. Ahora que se pretende mantener un mínimo de actividad económica, sabemos más del virus, nuestra capacidad de testeo ha mejorado, usamos mascarilla y nos enfrentamos a una segunda ola que afecta de manera distinta, las prioridades son otras, sin dejar de mantener un equilibrio entre lo urgente y lo estructural. Los expertos en Salud Pública consultados por infoLibre apuntan a varias prioridades: llevar a la gente del interior de los bares al exterior de los parques, dar oxígeno a una Atención Primaria colapsada y establecer una estrategia de vigilancia epidemiológica que realmente funcione.
El estado de alarma decretado este viernes dista mucho de aquel con el que los españoles se familiarizaron con esta herramienta, el publicado en el Boletín Oficial del Estado del 14 de marzo de 2020. Basta con mirar el artículo 2 de ambos reales decretos, el que se refiere al "ámbito territorial". "La declaración del estado de alarma afecta al todo el territorio nacional", podía leerse en el texto de hace cuatro meses. Toda España frente a los nueve municipios de la Comunidad de Madrid a los que va dirigida la iniciativa aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario. Son Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de la Calzada. El resto de municipios de la Comunidad de Madrid y de España no se ven afectados por este decreto que tiene una duración de "15 días naturales".
El texto recién publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no contempla ningún tipo de medidas de contención en el ámbito educativo –en marzo se suspendieron las clases presenciales–. Tampoco supone el cierre al público de los locales de ocio y restauración. Si en el primer estado de alarma se suspendieron "las actividades de hostelería y restauración" pudiendo sólo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio, ahora los ciudadanos de estos nueve municipios de Madrid afectados pueden ir a bares y restaurantes cumpliendo con unos requisitos de aforo y un horario. El aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra, la ocupación máxima por mesa será de seis personas y la hora máxima de cierre se fija en las 23.00 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio. Las medidas destinadas a este tipo de locales no se incluyen en el BOE, ya que no fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y siguen vigentes en la orden ministerial de la semana pasada que acató Madrid.
¿Aprovechará el Gobierno para endurecer las medidas, a pesar de que su estado de alarma actual sea limitado? "Yo creo que no se va a meter en ese jaleo", lamenta el médico de familia y experto en gestión sanitaria Javier Padilla. Las medidas que ha impuesto Sanidad "están encaminadas a limitar la capacidad de expandir el virus, pero dentro no hacen nada". El facultativo afirma que las actuaciones presentes, tanto centrales como autonómicas, "hace que tengamos una especie de techo", que una vez alcanzado ya no va a más: los datos de la Comunidad de Madrid indican una estabilización, incluso una bajada, en las cifras. Pero se teme que "el no tomar medidas que vayan más allá hace que también tengamos un suelo". El ejemplo claro está en Aragón y en Cataluña: superaron el pico de sus segundas olas hace semanas, pero les está costando mucho bajar hacia incidencias realmente bajas. Y alerta: no deberíamos normalizar, ni celebrar como una buena noticia, una incidencia acumulada a 14 días de 300 casos por cada 10.000 habitantes. "Eso es una barbaridad".
Para Padilla, una de las prioridades para una hipotética intervención sanitaria del Gobierno central en la Comunidad de Madrid, por ahora lejana, debería ser ahuyentar a la gente del interior de los bares y otros locales de restauración: lugares donde el virus circula con facilidad, debido a la cada vez más demostrada transmisión por aerosoles, y donde los clientes se quitan la mascarilla para comer y beber. "Hay que empujarlos hacia el exterior, hacia los parques", que se cierran y se abren en cuestión de semanas según el arbitrio del político de turno. Coincide Pilar Serrano, secretaria de la Asociación Madrileña de Salud Pública: "En algún momento hay que limitar esos aforos. Son medidas que hay que tomar con urgencia, es una necesidad". Añade que la región debería profundizar más en el teletrabajo, pero eso, lamenta, "es un compromiso de las empresas" que, según la legislación actual, pueden o no cumplir.
París, la ciudad europea más golpeada por el covid-19 tras las españolas, ha cerrado todos sus bares con una incidencia acumulada en torno a los 500 casos. Nueva York, que aún no ha sufrido ninguna segunda ola, no abrió el interior de los establecimientos de restauración hasta hace unas semanas. Dublín ha vuelto a clausurar estos interiores con una incidencia de 140. Otras muchas urbes están limitando el horario de estos comercios con cifras hasta 10 veces menores que las madrileñas. Serrano matiza: "Los propietarios y los empleados no pueden quedar en una situación de vulnerabilidad". Defiende una estrategia "intersectorial", al estilo de la aplicada por el Gobierno en marzo y abril, que tenga también en cuenta el impacto económico de nuevas medidas duras.
Oxígeno al sistema sanitario
Como es lógico, en ambos casos, la "autoridad competente" a los efectos del estado de alarma es el Gobierno central. Por la complejidad de lo decretado y el alcance de las medidas, en el estado de alarma de marzo, bajo "la superior dirección del presidente del Gobierno" se fijaronn una serie de autoridades competentes delegadas en sus respectivas áreas de responsabilidad. Fue el caso de los ministros de Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad. Concretamente, al ministro de Sanidad se le facultaba, en el punto seis del artículo 12, a ejercer "aquellas facultades que resulten necesarias" para reforzar "el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional". Justo un día después, el 15 de marzo, una orden de Sanidad adoptaba una serie de medidas "en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".
Entre otros asuntos, se abrió la posibilidad de medidas como la contratación de aquellos profesionales sanitarios que en la convocatoria de pruebas selectivas de 2018 para el acceso en 2019 a plazas de formación sanitaria especializada no obtuvieron plaza. También se contemplaba, por ejemplo, que los profesionales sanitarios jubilados pudiesen incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas compatibilizando su pensión de jubilación con la prestación de servicios en centros sanitarios. La prioridad, según esta orden del departamento que dirige Salvador Illa era, priorizar "la ubicación" de estos profesionales "en atención primaria".
El real decreto de este viernes, que afecta a nueve municipios de la Comunidad de Madrid, obvia la falta de sanitarios en la región, sobre todo en Atención Primaria, el primer eslabón de la respuesta al virus, especialmente en la segunda ola. Si bien aún no se puede hablar de un colapso generalizado en los hospitales, los ambulatorios soportan una carga de trabajo altísima, y los pacientes son obligados a guardar colas de horas o esperar al teléfono durante horas. Esta orden del 15 de marzo fue modificada y ampliada por otra del 27 de marzo que, entre otras cuestiones, abría la posibilidad de contratar, como apoyo, a estudiantes de último año. Los expertos señalan que, además de en los centros de salud, el refuerzo del personal de Salud Pública es vital. "Tenemos que tener muy claro que, ahora mismo, no tiene sentido actuar a nivel hospitalario", sentencia Padilla. En su lugar, "hay que garantizar a nivel primario que los hospitales no se llenan".
Los médicos de familia, las enfermeras y el personal administrativo, con suficientes recursos, tiempo y capacidades, pueden capear una segunda ola y servir de barrera a las UCIs. Coincide Serrano: "Sin ninguna duda, hay que fortalecer la Atención Primaria. Es un punto clave. Se han pasado el abordaje de esta segunda ola apagando fuegos, pero hay patologías que se les están escapando": como, por ejemplo, enfermos crónicos a los que los profesionales sanitarios ya no les puede hacer el mismo seguimiento que antes.
"¿Por qué hay tanta reticencia a hacer lo que tenemos que hacer desde hace tantos meses?"
Hay que contratar rastreadores y establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que funcione. Lo dijeron los epidemiólogos en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre, y en octubre la Comunidad de Madrid, pese a promesas repetidas, sigue sin tener el personal necesario que recomiendan los organismos internacionales. Es el cuento de nunca acabar. Así que, si hay algun deseo destacado en esta peculiar lista de los deseos a la intervención del Gobierno central, es este. Reforzar el personal destinado a la Salud Pública y, en especial, a estos trabajadores. "¿Por qué hay tanta reticencia a hacer lo que tenemos que hacer desde hace tantos meses?", se lamenta Serrano. "¿A qué estamos esperando?". No son de mucha utilidad en un escenario de transmisión comunitaria como el actual, pero si el Ejecutivo quiere aprovechar el estado de alarma, debería dejar a la región lista para una tercera ola "para la que no está preparada", a juicio de Padilla. Son medidas "estructurales", explica la portavoz de la asociación, que si no se toman no permitirán "abandonar esta segunda ola a corto plazo".
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El decreto del estado de alarma de marzo no incluyó ninguna medida destinada a fortalecer la plantilla de rastreadores de las comunidades autónomas. No tenía sentido: el sistema estaba ocupado capeando el temporal. Sin embargo, durante la desescalada, el Gobierno exigió a las comunidades autónomas, sin cifras sobre la mesa, tener un sistema de vigilancia epidemiológica preparado para contener los brotes.exigió Lo que incluye a los rastreadores. La exigencia quedó en promesas que formularon las regiones y el Ejecutivo creyó. Aún con esos criterios laxos, Sanidad y Madrid protagonizaron una de sus primeras batallas: El Ejecutivo regional dijo que contrataría a 600 trabajadores para pasar a la fase 1. No lo hizo, y ya en la nueva normalidad negó la necesidad. El episodio se saldó con la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes.
Padilla lamenta aquellas promesas e insiste: no avanzaremos nada si no hay un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Una estructura que, junto a un buen número de test, detecte a los positivos, a sus contactos estrechos, dé rápido los resultados y organice los servicios de rastreo "para que estén más pegados a la comunidad". El objetivo final: que en menos de 48 horas se pueda controlar un brote sin que se descontrole. Y que las personas que se aíslen no se queden solas, aunque pueda parecer contradictorio. "Que el rastreador diga: vale, te tienes que cuarentenar. ¿No puedes ir a hacer la compra? Te vamos a poner en contacto con organizaciones sociales y comunitarias para que te ayuden", imagina el médico de familia. "La otra opción es poner una policía en la puerta de tu casa".
Es, precisamente, el mensaje que ha emitido el Gobierno este viernes. Ha comparecido el ministro de Sanidad para, además de cuestionar con palabras más duras que nunca la gestión de la presidenta autonómica, anunciar el confinamiento perimetral de los municipios grandes de la Comunidad de Madrid. Y junto a él, el ministro de Interior, para explicar cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a garantizar ese confinamiento. Más allá del aforo reducido al 50% y alguna que otra restricción adicional, no hay ningún paquete de actuaciones destinado a bajar con fuerza la incidencia del covid en la región, y no solo para evitar que los madrileños lleven el virus al resto de España. Padilla lo resume. "O tenemos servicios de rastreadores tremendamente eficaces, o tomamos medidas de restricción de la movilidad más duras", más parecidas al encierro de marzo. "Esto se para aislando a la gente. O aislamos a la gente correcta, o aislamos a la gente correcta y a la incorrecta también". El Ejecutivo tiene herramientas: ambos reales decretos (el de marzo y el de octubre) contienen una disposición final que permite al Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dictar sucesivos decretos que modifiquen sus medidas dando cuenta, eso sí, al Congreso de los Diputados.