El Gobierno de La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán (PP), ha eliminado las multas a las empresas que operan en las residencias de mayores y centros de día que no garantizan plantillas suficientes para atender a los residentes. El Boletín Oficial de la comunidad ha publicado este viernes la modificación de las sanciones que permite a los prestadores de este servicio incumplir los ratios de personal exigidos en los contratos. El Gobierno ha alegado que las empresas llevan desde 2020 "con dificultades" para encontrar gerocultores a los que contratar.
Las residencias riojanas no solo tienen problemas para encontrar profesionales que cuiden a las personas de la tercera edad sino que tampoco encuentran fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales a los que contratar. Pese a que el Gobierno regional reconoce que la falta de personal lleva produciéndose desde hace tres años, afirman que "la situación no se podía prever". "No puede obligarse a los contratistas a cumplir unas exigencias de personal que deviene prácticamente imposible por no existir oferta en el mercado", exponen.
Daria Saiz, secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia de UGT, cuenta en conversación con infoLibre que La Rioja tiene los mismos ratios que hace 25 años, y entonces "ya eran mínimos". Con la nueva modificación que ha sido publicada sin mayor bombo que a través del boletín de la comunidad, se va a provocar, según expone Saiz, que un gerocultor que atiende a 20 usuarios ahora se ocupe de 30. Una carga de trabajo que tacha de "excesiva" y que sostiene que va a repercutir tanto en usuarios como en trabajadores.
El Boletín Oficial de la región y Daria Saiz coinciden en señalar el mismo problema: la estampida de sociosanitarios riojanos a comunidades autónomas vecinas con mejores condiciones laborales. "Compartimos límites con Navarra y País Vasco, así que se van a trabajar allí", expone Saiz. "Hay residencias riojanas que están a cinco kilómetros de otra de Navarra", cuenta. Sin embargo el Gobierno regional relaciona la falta de trabajadores con "un problema de desajuste del mercado laboral, entre la oferta y la demanda".
Saiz sostiene que mantuvieron una reunión con la Administración en noviembre en la que la Consejería de Salud y Políticas Sociales no abordó el asunto. "Aquí toman medidas unilaterales sin contar con nadie. Lo mismo ocurre en Educación. No convocan ni mesas ni contestan", expone. El próximo lunes decidirá, junto al secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, qué acciones van a tomar contra esta medida: "Si tenemos que movilizar a las trabajadoras del sector lo haremos".
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UGT La Rioja ya presentó el pasado diciembre una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque la residencia de mayores Hospital El Santo, localizada en Santo Domingo de la Calzada, no había pagado a su plantilla los atrasos de su salario. Además, el sindicato advirtió que la empresa incumplía reiteradamente el convenio del gremio y no garantizaba la cobertura de bajas por maternidad, excedencias o vacaciones. La delegada de UGT en el centro solicitó entonces una reunión con la empresa, pero no atendieron a su petición ni facilitaron más información.
La Rioja tiene un déficit de 119 plazas residenciales para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El déficit de plazas residenciales sigue aumentando como consecuencia del incremento de personas mayores y las listas de espera para las residencias suman ya 1.150 mayores, superando los niveles prepandemia.
En La Rioja, la tasa de mortalidad en las residencias fue, durante la pandemia, la quinta más alta de España, un 63,2% de los decesos se produjo en el propio centro (129 de los 204 fallecimientos totales con covid o síntomas compatibles). Actualmente, el 87% de los mayores que fallecen en la región lo hacen en una residencia, según datos del Ministerio de Sanidad.
El Gobierno de La Rioja, presidido por Gonzalo Capellán (PP), ha eliminado las multas a las empresas que operan en las residencias de mayores y centros de día que no garantizan plantillas suficientes para atender a los residentes. El Boletín Oficial de la comunidad ha publicado este viernes la modificación de las sanciones que permite a los prestadores de este servicio incumplir los ratios de personal exigidos en los contratos. El Gobierno ha alegado que las empresas llevan desde 2020 "con dificultades" para encontrar gerocultores a los que contratar.