El ‘no’ de Junts a la ley de amnistía ha zarandeado todo. El PSOE y los posconvergentes tienen ahora por delante unas semanas para tratar de llegar a un acuerdo sobre el texto, que condicionará toda la legislatura. Y especialmente puede afectar a los presupuestos generales del Estado, en los que se quería focalizar el Ejecutivo una vez pasada la votación clave de la medida de gracia del pasado martes.
¿Y qué pasa ahora con los presupuestos? Esta es la pregunta que recorre todos los rincones de los circuitos políticos. Hacienda mantiene que sigue trabajando en esa ley y que no se van a parar las gestiones ante la incertidumbre de lo que pase con la amnistía en la Comisión de Justicia (un asunto que debe revolverse en un plazo de entre quince días y un mes).
Las cuentas están ya muy avanzadas. La primera orden que dio la vicepresidente primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, al reeditarse la coalición fue que todos los departamentos enviasen sus planes. Y, además, de manera discreta se fue estableciendo un vínculo con el resto de formaciones que apoyaron la investidura para ir tejiendo los futuros apoyos a las cuentas anuales.
Los grupos presionan a Junts pensando en las cuentas
La propia Montero estuvo presente en las negociaciones de investidura, con la vista puesta en el armazón de esos presupuestos y dando el visto bueno a las medidas que planteaban los grupos que suponían desembolsos de las arcas públicas. Por eso, partidos como el PNV y BNG están presionando públicamente a los de Carles Puigdemont para que den el ‘sí’ a la amnistía y se sienten también a hablar de números. Como reconocen fuentes de estas formaciones, ello se juegan mucho también en ese proyecto al tener que vehicular sus demandas y algunos de los principales reclamos que vendieron para apoyar a Pedro Sánchez.
Fuentes de Hacienda remarcan que ellos quieren sacar “cuanto antes” esa ley de presupuestos, aunque creen que el horizonte temporal pasa más por marzo que por febrero. La idea que imprime Montero es que quiere llegar al Consejo de Ministros con los apoyos muy consolidados de cara a la complicada tramitación parlamentaria, visto lo que ha pasado en otras votaciones como las de los decretos anticrisis. Como mínimo, la titular de Hacienda pretende que las cuentas lleguen al Congreso con el respaldo de todos los grupos de investidura para solventar las posibles enmiendas a la totalidad.
El Ejecutivo se juega casi todo su futuro con esta norma porque en ella quiere incluir medidas estrella como el recién anunciado plan para reforzar las materias de matemáticas y comprensión lectora, que han flojeado en el último informe PISA y que afectará a más de cinco millones de estudiantes. El Ejecutivo sigue insistiendo en público y en privado que se va a llegar a un acuerdo en la Comisión de Justicia sobre la amnistía que garantizará el posterior apoyo de Junts. Pedro Sánchez no negó que se pueda tocar algo del redactado, pero lo defendió de manera cerrada el pasado jueves tras el Consejo Europeo de manera directa, con la idea de que sirve perfectamente para incluir a todos los independentistas “porque no son terroristas”.
La posibilidad de prorrogar los presupuestos
A pesar de la llamada al “acuerdo” del presidente del Gobierno y de la rebaja del tono por parte de Jordi Turull, las dos partes siguen distanciadas todavía y nadie se atreve a confirmar que habrá un pacto al cien por cien. El Ejecutivo, que traslada en privado su firme convicción de seguir hacia adelante, tiene sobre la mesa la posibilidad de prorrogar las cuentas actuales, como sucede en estos momentos (no dio tiempo a aprobar unos nuevos presupuestos por el adelanto electoral).
Esta opción sería viable para que aguantara la coalición, aunque tendría efectos principalmente en que no podría desarrollar algunas de las ampliaciones de política social que ha ido prometiendo durante estas semanas. La acción de Montero para esta legislatura pivota principalmente en el refuerzo del Estado del Bienestar con esas cuentas, el despliegue de los fondos europeos y el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales.
Los presupuestos, desde el nacimiento de la legislatura, han sido un camino plagado de espinas para el Ejecutivo. Otro de los grandes obstáculos es el bloqueo que puede ejercer el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado a los objetivos de estabilidad. La propia vicepresidenta primera explicó que, de tumbarse, se presentará por segunda vez. Si no prosperaran, se aplicarían los objetivos fijados en el programa de estabilidad aprobado en abril del año pasado, que son menos flexibles que los propuestos ahora.
El Gobierno lleva semanas insistiendo al PP en que su rechazo afectará directamente a las comunidades autónomas, donde gobierna en la mayoría, pero Génova 13 sigue sin anunciar qué hará. Los populares, según indicó su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, se abren a facilitar los objetivos si Hacienda da más margen de gasto a las comunidades. En la próxima sesión plenaria de la Cámara Alta se verá este asunto, que pasó su primer filtro en el Congreso con la fijación de un déficit público del 3% para el conjunto de administraciones para este año. En el caso de las autonomías es del 0,1%, mientras que se exige el equilibrio presupuestario (0%) a las corporaciones locales. Para la Seguridad Social se ha impuesto un tope del 0,2%.
En estas semanas el Gobierno quiere mucha cautela, templanza y discreción, como reconocen dentro del Ejecutivo. Nadie se plantea ahora ir a elecciones anticipadas (que no se podrían convocar como mínimo desde el 29 de mayo). “Vamos para adelante”, recalcan en el complejo presidencial sobre su intención de seguir gobernando. Si Junts no apoya más al Ejecutivo, podrían buscar algunas fórmulas como volver a tirar de reales decretos, aunque todas las voces implicadas llaman a un acuerdo durante estos días.
El ‘no’ de Junts a la ley de amnistía ha zarandeado todo. El PSOE y los posconvergentes tienen ahora por delante unas semanas para tratar de llegar a un acuerdo sobre el texto, que condicionará toda la legislatura. Y especialmente puede afectar a los presupuestos generales del Estado, en los que se quería focalizar el Ejecutivo una vez pasada la votación clave de la medida de gracia del pasado martes.