El Gobierno de Madrid emprendió en marzo de este año una maniobra jurídica que, de prosperar, tendría una consecuencia clave para su presidente, Ignacio González: la investigación sobre las circunstancias que rodean la adquisición del lujoso ático de Estepona donde este veranea, investigación que incluye pesquisas en EEUU, saltaría de las manos de la juez del caso hasta las del magistrado de Madrid que desde 2009 indaga si González fue objeto de espionaje. Ese juez es Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 y hermano de Agustín Carretero, hasta hace dos semanas gerente de la Academia de Policía Local de Madrid y hoy director general de Calidad del Ejecutivo que preside Ignacio González.
Los seguimientos a que fue sometido el presidente madrileño, entonces número dos de Esperanza Aguirre, durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008 fueron el detonante de las diligencias abiertas por Carretero al año siguiente. El juez llegó a imputar en 2012 a una periodista de la cadena Ser ya exonerada por informar de cómo un vídeo reflejaba los movimientos de González y sus acompañantes en la ciudad caribeña entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2008.
La maniobra legal para arrebatar el caso del ático a la juez de Estepona y dejarlo en manos de Carretero se sustentaba en una petición de calado. Lo que el Gobierno madrileño solicitó con un escrito que llegó al juzgado el 25 de marzo y lo que el juez Carretero aceptó dos días más tarde fue la apertura, dentro del sumario sobre el espionaje, de una pieza separada sobre la investigación “ilegal” desarrollada sobre González por el excomisario de Policía de Marbella Agapito Hermes hace casi dos años.
Los argumentos del Ejecutivo madrileño en favor de unificar los dos casos se resumían en estas líneas de su escrito: "Don Ignacio González ha sido objeto, no de dos, sino de tres investigaciones ilegales en un lapso temporal de apenas tres años. la existencia de la maquinación delictiva (...) resulta evidente, lo que fuerza a considerar la conexión entre los hechos que acaban de ponerse en conocimiento del órgano judicial y los que ya son objeto de instrucción". Y esos nuevos hechos eran las pesquisas de Agapito Hermes. Fue Hermes quien detectó la existencia del ático de Estepona, cuya titularidad permaneció entre el 12 de mayo de 2008 y el 18 de diciembre de 2012 a nombre de una sociedad estadounidense sin actividad conocida, Coast Investors Llc.
Fuentes jurídicas relacionadas con el caso del espionaje sostienen que el auto de Carretero, que de inmediato fue recurrido por la Fiscalía, se encuentra pendiente de recurso en la Audiencia Provincial. InfoLibre no ha podido verificar ese extremo. Ayer, portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid tampoco accedieron a aclarar qué ocurrió con aquella resolución de Carretero. La fiscal del caso del espionaje, que se opuso tajante a la apertura de la pieza separada, reclamó que la denuncia de la Comunidad sobre lo sucedido con Agapito Hermes se enviara al decanato para su posterior reparto a otro juzgado.
De Agapito Hermes a la comisión rogatoria
Expedientado y degradado, las pesquisas del policía Agapito Hermes fueron oficialmente desechadas. Pero el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo y al que había llegado información sobre el ático de Estepona, llevó el asunto a un juzgado de Estepona, el número 5 de la ciudad malagueña. Es su titular la juez que desde hace un año trata de desbrozar las transacciones realizadas sobre ese inmueble, adquirido en 2008 por una empresa estadounidense (Coast Investors) domiciliada en Delaware, una suerte de paraíso fiscal interno. Su administrador, Rudy Valner, se publicitaba en Internet como testaferro profesional.
La Fiscalía ya pidió en verano a la juez de Estepona que lanzase a EEUU una solicitud de ayuda internacional –comisión rogatoria– para desentrañar las vísceras de Coast Investors y averiguar quiénes son sus propietarios últimos. Y, ayer, la Cadena SER informó de que Anticorrupción ha pedido a la juez que amplíe esa rogatoria para conocer todos los movimientos bancarios de Coast Investors. Si la empresa pagó efectivamente el IBI del ático hasta diciembre de 2012, esos movimientos aparecerán.
El escrito de la Abogacía de la Comunidad no dedica una sola sílaba al ático de 257 metros cuadrados construidos en una exclusiva urbanización de Estepona próxima a Marbella. Pero esa investigación, la que busca averiguar si Coast Investors y su mascarón de proa, Rudy Valner, eran o no los verdaderos propietarios del piso, puede terminar en el juzgado de Carretero. Ocurrirá eso si el juez madrileño triunfa en su empeño de investigar la actuación del policía Agapito Hermes de manera conjunta con los seguimientos a González en Colombia y la elaboración de un dossier de 69 detalladas páginas sobre su patrimonio y diversas adjudicaciones públicas en las que participó. La Comunidad de Madrid entiende que el espionaje en Colombia, la elaboración del dossier y las pesquisas de Agapito Hermes son actividades delictivas conectadas entre sí.
El juez Carretero, que con celeridad dio la razón a la Comunidad de Madrid y ordenó abrir una pieza separada, topó con el rechazo del ministerio público. En su recurso, fechado el 8 de abril, la Fiscalía introdujo un misil que negaba la mayor, es decir, la tesis de que los tres “episodios” de vigilancia ilegal contra González están conectados. “No se ha derivado de los casi tres mil folios de la causa –dice el texto– indicio objetivo alguno, ni siquiera sospecha racional de que [los imputados del caso del espionaje] hubieran podido estar en concierto con funcionario público alguno”. Aunque la fiscal aduce que esos funcionarios públicos serían “indeterminados”, lo que late bajo el litigio entre el juez y la Comunidad por un lado y la fiscal por otra es el nombre de Agapito Hermes.
Así las cosas, la fiscal sostiene que “el único nexo de unión” entre los delitos investigados –el seguimiento en Colombia, el dossier y las indagaciones de Marbella– sería que es Ignacio González “el sujeto perjudicado”. Y el hecho de que una misma persona aparezca como víctima de distintos delitos en absoluto justifica la acumulación de investigaciones.
Para el Gobierno de Madrid y el PP, la investigación de Estepona tiene como pilares un infundio –la sospecha de que el ático siempre fue de González– basado en una presunta ilegalidad –las indagaciones de Agapito Hermes. El presidente madrileño sostiene que nada inusual ocurrió: su esposa alquiló el ático en 2008 a razón de 2.000 euros mensuales y, finalmente, el matrimonio lo adquirió el pasado 18 de diciembre por 770.000 euros. Un día antes de esa última fecha, el 17 de diciembre de 2012, la Fiscalía Anticorrupción había reclamado la información fiscal completa del inmueble.
El Gobierno de Madrid emprendió en marzo de este año una maniobra jurídica que, de prosperar, tendría una consecuencia clave para su presidente, Ignacio González: la investigación sobre las circunstancias que rodean la adquisición del lujoso ático de Estepona donde este veranea, investigación que incluye pesquisas en EEUU, saltaría de las manos de la juez del caso hasta las del magistrado de Madrid que desde 2009 indaga si González fue objeto de espionaje. Ese juez es Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 y hermano de Agustín Carretero, hasta hace dos semanas gerente de la Academia de Policía Local de Madrid y hoy director general de Calidad del Ejecutivo que preside Ignacio González.