Los grandes morosos dejaron en 2020 un agujero de 83 millones en el Ayuntamiento de Madrid

La hacienda madrileña dejó de ingresar el año pasado por culpa de los grandes morosos el equivalente a más de siete veces el plan de ayudas aprobado en pandemia para reactivar la industria local. En 2020, el año en el que el coronavirus golpeó con fuerza la economía de medio mundo, los principales deudores a nivel municipal –aquellos que deben por encima del millón– dejaron un agujero en las arcas municipales de 83,24 millones de euros. Según la información que maneja el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida, durante el pasado ejercicio se contabilizaron alrededor de una veintena de instituciones y compañías con un incumplimiento relevante de sus obligaciones tributarias. La inmensa mayoría fueron constructoras, promotoras o inmobiliarias. Sin embargo, también figuran en la lista negra organismos y administraciones públicas. De hecho, la que tenía una cuenta a pagar más abultada fue la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Ella sola debía a cierre del año el 16,93% del total.

Aunque los datos con trascendencia tributaria tienen carácter reservado, la Ley 58/2003 establece en su artículo 95 bis que la administración tributaria deberá publicar de forma periódica listados de deudores cuando el importe de dichas deudas pendientes de ingreso supere el millón de euros. Eso es lo que acaba de hacer el Ayuntamiento de Madrid. En un decreto firmado esta misma semana por la delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, el consistorio detalla cuáles fueron sus grandes morosos durante el año pasado. En total, a cierre de ejercicio constaban en la lista facilitada por la Agencia Tributaria de Madrid 21 nombres, que acumulaban una cuenta a pagar de 83,24 millones de euros. No obstante, fuentes de Hacienda consultadas por infoLibre recuerdan que esas cifras son a fecha 31 de diciembre y que, a día de hoy, las deudas "pueden estar parcialmente abonadas". Sobre todo, en los casos de administraciones públicas. "Se suelen compensar", apuntan.

Dicho esto, desde Hacienda sostienen que las cantidades debidas superiores a un millón "se redujeron" durante el año pasado un 15% y apuntan que apenas representan el 3,5% de los 2.343 millones de euros de los ingresos tributarios municipales. Además, añaden que el número de deudores es casi idéntico al de 2019 y 2018. Sin embargo, no siempre ha sido así. A cierre de 2016, el primer año completo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, la cifra de empresas e instituciones incluidas en la lista negra de la hacienda municipal ascendía a 35. Y el agujero que entre todas ellas dejaban en las arcas locales durante aquel ejercicio se situaba en los 164,7 millones de euros, el doble que el actual. Los principales morosos entonces fueron instituciones públicas. Destacaron, fundamentalmente, dos: la Comunidad de Madrid y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esa fue, justamente, la tónica registrada el año pasado. La administración y todo lo que la rodea lideró el listado de grandes deudores del Ayuntamiento de Madrid. A la cabeza se situó la Agencia de Vivienda Social dependiente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. A cierre del ejercicio, debía a la hacienda local 14,1 millones de euros. Junto a ella, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con una cuenta a la espera de ser abonada de 12,8 millones de euros. No fueron, ni mucho menos, las únicas. La Administración General del Estado debía 7,74 millones de euros. Y la Comunidad de Madrid, 4,57 millones. A preguntas de este diario, fuentes de Hacienda explican que se trata de deudas contraídas "por impagos en impuestos y tasas municipales como el IBI, la tasa por depósito de vehículos y la de residuos depositados en vertederos municipales". De hecho, esas mismas fuentes circunscriben esta última al caso del consistorio del municipio ubicado al este de la capital.

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Las deudas de la administración, por sí solas, equivalen a prácticamente la mitad –47%– del agujero en las arcas locales. El resto es dinero que deben otras 17 empresas. La inmensa mayoría de ellas son inmobiliarias o constructoras. Destaca el caso de Comercial Mirasierra, una sociedad impulsada por los Banús, la mítica familia del mundo de la construcción que dio sus primeros pasos en el Valle de los Caídos y que luego saltó a la fama por el desarrollo de Puerto Banús y la colonia de chalés de lujo Mirasierra. En total, debía 10,7 millones de euros. Relacionada con esta misma saga se encuentra también, en la lista negra del consistorio, Inmobiliaria Juban SA de Construcciones. En este caso, la cuenta a pagar asciende a 1,29 millones de euros. No es la primera vez que ambas firmas aparecen en la relación de morosos. Ya figuraron, por ejemplo, en 2016. Por aquel entonces, la primera debía mucho menos –1,39 millones–, mientras que la segunda algo más –1,8 millones–.

Muy por encima del millón de euros se sitúan en la lista media decena de empresas. De ellas, destaca Frias de Nerja (5,7 millones), que se mueve en el sector inmobiliario. Le sigue, con una deuda de 4,16 millones, Jesús Salazar e Hijos, la firma que en su día impulsó la familia que se hizo con el imperio del arroz SOS. Con 3,55 y 3,45 millones de euros se situaron la inmobiliaria Portocarrio, que ya apareció en su día en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, y Gran Hotel Velazquez SA, respectivamente. Y con 2,44 millones Palumi SA, dedicada también al sector inmobiliario.

La decena de sociedades restantes cerraron 2020 con una deuda tributaria municipal en el entorno del millón. En esta lista figuran sociedades como Lamazal SA, una firma fundada en los noventa por el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y que se encuentra inactiva, según informó el pasado mes de marzo El Confidencial. O constructoras como Saneco Sociedad de Negocio y Construcción o Construcciones Torrego Hermanos Conther.Y una ristra de firmas ligadas, de nuevo, al sector inmobiliario: Desarrollos Inmobiliarios Capitel, Desarrollo Inmobiliario Inversa, Inmobiliaria Nueva Avenida de La Paz, Lumaproinmuebles, Urbicur Promotora, Alisal 12 o Julcam 19. Algunas de ellas no es la primera vez que figuran en la lista negra. Las dos últimas, por ejemplo, ya estuvieron en la de 2016, con una deuda de 1,1 y 1,6 millones de euros, respectivamente.