Un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el recién estrenado Gobierno socialista anunció, en materia de infraestructuras, su intención de no renovar la concesión de cientos de kilómetros de autopistas y de retirar los peajes con los que habían funcionado durante años. “Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje”, aseveró el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante una entrevista concedida al diario El País, en la que además explicó que tenía previsto auditar los costes y plazos de la relicitación de las otras vías de pago quebradas y rescatadas por el Estado en 2017, que había previsto el anterior Gobierno y con la que pretendía sufragar una parte de la compensación que se tendrá que pagar a las empresas concesionarias.
Junto con el pulso que mantuvo el pasado verano con el sector del taxi, el futuro de los más de 2.500 kilómetros de peaje que existen en la actualidad en España ha sido una de las principales líneas de trabajo de la cartera que dirige Ábalos. Por el momento, sólo se han levantado las barreras de pago completamente en el tramo de autopista que conecta Burgos con Armiñón (Álava), que será el único gratuito en un 2019 en el que se prevé que el precio medio del peaje en la red estatal escale un 1,67%. Este movimiento, muy criticado por la patronal de las concesionarias, podría repetirse en otros dos trechos de autopista cuya concesión termina a finales del año que viene. El Gobierno, además, está buscando fórmulas para revitalizar las vías rescatadas. En este sentido, ha acordado rebajar un 30% el peaje de estas autopistas para el próximo año, así como establecer su gratuidad entre la medianoche y las seis de la mañana.
Fuera barreras en la AP-1
Tras el anuncio de Ábalos, el único tramo donde se han eliminado los peajes ha sido el de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), cuya concesión estuvo hasta el pasado 30 de noviembre en manos de la empresa Itínere, participada por compañías como la constructora Sacyr o los bancos Abanca y Kutxabank. Desde el pasado 1 de diciembre, los conductores pueden recorrer estos 84 kilómetros sin tener que abonar un solo céntimo, lo que ha permitido, por ejemplo, que un alavés que viaje hasta Madrid pague 12,25 euros menos por el trayecto. En 2017, este tramo fue utilizado por 19.948 vehículos diarios, de los que 3.455 eran pesados, según los datos del Ministerio de Fomento.
La renacionalización no será, por supuesto, gratuita. Al terminar y no renovarse la concesión otorgada a las empresas adjudicatarias, las carreteras pasan a ser automáticamente del Estado. Pero eso implica también hacerse cargo del coste de su gestión, que según calculó Ábalos podría ascender a un rango “de 50.000 a 68.000 euros por kilómetro cada año”. Es decir, tomando como referencia la horquilla ofrecida por el ministro de Fomento el Estado tendrá que desembolsar anualmente por el tramo entre Burgos y Armiñón entre 4,2 y 5,7 millones de euros.
Noches gratis y rebaja del 30% en las autopistas rescatadas
Las autopistas de peaje quebradas cuya gestión fue asumida el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) es otro de los asuntos que tiene sobre la mesa el Ministerio de Fomento. La cartera que dirige José Luis Ábalos quiere, de una vez por todas, revitalizar estas vías de pago rescatadas, cuyo tráfico se ha reducido entre los meses de enero y octubre un 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Con el objetivo de “incentivar el tráfico de una estructura poco utilizada”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a mediados de diciembre que el uso de estas autopistas sea gratuito entre la medianoche y las seis de la mañana. Para el resto de horarios, acordó una rebaja media del 30% sobre las tarifas actuales.
Esta bajada de precios, que será de aplicación desde el próximo 15 de enero, empezará afectando a ocho carreteras de pago: las cuatro radiales de Madrid –R-2, R-3, R-4 y R-5–, la M-12, la AP-7 (circunvalación de Alicante), la AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) y la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete). Por otra parte, está previsto que el próximo mes de enero la SEITT asuma la gestión de la autopista Madrid-Toledo (AP-41), por lo que en cuanto eso ocurra la rebaja del peaje también será aplicada en esta vía.
Otros dos tramos pendientes para 2019
El Gobierno tendrá que decidir el próximo año si continúa con su estrategia de renacionalizar autopistas. El 31 de diciembre de 2019 acaban las concesiones de dos tramos de la AP-4 y la AP-7, ambos en manos de Aumar, filial de Abertis: los 93,8 kilómetros que unen Sevilla y Cádiz y los 373,8 kilómetros que conectan Alicante con Tarragona, respectivamente. El primero fue utilizado en 2017 –último año del que se tienen cifras oficiales completas– por 21.790 vehículos cada día, de los que 1.327 eran pesados, mientras que por el segundo circularon diariamente 38.268 conductores. Hasta la fecha, Ábalos se mantiene firme en su promesa de no prorrogar ninguna de las concesiones que vencen durante la actual legislatura.
En una situación bien diferente se encuentran dos tramos de la AP-7 (Zaragoza-Mediterráneo y Montmeló-El Papiol) y otro de la AP-2 (Tarragona-La Junquera). En estos tres casos, las concesiones, que están en manos de Acesa –filial de Abertis–, finalizan el 31 de agosto de 2021, es decir, en la próxima legislatura.
Las constructoras plantean subir los peajes en todas las autovías para "garantizar su mantenimiento"
Volverán a subir las tarifas en 2019
El precio medio del peaje en las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, una red de más de 2.500 kilómetros de longitud, subirá a partir del próximo mes de enero un 1,67%, según señalaron a Europa Press fuentes del sector. Este incremento para 2019, que contrasta con la bajada de precios aprobada para las vías rescatadas, será algo más moderado que el que se aplicó a comienzos de 2018 (1,91%), si bien supone encadenar dos años de aumentos tras los descensos registrados en los ejercicios de 2016 y 2017.
La actualización del precio medio del peaje surge de la aplicación de la revisión automática anual pactada con el sector. “Dicho procedimiento consiste en aplicar un coeficiente de variación a las tarifas de peaje de las autopistas igual a la variación de la media de los índices de los precios de consumo correspondiente a los doce meses anteriores (noviembre 2014 a octubre 2015) respecto a la media de los doce meses precedentes (noviembre 2013 a octubre 2014), corregido para cada autopista en función de la variación del tráfico”, explica Fomento.
Un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el recién estrenado Gobierno socialista anunció, en materia de infraestructuras, su intención de no renovar la concesión de cientos de kilómetros de autopistas y de retirar los peajes con los que habían funcionado durante años. “Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje”, aseveró el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante una entrevista concedida al diario El País, en la que además explicó que tenía previsto auditar los costes y plazos de la relicitación de las otras vías de pago quebradas y rescatadas por el Estado en 2017, que había previsto el anterior Gobierno y con la que pretendía sufragar una parte de la compensación que se tendrá que pagar a las empresas concesionarias.