Mientras en el juicio de la conocida como parte política del caso de los ERE el que fuera presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009, Manuel Chaves, se expone únicamente a 10 años de inhabilitación —condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política—, su sucesor en el cargo entre 2009 y 2013, José Antonio Griñán, se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. ¿Por qué tanta diferencia? En el caso de Griñán, la Fiscalía añade al delito de prevaricación otro más grave de malversación. Griñán, presidente de 2009 a 2013, cuando cedió el testigo a Susana Díaz, está acusado de permitir el lucro de terceros. Y se le atribuye una superior responsabilidad no por su etapa de presidente, sino de consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. La abismal diferencia entre la gravedad de la imputación a Chaves y a Griñán resulta más llamativa por cuanto políticamente fue el primero de ambos el que impulsó el conocido como "procedimiento específico" para el pago de ayudas sociolaborales que es objeto de juicio.
Griñán, que tuvo que dimitir como presidente de la Junta y luego como senador y finalmente darse de baja como militante del PSOE, partido que llegó a presidir, tuvo al fin este miércoles su turno de declaración ante el tribunal. Nunca un acusado en un juicio en Andalucía había alcanzado mayores responsabilidades: consejero, presidente de la Junta, ministro, parlamentario, senador... Casi todo lo que se puede ser en política. El expresidente, al que acompaña la fama de hombre dado a lo imprevisible, estuvo esta vez contenido durante toda su declaración. A sus 71 años, compareció sin dar muestras de excesivo nerviosismo. Rechazó de plano la línea de instrucción de la jueza Alaya y el relato de la Fiscalía según los cuales la Consejería de Hacienda era una especie de factótum de la Administración pública, con un control milimétrico de las actividades del resto de departamentos. "La Consejería de Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre ninguna consejería", afirmó Griñán. Su mensaje más insistente fue ése: como consejero de Hacienda él no tenía ni manera ni obligación de saber cómo se estaban gastando los fondos dedicados a ayudas sociolaborales, unos 800 millones entre 2000 y 2011.
La Fiscalía cree que el procedimiento de reparto de los fondos era deliberadamente opaco y estaba diseñado para saltarse los controles de la propia Junta y de la UE, lo que permitió que se produjeran usos fraudulentos de dichos fondos, como sobrecomisiones a intermediadores y pagos a intrusos, y que fueran favorecidos empresas, instituciones y particulares afines al poder. No obstante, el fiscal Manuel Fernández Guerra no preguntó a Griñán acerca de los posibles beneficiarios del dinero defraudado. Su interrogatorio se movió casi siempre en ámbito de las sinuosidades del derecho presupuestario y las interioridades de la función pública. La defensa de Griñán ha sostenido a lo largo de la instrucción que es inverosímil que el expresidente, siendo consejero de Economía o presidente, permitiera a sabiendas un uso irregular de fondos públicos para beneficio de unos políticos, sindicalistas, empresarios e intermediarios que no conocía personalmente y con los que no tenía compromiso de ningún tipo.
Griñán, que sólo respondió a su defensa, a la Fiscalía y al presidente del tribunal, no al PP ni a Manos Limpias, negó reiterada y tajantamente haber tenido el menor conocimiento de un posible fraude, y fue sobre todo claro al negar haber conocido la malversación. Ningún informe de la Intervención General puso de relieve la existencia de nada punible, reiteró Griñán, que asegura que no sólo no cometió, sino que no fue consciente de la comisión de ningún delito. Pese a que los informes del que fuera interventor general Manuel Gómez han sido esgrimidos frecuentemente para incriminar a Griñán por omisión, el presidente subrayó que de los mismos se podía entender que el sistema de reparto de los fondos era mejorable, pero nunca delictivo. Ya lo había expresado con otras palabras en 2012 durante la comisión de investigación parlamentaria: por la intervención pudo saber que había "humo" –un sistema poco garantista– pero no "fuego" –fraude–. Y añadió Griñán este miércoles, para sorpresa de la sala: "Don Manolo Gómez es una persona muy rigurosa". Fue sorprendente porque los dos personajes, Griñán y Gómez, han tenido sus tiranteces a lo largo del último lustro.
A pesar de que se expone a 6 años por malversación, Griñán no tuvo que responder —porque el fiscal no lo preguntó— sobre el destino del dinero, sus beneficiarios, sus posibles conexiones con ellos. El fiscal sólo se interesó expresamente por si Griñán conocía la ayuda al restaurante Río Grande. El expresidente hizo extensiva su respuesta negativa a todas las ayudas: "No conozco a qué empresas se dieron las ayudas porque forman parte de la gestión de un crédito presupuestario que la Consejería de Hacienda no tiene por qué conocer". El delito, diría más adelante Griñán, nunca está en el crédito presupuestario aprobado. De existir el delito, según el expresidente, correspondería a quien ejecuta el crédito. Se lo dijo, tras responder al fiscal y a su abogado, al presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, que al igual que el martes con el exconsejero Antonio Fernández tomó la palabra para hacer unas últimas preguntas. "Quien conocía los destinatarios [de las ayudas] sería aquel que ejecutaba. Cómo se gestiona el gasto no lo conoce ningún consejero ni el presidente", afirmó, negando así la versión ofrecida en fase de instrucción por el exconsejero Antonio Fernández.
Sin verbalizarlo explícitamente, Griñán situó la responsabilidad del posible fraude en la Consejería de Empleo que dirigieron Antonio Fernández y José Antonio Viera, ambos consejeros durante la época como director general de Trabajo de Javier Guerrero, el hombre de la caja. Ante la pregunta del fiscal sobre su valoración de que se pudieran haber entregado ayudas sin procedimiento, Griñán dijo: "Lo considero como algo no sólo discutible, sino censurable. Eso es lo que estamos sustanciando [en este juicio]". Eso sí, situó a su departamento, Economía y Hacienda, al margen del detalle del funcionamiento de la partida 31L, conocida como "fondo de reptiles" a raíz de una declaración policial del que fuera director general de Trabajo, Javier Guerrero.
"No conocía la partida 31L hasta que surgió esta causa. No se puede llegar a ese detalle al menos a nivel de consejero. Lo que conocía era lo que importaba al presupuesto: volumen de gasto corriente y de inversión", dijo. Negó haber tenido noticia del pago de sobrecomisiones a intermediadores, alegando que eso es algo alejado de un consejero de Hacienda, que no está en el detalle de la ejecución presupuestaria. Y quiso trazar una raya que lo alejara de posibles delitos: la que separa presupuestar un gasto —Hacienda— de hacer un mal uso del dinero presupuestado —la consejería competente—. "Hay que discernir entre el crédito presupuestario y la ejecución de gasto. El crédito no determina nunca el gasto. El crédito no delinque nunca".
El expresidente, pese a no haber sido preguntado al respecto, afirmó por iniciativa propia que se ratificaba en su declaración ante el Tribunal Supremo de 2015, donde focalizaba la responsabilidad del supuesto fraude en la Consejería de Empleo. Su ratificación desplaza la atención a Guerrero y los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Griñán llegó a calificar ante el Supremo de "barbaridad" el fraude y afirmó que fue la causa de su dimisión. Al término de aquella declaración ante el Supremo, admitió que hubo "un gran fraude", aunque se declaró ajeno al mismo y señaló que en cualquier caso no hubo "un gran plan", como sostiene la instrucción de Alaya. Dicha instrucción también lo hace responsable de aprobar, como presidente de la Junta de Andalucía, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L en el periodo de 2009 a 2011. Griñán, con esa acusación como con el resto, sostiene que a su despacho no llegó ni un solo papel que lo alertara de fraude de ningún tipo. Si ese fraude existió, según la versión de Griñán, no traspasó los muros de la Consejería de Empleo.
La Fiscalía vincula el 'caso ERE' a las prisas por dar ayudas
Es interesante evaluar el punto exacto de las posibles responsabilidades de Griñán en el que se detuvo el presidente del tribunal. Su pregunta fue: ¿Qué datos aparecen en la ficha presupuestaria de una partida? Además de la cuantía, ¿aparece el destinatario? Era su manera de preguntar si el expresidente conocía en manos de quién acababa el dinero. Griñán le respondió que sólo aparece la cuantía y el concepto, pero jamás el receptor. Calle, que el martes repreguntó a Antonio Fernández hasta el KO técnico, se dio rápidamente por respondido y levantó la sesión. Se reanudará el lunes, ya metidos en la Feria de Sevilla, con Chaves.
La declaración del expresidente Griñán supone un nuevo golpe para el exconsejero Antonio Fernández, el único miembro de los gobiernos de Chaves que ha pasado por prisión preventiva. Ha sido una mala semana para Fernández: por cómo Griñán ha puesto el foco en su departamento y, sobre todo, por su propia declaración. Tras ocho sesiones en las que supo manejarse sin sobresaltos respondiendo al fiscal, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, tomó la palabra a última hora de la mañana del martes para cerrar el interrogatorio. El juez trató de poner de relieve las contradicciones de sus afirmaciones en la sala con aspectos determinantes de su declaración ante Alaya. Contra las cuerdas, Fernández se descompuso. Dudó, se mostró confuso e inconsistente. Su abogado pidió poder hablar con su cliente en privado, pero Calle se lo negó con brusquedad. Finalmente Fernández rogó que se pusiera fin a la sesión por sus problemas de garganta. Este miércoles, antes de Griñán, le tocaba a Fernández, pero se acogió a su derecho a no declarar. Dijo estar "tenso, aturdido y temeroso". Dejó libre la silla para Griñán, que aguantaría un largo maratón de preguntas y respuestas.
Al término de la sesión Chaves y Griñán salieron juntos y charlando del edificio de la Audiencia de Sevilla.
Mientras en el juicio de la conocida como parte política del caso de los ERE el que fuera presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009, Manuel Chaves, se expone únicamente a 10 años de inhabilitación —condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política—, su sucesor en el cargo entre 2009 y 2013, José Antonio Griñán, se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. ¿Por qué tanta diferencia? En el caso de Griñán, la Fiscalía añade al delito de prevaricación otro más grave de malversación. Griñán, presidente de 2009 a 2013, cuando cedió el testigo a Susana Díaz, está acusado de permitir el lucro de terceros. Y se le atribuye una superior responsabilidad no por su etapa de presidente, sino de consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. La abismal diferencia entre la gravedad de la imputación a Chaves y a Griñán resulta más llamativa por cuanto políticamente fue el primero de ambos el que impulsó el conocido como "procedimiento específico" para el pago de ayudas sociolaborales que es objeto de juicio.