La Guardia Civil ha encontrado descuadres en los datos aportados por la Interventora General de la Generalitat relacionados con el coste de los observadores internacionales durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por lo que ha solicitado al magistrado que investiga la preparación de esta consulta soberanista, Antonio Ramírez Sunyer, que haga un mandamiento judicial para que se aporte documentación sobre tres partidas de gasto que suman 306.361,21 euros. En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el Instituto Armado explica que se ha observado que desde el Diplocat se han podido gastar más de 300.000 euros, repercutiendo a una partida presupuestaria de la Generalitat.
Un total que se alcanza si se suman tres actividades reflejadas en la contabilidad del organismo relacionados con el análisis del contexto político de Cataluña, en la que participó la experta en procesos electorales Helena Catt, al que se dedicaron 206.371,49 euros; talleres de expertos europeos, que costaron 34.763,43 euros; y programas de visitantes internacionales por el valor de 65.226,29 euros. El magistrado Ramírez Sunyer ha ordenado a la Interventora que informe sobre las tres actividades cuestionadas e incluso que informe sobre "si existen otros importes de Diplocat repercutidos a otras partidas presupuestarias".
Si bien al comparar la documentación aportada por la Secretaría de Estado de Hacienda y la de la Interventora catalana sobre el Diplocat, la Guardia Civil encuentra una "diferencia" de al menos 5.733,34 euros, que "no se puede determinar de dónde resulta", sobre los importes abonados al grupo de expertos internacionales.
Los investigadores siguen sospechando que la Generalitat de Cataluña hizo uso de dinero público para preparar el 1-O, aunque ya cifraron una presunta malversación de 3,2 millones de euros y, por ello, los agentes han solicitado al juez instructor que haga un mandamiento judicial dirigido a la interventora para que ésta aporte documentación que justifique el gasto de 306.361,21 euros.
Tres grupos de observadores
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Por otro lado, la Guardia Civil han identificado tres grupos que actuaron como observadores y/o miembros de una delegación parlamentaria internacional, en el referéndum del 1-O. En su informe explica que, aunque "ha existido un hermetismo" por parte de la Generalitat "sobre la identidad y la forma de actuación" de estas personas que iban a supervisar la votación, tras el estudio de una documentación del Diplocat se han podido establecer tres equipos.
El primero de ellos es el grupo de The Hague Centre for Strategic Studies, capitaneado por Daan Everts, y contratado por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea. "Se desconoce la identidad y el número de integrantes, salvo el del jefe de esa misión", afirman los investigadores.
El segundo grupo es el Helena Catt, que lideraba el conjunto de 13 personas; mientras que el tercero es una delegación parlamentaria de 33 personas presidida por Dimitrij Rupel. Ambos fueron pagados por el Diplocat, señala la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha encontrado descuadres en los datos aportados por la Interventora General de la Generalitat relacionados con el coste de los observadores internacionales durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por lo que ha solicitado al magistrado que investiga la preparación de esta consulta soberanista, Antonio Ramírez Sunyer, que haga un mandamiento judicial para que se aporte documentación sobre tres partidas de gasto que suman 306.361,21 euros. En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el Instituto Armado explica que se ha observado que desde el Diplocat se han podido gastar más de 300.000 euros, repercutiendo a una partida presupuestaria de la Generalitat.