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El retrato que ya se conocía sobre cómo afines a la ultraderecha participaron a diario y durante más de dos meses en concentraciones junto a la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se vio este viernes ennegrecido con la declaración judicial de dos miembros de la Guardia Civil. Ambos, uno de ellos el capitán jefe de la compañía de San Lorenzo de El Escorial y el otro un agente, fueron testigos directos de lo que allí sucedía.
Y ante el juez que investiga a uno de los instigadores más pertinaces de los escraches, Miguel Frontera, han aportado datos que trazan un relato de insultos y gritos donde los "¡Viva España!" se conjugaban con avisos de que el acoso no cesaría hasta que el líder de Podemos, Irene Montero y sus hijos se marcharan de Galapagar: a Venezuela. Ese era el lema.
Objeto de una querella por parte de la pareja, Frontera llegó a grabar imágenes no del muro que rodea el chalé y el jardín familiar sino del interior de la vivienda. Hoy por hoy y como muestran los vídeos que de forma habitual sube a Youtube, sigue merodeando por la zona. Ya con menos frecuencia, aseguraron los agentes en su declaración, pero allí continúa yendo: pertrechado de banderas con o sin mástil y gritando consignas.
El 12 de julio, narró el capitán del Instituto Armado, Frontera fue detenido. ¿Por qué? Porque los agentes vieron que se paseaba por la concentración exhibiendo un móvil ante los participantes como quien muestra un vídeo. Y, en efecto, lo era. Cuando acudieron a identificarlo le preguntaron si había grabado "en el interior del domicilio". Y Frontera –así lo declaró el testigo– les dijo que sí. Los agentes le pidieron que les mostrase las imágenes. Y lo que vieron no dejaba dudas sobre la intromisión. "Se veía –explicó el capitán, según fuentes conocedoras del caso– el interior del domicilio del vicepresidente y se le podía ver a este con camiseta negra saliendo del interior de la casa a un jardín privado".
Aquello fue el detonante de su arresto porque –prosiguió el capitán– "podría incurrir en un delito contra la intimidad". Los agentes incautaron el móvil, detuvieron a Frontera y observaron esto: que "la gente comienza a gritar e intenta llegar al querellado y querían cortar el paso de los vehículos para que no se lo llevaran". "La crispación de estas personas –declaró el mando ante el juez– es alta desde el inicio de la concentración, con estos hechos sube y para el personal de la Guardia Civil no es fácil".
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Sobre este individuo el capitán de la Guardia Civil extrajo la siguiente conclusión: “Tenía un papel protagonista en las reuniones”. De hecho, "siempre llevaba altavoces, jaleaba al personal y era una de las personas que más gritaba". Eso, puntualizó el testigo, no implica que fuera el organizador, pero sí que "llevaba una voz predominante".
El capitán detalló en su declaración que había coincidido en varias ocasiones con el querellado. No podía decir cuántas, pero "al menos en treinta”. Y que hasta junio o julio "iba diariamente a la casa del vicepresidente, que luego iba menos y ahora tampoco va con tanta frecuencia”. Con un cartel donde aparecía escrito el texto "hijo de terrorista", Frontera “intentaba pasar el cordón policial, por lo que en más de una ocasión se le ha denunciado” . Y "en algún momento ha intentado pasarlo y ante la negativa ha intentado jalear a la gente para que lo pasaran todos”.
Contra Frontera, el vicepresidente y la ministra de Igualdad acabaron formulando una querella por coacción, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente. El caso está en manos de un juzgado de Collado Villalba, cabeza del partido judicial al que pertenece Galapagar.
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